La diputada de Vox Carla Toscano ha revolucionado el Congreso de los Diputados y las redes sociales con su intervención en el debate sobre la llamada ley del ‘solo sí es sí’.
Este jueves se debatía la ley del ‘solo sí es sí’ en el Congreso de los Diputados, que finalmente saldría adelante con solamente los votos en contra del PP y Vox.
Esta norma, entre otras cuestiones, recoge una nueva definición de consentimiento que señala que “solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.
Carla Toscano, de Vox, por su parte, ha tomado el tema de los piropos como el centro neurálgico de su discurso y, en concreto, ha dicho que le da pena «no volver a oír ciertas cosas por la calle”: ”¿Recuerdan ese ‘dime cómo te llamas y te pido para reyes?’ o ese.. ’eso es un cuerpo y no el de la Guardia Civil”.
“Es una pena que su odio a la belleza y al hombre nos hagan perdernos esas muestras de admiración e ingenio popular”, ha explicado la diputada de la formación de extrema derecha.
A estas palabras de la parlamentaria de Vox han respondido cientos de personas en Twitter y algunas han tenido una repercusión abrumadora, como ha ocurrido con el tuit de Anabel Alonso, que ha hecho una captura a las declaraciones de Toscano.
“La gente evoluciona. No es tu caso”, ha dicho la actriz.
La ley del ‘solo sí es sí’
El proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, es decir la ley del ‘solo sí es sí’, llega este jueves al pleno del Congreso con apoyos suficientes para introducir en el Código Penal el consentimiento expreso como elemento clave para juzgar los delitos sexuales.
Hay tres ejes principales en la ley: la supresión en el Código Penal de la distinción entre abuso y agresión sexual, hacer del consentimiento expreso la clave para juzgar los delitos sexuales y garantizar una atención integral a las víctimas.
Además, se incluye en el texto legal el cambio de la Ley General de Publicidad para considerar ilícita cualquier forma de publicidad que contribuya a promover la prostitución.
«Se considerará ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las que supongan promoción de la prostitución en los términos establecidos en la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad», señala el artículo 11 del texto.
También se regula la existencia de campañas «de concienciación y sensibilización» destinadas a desincentivar «la demanda de toda clase de servicios vinculados con la explotación sexual, la prostitución y de la pornografía que naturaliza la violencia sexual, así como sobre las consecuencias que tiene para las mujeres prostituidas».
Se añade al Código Penal la pena de multa de uno a tres meses a quien habiendo recibido imágenes o grabaciones audiovisuales sin autorización de la persona afectada y que menoscaben gravemente la intimidad de esa persona las difunda, revele o ceda a terceros sin el consentimiento del afectado. Es decir, se incluye el castigo al reenvío de esas imágenes.
Otras propuestas que ya se incluyeron en la ley son el reconocimiento del derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas de violencia sexual en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la ley de extranjería.
También se ha reconocido el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria, y se ha blindado la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, al establecerse que el Gobierno deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias
La Ley obligará a los agresores sexuales menores de edad a someterse a programas de educación sexual y de igualdad, tras el acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.8. Sobre la medida de conciliación entre víctimas y responsables del delito contra la libertad sexual o relacionados con la violencia de género estará condicionada a que sea la primera la que la solicite de forma expresa, de forma que en los demás supuestos, no cabrá la conciliación o mediación.
Fuente sobre las claves de la ley: Diario Navarra
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
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