Análisis económico | Qué nos espera tras el 28M. Los ricos siempre ganan 

Uno de los primeros puntos que se esperan tras el batacazo electoral de la izquierda son los recortes de los impuestos de Sucesiones y Patrimonio a los que más tienen

I. LA POLÍTICA FISCAL COMO LA NUEVA ARMADURA DEL CABALLERO POLÍTICO

En un espectáculo de poder político desmesurado, se observa cómo los líderes políticos, cual Quixotes modernos, alzan sus lanzas contra los molinos de viento de la fiscalidad. Una de las figuras más destacadas de este cortejo de fiscalidad disminuida es Carlos Mazón, un ferviente entusiasta de la revolución fiscal que acaba de tomar las riendas del poder en la Comunitat Valenciana. Su emblema principal: una lucha a muerte contra el impuesto de Sucesiones, un tributo malquerido que Mazón ha denunciado vehementemente como el «gravamen funesto».

II. LAS TRINCHERAS DE LA REFORMA FISCAL

Mazón no lucha solo en esta cruzada por la reforma fiscal. La Comunitat Valenciana se suma a una lista de regiones como Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Extremadura, La Rioja y Cantabria, que están reescribiendo el libro de reglas fiscales autonómicas en un contexto marcado por la polarización política y el poderío del Partido Popular (PP). En la vanguardia de esta lucha fiscal se encuentran los impuestos de Sucesiones y Patrimonio, condenados por estos caballeros fiscales por considerarlos antieconómicos e injustos. Sin embargo, esta realidad nos arroja a un abismo de paradojas y contradicciones que piden a gritos un análisis más profundo.

Mazón y sus colegas han puesto en el centro de la diana los impuestos cedidos, los tributos sobre las herencias y las propiedades de los más acaudalados. Su campaña de promesas de recortes fiscales contrasta con la realidad de una economía azotada por la inflación y un discurso fiscalmente conservador que beneficia principalmente a las rentas más altas. Es como si estos caballeros fiscales estuvieran empeñados en plantar rosas en un jardín donde solo crecen espinos.

A pesar de que otros asuntos acapararon parte de la atención durante la campaña electoral, la fiscalidad fue un tema recurrente. Los líderes del PP adoptaron con entusiasmo la causa de la reducción de impuestos, una lucha que se ha intensificado desde que la inflación comenzó a subir. Esta estrategia, sin embargo, ha sido criticada por su simplificación y enfoque unilateral. En lugar de abordar los problemas estructurales de la economía, se ha optado por una estrategia de reducción de impuestos que parece ignorar las crecientes desigualdades socioeconómicas.

III. PROFECÍAS DE UNA ERA DE REDUCCIÓN FISCAL

Las proyecciones basadas en las promesas electorales sugieren que se avecinan más recortes fiscales. Algunas regiones que se habían opuesto previamente al «dumping» fiscal ahora se encuentran gobernadas por el PP. Mazón, el líder recién elegido en la Comunitat Valenciana, es un ejemplo destacado. Esta región, que se encuentra en un dilema financiero y ha sido históricamente renuente a recortar estos impuestos, ahora se prepara para unirse a la corriente de reformas fiscales promovida por otros miembros del partido como Isabel Díaz Ayuso o Juan Manuel Moreno.

El PP ha afirmado que su reforma fiscal no es un fin en sí misma, sino un medio para «despertar» a la Comunitat, «humanizar los impuestos y aliviar a las familias». Se propone la eliminación del impuesto de Sucesiones, así como la aplicación de bonificaciones similares a las donaciones. También planea reducir el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la mayor fuente de ingresos para las comunidades autónomas. Pero lo más notable es su intención de eliminar totalmente el impuesto de Patrimonio, siguiendo los pasos de Madrid y Andalucía.

Estas medidas implican la abolición de un impuesto que, en términos generales, solo afecta a aquellos con más de 700.000 euros en activos, es decir, a una porción muy pequeña de la población. Según los últimos presupuestos aprobados por el Pacte del Botànic, la Comunitat Valenciana espera recaudar 223 millones de euros con este impuesto este año. El impuesto de Sucesiones, por otro lado, aporta casi 400 millones de euros a la región, una cifra que el futuro presidente tiene la intención de reducir drásticamente.

IV. EL CONTAGIO DE LA REDUCCIÓN FISCAL: DE ARAGÓN A EXTREMADURA Y MÁS ALLÁ

El escenario descrito por Mazón se repite en otras regiones. Jorge Azcón, ganador de las elecciones en Aragón, ha prometido la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en su región. Además, propone un aumento del mínimo exento en Patrimonio y nuevas ventajas fiscales. Por otro lado, María Guardiola aspira a liderar Extremadura en nombre del PP. Su programa incluye la «eliminación del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para la mayoría», así como la elevación del mínimo exento en Patrimonio a 700.000 euros y una reducción de la tarifa y deducciones para «aportaciones a proyectos de excepcional interés público regional».

Gonzalo Capellán, en La Rioja, y María José Sáenz de Buruaga en Cantabria, repiten este discurso fiscal. Ambos pretenden reducir estos impuestos y transformar sus comunidades en territorios con los impuestos más bajos de España. En Baleares, Marga Prohens aspira a abolir progresivamente el impuesto de Patrimonio y a reducir el impuesto de Sucesiones.

Esta serie de promesas y planes de reforma fiscal apunta a una nueva era en la política fiscal española, en la que las comunidades autónomas, bajo el gobierno del PP, parecen estar compitiendo en una carrera hacia el fondo para reducir los impuestos.

V. LOS IMPUESTOS Y LA SOLIDARIDAD TERRITORIAL

Esta cuestión, que bien podría parecer de interés solo para expertos en fiscalidad, tiene importantes ramificaciones para el espíritu de solidaridad que debería prevalecer entre las regiones del país. ¿Cómo se distribuirán justamente los recursos si cada comunidad se empeña en llevar a cabo sus propias reformas fiscales, independientemente de las necesidades o circunstancias de las demás? ¿Podemos, como sociedad, permitirnos la carrera desenfrenada hacia la reducción de impuestos, en detrimento de la cohesión y la equidad territorial?

Por ejemplo, el impuesto de Patrimonio, que solo se aplica a aquellos con activos considerables, se presenta como un mecanismo equitativo de redistribución de la riqueza. Su abolición, por tanto, parece ser un regalo para los más acaudalados, mientras que las arcas de las comunidades se ven privadas de ingresos necesarios. Una medida de este tipo, si se lleva a cabo en todas las comunidades, podría llevar al establecimiento de un sistema fiscal en el que los ricos se enriquecen aún más, mientras que los recursos para el bienestar social y los servicios públicos se reducen drásticamente.

VI. LA VISIÓN DE LA GUERRA FISCAL DESDE EL ESPEJO DE LA SATÍRA

Quizás la forma más ácida de criticar la política fiscal del PP es verla como una especie de sátira cruel del capitalismo. Bajo el pretexto de fomentar la prosperidad y el crecimiento económico, se propone una serie de recortes fiscales que, en última instancia, benefician a aquellos que ya están en posiciones de riqueza. Es como si un mendigo y un magnate se sentaran a cenar en un restaurante caro, y el magnate insistiera en dividir la cuenta por igual, ignorando las desigualdades evidentes en su capacidad para pagar.

La guerra fiscal entre las comunidades, impulsada por el PP, parece menos una política justa y más una estratagema para ganar votos de aquellos a quienes estas medidas benefician directamente. En esta carrera hacia la reducción de impuestos, es probable que se desvíen fondos necesarios para la salud, la educación y otros servicios sociales vitales.

Al final, esta visión simplista de la fiscalidad, que sostiene que los impuestos son intrínsecamente malos y deben reducirse en la mayor medida posible, puede ser atractiva para algunos, pero no hace justicia a la complejidad de una sociedad diversa y a las responsabilidades de un gobierno para con sus ciudadanos. A medida que las comunidades autónomas se embarcan en esta tendencia de la reducción fiscal, deberían considerar las consecuencias a largo plazo para la equidad y la solidaridad en el país.