Los abogados del exdiputado de Unidas Podemos critica en un escrito la credibilidad otorgada al policía pateado o las consecuencias de su condena de 45 días de multa e interpone un incidente de nulidad como paso previo a acudir al Constitucional.
La defensa de Alberto Rodríguez ha reclamado al Tribunal Constitucional y ha interpuesto un incidente de nulidad contra su condena por agredir a un policía en 2014.
Los abogados del exdiputado de Unidas Podemos, a quien le fue retirado su escaño por Meritxell Batet después de ser condenado por el Tribunal Supremo, entienden entre otras cosas que su condena ha vulnerado su derecho de representación política y que igualmente se ha visto afectado su derecho de reunión y manifestación.

Eldiario.es explica que «el incidente de nulidad es un movimiento pensado para aquellas ocasiones en las que el condenado considera que una sentencia ha vulnerado sus derechos fundamentales en algún aspecto que no ha podido ser denunciado antes de recaer sentencia firme sobre el caso. La sentencia contra la que se interpone, como en este caso, no debe ser recurrible por la vía ordinaria. El incidente de nulidad es considerado, además, como un requisito previo para poder interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional».
Los abogados de Rodríguez consideran que se ha vulnerado su derecho fundamental «a la presunción de inocencia, al juez imparcial, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con las debidas garantías, a la libertad de reunión y de manifestación, a la representación política, al principio de legalidad y del principio de proporcionalidad como principio rector que debe informar el derecho penal».
«La declaración del agente no solo fue parca, sino que incurrió en evidentes contradicciones», matiza el escrito, por ello consideran que «se ha construido artificialmente un caso de ‘testimonio único’, por cuanto había una multitud de personas, numerosas imágenes grabadas y de entre las personas que allí había, sin duda, estaban todos los componentes del dispositivo policial».
Los abogados de Rodríguez, como ya han denunciado en escritos anteriores, cargan también contra la actuación de Meritxell Batet. Aseguran que «de forma absolutamente irregular la propia Presidenta del Congreso ha dispuesto su privación de escaño y por la Junta Electoral Central se ha procedido a su sustitución basándose, supuestamente, en una aclaración que esta Ilma. Sala le habría remitido».
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