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Cuando la riqueza se concentra, el hambre también. El 5 de noviembre de 2025, Colorado trazó una línea clara.
IMPUESTOS A LAS GRANDES FORTUNAS PARA PAN Y DIGNIDAD
Colorado votó el 5 de noviembre algo elemental y, sin embargo, radical en un país capturado por el mercado: que todas las niñas y niños de la escuela pública puedan desayunar y almorzar sin pasar por caja. Proposición MM y Proposición LL son dos piezas de una decisión política que rompe con décadas de austeridad selectiva. La primera aumenta los impuestos a quienes declaran más de 300.000 dólares anuales, unos 200.000 hogares en todo el estado. La segunda permite que los excedentes de ese programa se destinen a reforzar SNAP, el sistema de cupones de alimentos gestionado por el estado. Nada de caridad. Política pública y redistribución.
El detalle importa. Las cifras son nítidas: 327 dólares más al año para personas que tributan en individual y 574 dólares para declaraciones conjuntas. 58,1% del electorado avaló la medida en el recuento del miércoles por la mañana. Más de dos tercios de los condados dijeron sí, del campo a la ciudad, desmontando el mito de que la justicia fiscal es cosa de centros urbanos y élites ilustradas. 95 millones de dólares adicionales previstos para garantizar desayunos y almuerzos y, además, para subir salarios a quienes cocinan, reparten y limpian en los comedores escolares, un trabajo esencial que el mercado precariza con disciplina.
No hay neutralidad posible entre quienes acumulan activos y quienes acumulaban deudas para alimentar a sus hijas e hijos. Lo que está en juego no es un menú, es un derecho. Las y los estudiantes comerán sin formularios humillantes, sin colas segregadas, sin la etiqueta de la pobreza colgada del cuello. Las y los trabajadores de los comedores dejan de ser la mano invisible que sostiene el día escolar y pasan a tener reconocimiento material. La política pública, cuando es seria, convierte lo cotidiano en dignidad.
Esta decisión no surge en el vacío. En 2022 expiró el paraguas federal que, durante la pandemia, había permitido que millones de niñas y niños comieran en la escuela. Muchos estados recortaron, otros se encogieron de hombros. En Colorado, en cambio, se ha entendido lo obvio: “universal” es una palabra más barata que “burocracia”, y más justa que “verificación de ingresos”. El hambre infantil no es un fallo del mercado, es su consecuencia.
DEL PARCHE FEDERAL A UN DERECHO UNIVERSAL EN LAS ESCUELAS
La Proposición MM no solo financia comidas. Prioriza alimentos locales y fortalece la economía de cercanía, frente a los oligopolios que fijan precios y exprimen a agricultoras y agricultores. Cada dólar público que rompe la cadena especulativa y se queda en el territorio es también una vacuna contra la precariedad. Además, al permitir que los excedentes apunten a SNAP, la Proposición LL levanta un puente entre el comedor escolar y la nevera de casa, donde también se decide si el día empieza con hambre o con energía.
El apoyo social es amplio y verificable. En 2023, una encuesta de YouGov señalaba que el 57% de la población estadounidense respalda el desayuno gratuito para todo el alumnado y el 60% apoya el almuerzo universal; solo minorías residuales se oponen a ambos. No es ideología, es experiencia: la universalidad reduce la tramitación, elimina el estigma, mejora la asistencia y mejora las notas y las tasas de graduación, como recuerdan educadoras, educadores y personal sanitario escolar. Cuando las y los menores comen, aprenden; cuando ayunamos por diseño institucional, reproducimos desigualdad. Y sí, en el país más rico del planeta, casi 1 de cada 8 niñas y niños vive con inseguridad alimentaria. La estadística no es un accidente, es una decisión.
Colorado no ha inventado la pólvora, simplemente ha dejado de jugar con cerillas. Otras jurisdicciones han probado programas universales con resultados tangibles, y la evidencia se acumula. Los comedores escolares universales son política de paz social: menos conflictos, menos ansiedad, más cuidado. Las enfermeras y enfermeros escolares lo dicen claro; las y los jueces en tribunales de menores lo ven a diario; el profesorado lo firma con su jornada. La pobreza no se educa con discursos motivacionales, se combate con presupuesto.
Que nadie se llame a engaño: gravar a quienes más tienen para garantizar derechos básicos es la definición de democracia sustantiva. El anticapitalismo de mínimos empieza aquí, donde el mercado pierde su potestad de decidir quién come y quién espera hasta el recreo. La resistencia vendrá, como siempre, envuelta en tecnicismos: que si la curva de Laffer, que si la fuga de capitales, que si la meritocracia ofendida. Lo de siempre. Quienes defendieron recortes en nombre de la eficiencia ahora se escandalizan porque por fin hay eficiencia con justicia.
El 5 de noviembre de 2025 deja también otra lección: cuando se pregunta con claridad, la gente responde con dignidad. Una papeleta bien formulada vale más que un millar de editoriales condescendientes. Y una cocina escolar con salarios decentes vale más que cualquier discurso sobre el emprendimiento como religión civil. Redistribuir para alimentar es, sencillamente, gobernar.
No es caridad, es derecho, y los derechos, como el pan, se sirven calientes.
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