La decisión de archivar el caso ya ha sido recurrida por la extrema derecha de Vox
El juez que investiga una donación hecha por Podemos a la fundación Instituto 25M ha archivado la causa por un motivo formal, sin entrar en el fondo del asunto, según han confirmado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones, y este decisión ya ha sido recurrida por Vox, detallan las fuentes.
El archivo, adelantado por InfoLibre, tiene lugar después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, a cargo del caso ‘Neurona’, le remitiera al juez López Jiménez parte de la denuncia de Carmona al considerar que no formaba parte de la investigación central.
Se trata de la segunda pieza separada del caso Neurona que se archiva, tras el sobreseimiento provisional el pasado mes de mayo de la referida al presunto cobro irregular de unas costas judiciales por parte del exlíder de Podemos Pablo Iglesias. En la causa contra Iglesias la titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid decretó el archivo al no apreciar indicios de delito.
Ahora el magistrado del Juzgado de Instrucción 1 cierra provisionalmente la causa abierta a raíz de la denuncia de la exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, en la que señalaba una donación efectuada por Podemos al proyecto Escuela Popular Paulo Freire a través de la fundación de dicho partido político Instituto 25M.
El Instituto 25M es dirigido por el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, investigado en el caso Neurona por la presunta elaboración de una factura falsa de 26.200 euros que cobró de Neurona poco antes de que esta consultora cerrase el contrato con Podemos para las elecciones de 2019 que investiga el Juzgado de Instrucción número 42.
El pasado mes de marzo este magistrado decidió abrir tres nuevos procedimientos sobre Podemos y repartirlos a otros juzgados: los dos que se han archivado provisionalmente y el referido a la presunta contratación de una persona del equipo de la ministra Irene Montero para cuidar a sus hijos, supuestamente con fondos públicos.
Sobre este procedimiento un juez abrió el pasado mes de abril diligencias previas por un presunto delito de administración desleal contra la ministra Irene Montero y contra la exdiputada Teresa Arévalo, asesora de la titular de Igualdad.
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