Enrique Santiago, portavoz de Unidas Podemos, aprecia indicios de delito en la comparecencia del facultativo jubilado Miguel Ángel Bayo, colaborador del jefe de la brigada política, Eugenio Pino.
Miguel Ángel Bayo, más conocido como «el cajero de la Kitchen», es un facultativo de la Policía que antes de funcionario fue agente. Reconoció ante la comisión del Congreso por el caso Kitchen que era el «hombre de los maletines» en el Cuerpo y actuaba como mano derecha en diferentes cuestiones para el jefe de la brigada política, Eugenio Pino.
Bayo hizo de «transportista» del dinero que salía del Ministerio del Interior hacia la Policía para sufragar las operaciones secretas, pero no se limitaba a llevar y traer papeles, no era un simple títere: los leía y se pronunciaba sobre ellos, también sobre las notas informativas que elaboraba el comisario José Manuel Villarejo.
Para que confesase su verdadera función pasaron cuatro horas de preguntas que Bayo había esquivado porque, según él, no hablaba de nada porque todo era material reservado. Sobrevivió a las preguntas del PSOE o de Vox, pero no a las del portavoz de Unidas Podemos, Enrique Santiago, que le chantó que la excusa del material reservado era una mentira.
Santiago y las mentiras de Bayo
Santiago invocó ante Bayo el artículo 502.3 del Código Penal: «El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.. Con este artículo pidió que se informase a la presidenta de la Cámara que apreciaba «claramente indicios de criminalidad» en «el cajero de la Kitchen».
«El cajero de la Kitchen vino ayer a intentar engañar al Congreso. Hemos pedido que se le denuncie ante la Fiscalía por mentir de forma reiterada en la Comisión. Seguimos trabajando para acabar con la impunidad y que haya verdad, justicia y reparación», anunció Santiago en su cuenta de Twitter.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…
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