Blindar el derecho a decidir: la reforma que el PP teme 

El Gobierno avanza para inscribir el aborto en la Constitución. Lo que para muchas mujeres es una cuestión de salud pública, para la derecha sigue siendo un campo de batalla ideológico.

UNA REFORMA QUE NO BUSCA EL CONFLICTO, SINO LA DIGNIDAD

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ultima una reforma constitucional histórica: incluir el derecho al aborto dentro del artículo 43 de la Carta Magna, el que garantiza la protección de la salud. No se tocarán los derechos fundamentales ni la estructura del Estado, por lo que el procedimiento será ordinario, sin necesidad de disolver las Cortes ni convocar referéndum. Aun así, necesita una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado, lo que convierte al Partido Popular en juez y parte de un debate que atraviesa décadas de hipocresía conservadora.

La idea es sencilla: que el derecho a decidir no dependa del color del Gobierno. El aborto fue despenalizado en 1985 y ampliado en 2010, pero cada avance se ha topado con la misma muralla: la derecha y la extrema derecha, que lo conciben como una “prestación sanitaria” y no como un derecho. Alberto Núñez Feijóo lo dijo sin rubor: “No es un derecho fundamental”. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional lo avaló en 2023, desarmando la ofensiva judicial del PP.

El texto de Moncloa, aún en discusión, se inspira en la vía francesa, que inscribió el aborto en su Constitución en 2024 como respuesta al retroceso global impulsado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En España, Sumar propuso lo mismo hace más de un año: añadir al artículo 43 un apartado que reconozca “la interrupción voluntaria del embarazo libre, informada, plena y universal”. El PSOE lo rechazó entonces, alegando que “no se daban las condiciones”. Hoy, tras el giro reaccionario de la derecha, las condiciones han llegado de golpe.

AYUSO, ENTRE LA COERCIÓN Y EL CINISMO

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha convertido el cuerpo de las mujeres en un frente político más. Se niega a crear el registro de objetores de conciencia que la ley obliga a implantar desde 2023, aunque votó a favor de su creación en el Consejo Interterritorial de Salud. Su estrategia es la del enfrentamiento: “No voy a hacer una lista de médicos. Nunca”, declaró en la Asamblea de Madrid. No dijo, sin embargo, que solo el 1% de los abortos en su comunidad se practican en la sanidad pública. El resto, externalizados a clínicas concertadas, como si la salud sexual y reproductiva fuera un negocio privado.

El Gobierno central ha advertido que usará todos los mecanismos legales para obligar a la Comunidad de Madrid a cumplir la ley, incluso acudir al Tribunal Constitucional. La ministra de Igualdad recordó que “el derecho a la objeción no puede estar por encima del derecho de las mujeres a recibir atención”. Mientras tanto, Vox y los sectores ultracatólicos reactivan su cruzada cultural, amparados por alcaldes como José Luis Martínez-Almeida, que apoyó una moción de Vox para informar a las mujeres sobre el supuesto “síndrome posaborto”, un mito desmentido por toda la comunidad científica.

Cada vez que la derecha gobierna, el derecho se convierte en concesión. El aborto deja de ser un servicio público para volver a ser un privilegio: quien tiene dinero viaja, quien no lo tiene se resigna. Esa desigualdad estructural es la que Moncloa pretende frenar blindando la ley desde la raíz constitucional.

LA SALUD COMO DERECHO, NO COMO PREMIO

Modificar el artículo 43 de la Constitución no es un gesto simbólico. Es un intento de desplazar el debate del moralismo a la salud pública. El aborto no es una cuestión religiosa ni ética: es un procedimiento médico que forma parte de la atención sanitaria. Blindarlo constitucionalmente significa protegerlo de los vaivenes políticos y de los chantajes ideológicos.

La reforma, aunque compleja, es una línea de defensa frente a un contexto internacional donde los derechos reproductivos retroceden. En Estados Unidos, tras la anulación de Roe vs. Wade, 21 estados han restringido o prohibido el aborto. En Polonia, se ha criminalizado casi por completo. Y en España, se intenta boicotear desde los despachos autonómicos y los púlpitos mediáticos.

La cuestión de fondo no es jurídica: es cultural. Las mujeres y las personas gestantes siguen teniendo que justificar su autonomía. Siguen escuchando que la maternidad es destino, no elección. Que su cuerpo es terreno de disputa pública. Que decidir no es un derecho, sino una ofensa.

El Gobierno pretende inscribir en la Constitución lo que ya está inscrito en la conciencia social: que el aborto no es un tabú, ni un delito, ni un privilegio, sino una cuestión de salud, dignidad y libertad.

El PP podrá bloquear la reforma, pero no podrá borrar la evidencia. Cuando los derechos no se blindan, se retroceden. Y cuando retroceden, los cuerpos son los primeros en pagarlo.