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La presidenta de Madrid pasa de la indignación performativa a la protección del poder propio mientras una exconcejal queda sola
Isabel Díaz Ayuso ha construido durante años un discurso moral selectivo. Cuando el señalado está fuera del PP, la consigna es creer a las mujeres; cuando el señalado es del PP, la consigna es proteger al partido. El caso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha dejado al descubierto esa lógica con fechas, correos y documentos. Y con una decisión política: ignorar a la víctima.
No han pasado ni dos meses desde el 11 de diciembre de 2025, cuando Ayuso interpeló a la oposición con una pregunta retórica convertida en arma: “¿Cómo puede ser usted tan dócil como mujer ante episodios de acoso sexual?”. El 6 de febrero de 2026, en la Asamblea de Madrid, la escena fue la contraria. La denuncia ya no apuntaba a un adversario, sino a un alcalde del PP, y la presidenta optó por desautorizarla como “caso fabricado”.
AYUSO, DEL MORALISMO A LA COARTADA
La denunciante no es una militante ocasional ni una adversaria política. Es una exconcejal del PP, con afiliación desde 2010, que relata acoso sexual y laboral durante la campaña de 2023 y a lo largo de 2024, con un patrón clásico: proposiciones no deseadas, negativa explícita, y después aislamiento, humillaciones y retirada de competencias. El recorrido institucional está documentado: nueve correos electrónicos a la presidenta, dos reuniones con la cúpula regional, seis escritos a Génova y un informe de 20 páginas remitido al Comité de Derechos y Garantías del PP nacional.
La respuesta fue el silencio. Ayuso no la recibió. Sí recibió, en cambio, al alcalde denunciado cinco días después del primer correo de la concejala, el 26 de febrero de 2024, en una cita presentada como “colaboración institucional”. A la víctima se la derivó; al poder se le abrió la puerta.
Las frases que quedaron registradas durante las reuniones con la dirección madrileña dibujan el marco real del amparo ofrecido: “El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia”, “esto te va a hundir”, “habla con tu familia”. Lenguaje de contención, no de protección. Lenguaje de partido, no de derechos.
Cuando el caso se hizo público, Ayuso recurrió a la coartada que ya había usado antes: la conspiración. Lo hizo tras conocerse que su pareja había defraudado 350.000 euros y lo hizo ahora, afirmando que se trata de una operación contra el PP. La misma narrativa para hechos distintos. El objetivo no cambia: desplazar el foco del daño hacia una supuesta agresión política.
EL PP Y LA DOCTRINA VARIABLE DEL ACOSO
El Partido Popular fijó doctrina en octubre de 2024. Cuando el señalado fue Íñigo Errejón, Alberto Núñez Feijóo proclamó solemnemente el 28 de octubre su apoyo a “las mujeres víctimas de acoso y agresiones sexuales”. No había más pruebas que el testimonio, y aun así se exigieron responsabilidades políticas inmediatas. Con el exasesor de La Moncloa, Paco Salazar, el tono fue idéntico: palabra de las denunciantes y condena pública, sin denuncia judicial previa.
En Móstoles, la doctrina muta. Feijóo introduce un requisito nuevo: el “deber” de acudir a la justicia. Ayuso invoca la presunción de inocencia para sí misma, no para la víctima. Y el PP de Madrid sostiene una contradicción explícita: dice que no hubo acoso y, al mismo tiempo, que se investigó un acoso que no existía.
Los hechos desmontan el relato. El expediente se archivó sin citar a la denunciante ni a los testigos. La investigación se suspendió alegando un procedimiento judicial que no versaba sobre el acoso, y no se reanudó de forma efectiva. No hubo entrevistas presenciales, ni contraste de pruebas clave, ni activación del protocolo interno. Todo ello pese a que los Estatutos del PP obligan a actuar incluso cuando la persona denunciante ya no es afiliada.
Mientras tanto, la identidad de la exconcejal fue filtrada. La confidencialidad se rompió, el daño se amplificó y el mensaje quedó claro: denunciar tiene coste.
La reacción política terminó de cerrar el círculo. Arropado por las direcciones regional y nacional, el alcalde rechazó dimitir y acusó a la denunciante de venganza. La oposición pidió responsabilidades. Incluso Vox reclamó la dimisión del regidor, acusando al PP de practicar un “feminismo de pancarta”. Cuando hasta Vox detecta la incoherencia, el problema no es retórico, es estructural.
Aquí no hay un debate jurídico complejo. Hay fechas, correos, reuniones y un archivo sin escucha. Hay una presidenta que exige creer a las mujeres cuando conviene y niega el amparo cuando incomoda. Hay un partido que invoca códigos éticos mientras los incumple. Y hay una consecuencia política directa: la protección del poder se impone a la protección de las personas.
La política que pide silencio a quien denuncia y aplauso a quien manda no corrige el acoso, lo administra.
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