El aumento de los pagos a lobbies plantea preguntas sobre cómo se están utilizando estos fondos y quiénes están siendo influenciados por las actividades de lobby de la compañía.
Ferrovial, la multinacional de infraestructuras y servicios, duplicó sus pagos a lobbies mientras se preparaba para su mudanza a Países Bajos. La empresa de la familia Del Pino ha aumentado significativamente su partida de «actividades de lobby o asociaciones sectoriales» desde 2021, según sus informes anuales. Aunque la compañía no ha explicado las razones detrás del aumento de los pagos a lobbies, asegura que se caracteriza por su neutralidad política y que no realiza contribuciones económicas o en especie a partidos políticos o a candidatos electorales.
Hace más de una década, Ferrovial daba cuenta en su memoria de su encuentro con 10 diputados y senadores españoles en 2010. A medida que el mercado español ha perdido peso, la compañía ha concentrado su esfuerzo en materia de lobby en Estados Unidos, que se ha convertido en su mercado prioritario. La filial de autopistas de Ferrovial, Cintra, ha realizado varios pagos a Sullivan Strategies LLC, encabezada por Suzanne Sullivan, antigua jefa de gabinete del departamento de Transporte de Estados Unidos, para mediar a favor de la filial de Ferrovial en la tramitación legislativa de varias iniciativas en ese país que afectan a Cintra.
La falta de transparencia y el aumento de los pagos a lobbies de Ferrovial son motivo de preocupación. Aunque la compañía ha afirmado que no realiza contribuciones económicas o en especie a partidos políticos o a candidatos electorales, el aumento de los pagos a lobbies plantea preguntas sobre cómo se están utilizando estos fondos y quiénes están siendo influenciados por las actividades de lobby de la compañía.
La falta de transparencia sobre las aportaciones de Ferrovial a SEOPAN también es preocupante, especialmente dado que la patronal ha emitido un comunicado defendiendo a la compañía de los ataques del Gobiernopor su anunciada mudanza y ha mostrado su voluntad de ejercer cuantas acciones pudieran corresponderle ante cualquier medida que, con vulneración de la legalidad vigente, pueda constituir un trato desigual o discriminatorio de la empresa en el ejercicio de su actividad empresarial en España.
El Gobierno sigue estudiando posibles vías para bloquear la operación de Ferrovial, que califican de «error». La preocupación del Ejecutivo radica en la posibilidad de que la compañía haga este movimiento para evadir impuestos en España y si la operación puede afectar negativamente a los trabajadores españoles de la compañía.
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