Así se venderá la Comunitat Valenciana a la extrema derecha: sin votar, sin opinar y a escondidas 

El PP cede el timón del futuro valenciano a Vox mientras negocian en secreto el relevo de Mazón y el rumbo político de toda una autonomía

NEGOCIAR EL PODER SIN URNAS NI TESTIGOS

El relevo en la presidencia de la Generalitat no se decide en Les Corts, ni en los barrios, ni en las urnas. Se decide en una reunión secreta entre delegaciones del PP y de Vox, a puerta cerrada, en algún punto de València.
El Partido Popular ha aceptado el papel de subcontrata política de la extrema derecha. Sin programa, sin candidato y sin calendario, se sienta a negociar la sucesión de Carlos Mazón con quienes presumen de hacer “sudar sangre” a sus socios.

Nadie ha votado a los negociadores. Nadie ha elegido el programa. Pero son ellos quienes marcarán el rumbo de la Comunitat Valenciana durante los próximos años. En el despacho estarán Ignacio Garriga y Montserrat Lluís, los dos emisarios de Abascal, acompañados por representantes del PP valenciano obligados a informar a Génova de cada palabra. Una mesa sin ciudadanía, sin transparencia y sin más horizonte que el cálculo electoral.

Feijóo, mientras tanto, juega a la distancia. Habla con Abascal por teléfono, sonríe para las cámaras y deja que su partido se arrodille ante las exigencias ultras. Vox sabe que tiene la sartén por el mango. El PP llega con la debilidad de quien gobierna prestado y el miedo de quien sabe que puede perderlo todo si dice no.

El plazo para presentar un candidato termina el 19 de noviembre, pero nadie se atreve a mover ficha sin el visto bueno de la formación ultra. Ni nombres, ni compromisos públicos, ni debate político. Solo silencio, desconfianza y mensajes filtrados a cuentagotas.

EL PRECIO DE LA ENTREGA: DERECHOS, LENGUA Y DEMOCRACIA

En Vox no negocian sillones, negocian sumisiones. Su hoja de ruta está escrita: ataques al valenciano, persecución de las políticas climáticas y recorte de derechos sociales. En su lista de prioridades figura desmantelar la renta valenciana de inclusión, reformar la ley de señas de identidad y dinamitar cualquier avance en igualdad o memoria democrática.

El PP, lejos de plantar cara, asume la agenda sin pestañear. Acepta que Vox imponga los temas y que el debate público se sustituya por chantajes entre bastidores. No hay urgencia por encontrar a la persona adecuada, solo por garantizar que quien llegue al Palau de la Generalitat cumpla las órdenes de Madrid y los caprichos de Abascal.

Mientras tanto, el discurso oficial promete “tranquilidad” y “credibilidad”. Palabras vacías que sirven para cubrir una operación política sin control ciudadano. La democracia valenciana se negocia como si fuera una herencia familiar: entre herederos, sin testigos y sin rendir cuentas.

El PP repite que “en ningún caso” se pilotará desde Madrid, pero cada decisión pasa por Génova. Feijóo observa, calla y permite que su partido en València se desangre entre facciones, mientras Vox disfruta del espectáculo. Quien debía liderar un gobierno autonómico se ha convertido en rehén de la ultraderecha que le marcó las líneas rojas.

No se trata de nombres. Se trata de la dirección en la que se inclina el poder. Vox ya ha tumbado gobiernos en Extremadura y Castilla y León. Y ahora amenaza con hacer lo mismo en València. No porque tenga mayoría, sino porque el PP ha perdido el pulso, la dignidad y la voluntad de resistir.

El resultado es una Comunitat entregada al autoritarismo de despacho, donde las decisiones se toman “con discreción” y los acuerdos se anuncian después de consumados. No hay programa de gobierno, pero sí un pacto de silencio.

Y mientras las y los valencianos esperan explicaciones, la derecha reparte el poder a escondidas, como si el futuro fuera un negocio más que privatizar.