El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves con los votos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
La nueva ordenanza aprobada con los votos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante de este pasado jueves ha dictaminado la prohibición de la mendicidad con multas de hasta 3.000 euros.
La normativa fue planteada por consenso entre el PP y Ciudadanos y que ha provocado la reacción de PSOE, Compromís y Unides Podem que han criticado esta ordenanza, ya que pone el foco en las víctimas.
Más de 40 colectivos han formalizado también su rechazo taxativo e incluso desde Cáritas se ha presentado un escrito que han enviado a todos los partidos y donde se proponían cambios en la redacción del texto y el desarrollo de un plan integral de intervención social para proteger a las personas más vulnerables, que no viene recogido en la ordenanza. «Estas personas deben contar con las condiciones materiales y humanas mínimas para el desarrollo normalizado de sus vidas».
Sin embargo, el concejal de Seguridad, José Ramón González, ha defendido en su intervención en el pleno, una norma que asegura que «mejora la convivencia ciudadana en lugar de mirar hacia otro lado y dejar el problema a los vecinos». Además, ha añadido que «no vamos a permitir que las mafias exploten a personas para ejercer la mendicidad.
Xavier López de Unides Podem, ha afirmado que «esta ordenanza es una vergüenza, una mancha para la reputación de Alicante, realizada bajo los preceptos de la ultraderecha». En este sentido, Natxo Bellido, de Compromís, ha condenado que «la exclusión social no se resuelve con sanciones» y ha reclamado «un programa de integración para mujeres y personas sin recursos».
Desde el PSOE, la edil Llanos Cano ha destacado que «esta ordenanza municipal es una copia de la aprobada por Sonia Castedo», «la que fuera alcaldesa de la ciudad por el PP, y que estuvo vigente hasta 2015, cuando fue derogada por el tripartito formado por PSOE, Compromís y Unides Podem, que gobernó en el consistorio la pasada legislatura» matiza Nius.
El medio también expone que «el texto aprobado este jueves no es definitivo, todavía tiene que pasar por un período de alegaciones, que podría modificar el contenido, antes de la aprobación definitiva de una ordenanza que entraría en vigor a principios de 2022».
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