“Son repugnantes los detalles de la estafa que ha hecho pública hoy la Fiscalía en la compra de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid”. Así de claro ha comenzado Aimar Bretos en el programa Hora 25 de la Cadena Ser.
El periodista de la Cadena Ser ha hablado de «los repugnantes detalles de la estafa que ha hecho pública la Fiscalía». La explicación procede posterior a que Anticorrupción haya presentado este miércoles una querella ante los juzgados contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño Cerón por cobrar comisiones millonarias al “inflar” el precio de la compra de material sanitario para la pandemia tras firmar tres contratos con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.
“Estos dos señores, en el momento peor de la pandemia”, ha resaltado Bretos, “justo al principio del confinamiento, cuando la gente se estaba muriendo por cientos y los demás estábamos metidos en casa con la mayor de las incertidumbres. Estos dos señores, según la Fiscalía, se embolsaron más de cinco millones de euros en comisiones estafando de forma sangrante al Ayuntamiento. Y se gastaron ese dinero en coches de lujo, relojes de lujo, en un yate, en una casa en Pozuelo con tres plazas de garaje”.
Luis Medina, según la Fiscalía, fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Así, se le facilitó el nombre de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones.
“Lo que pasa a partir de ahí ya es un relato de pura rapiña”, ha asegurado Bretos. Desde este momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como “experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación”.
Estos dos empresarios vendieron al Ayuntamiento “un millón de mascarillas KN95 por 6.600.000 dólares, cuando el precio real era de 2.600.000. Así que inflaron artificialmente el precio en 4.000.000 de dólares. Un 148% del precio real del producto. Pero es que con los test, le metieron una comisión del 71%. Y con los guantes se adjudicaron una comisión del 81%”, ha explicado Bretos.
“Y para redondear el expolio, el producto que trajeron era una birria”, ha apostillado. “De los 250.000 test, dice la Fiscalía que solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable. Y con los guantes lo mismo”.
El dinero ganado, ambos empresarios, se lo gastaron en una docena de coches de alta gama con precios que van desde un Mercedes A200 AMG por 32.500 euros hasta un Ferrari 812 Suoerfast por 355.000 euros.
“Pagaron todo esto con el dinero cobrado de las arcas públicas. Cuando la gente se estaba muriendo por la pandemia. Es el más indecente de los posibles saqueos”, ha sentenciado el periodista.
A partir de aquí, ha continuado Bretos, “solo queda esperar que el proceso judicial avance todo lo que tenga que avanzar, que esta gente pague lo que tenga que pagar, si es que tiene que pagar, lo que determine la justicia, pero hay algunas preguntas que son llamativas o a uno le surgen al leer el escrito de la Fiscalía: Una, ¿es habitual que comisionistas contacten con el ayuntamiento aprovechando su condición de personajes conocidos de la vida pública, como dice la Fiscalía?; Dos, ¿es habitual que comisionistas contacten con el ayuntamiento a través de un familiar del alcalde de Madrid?; Tres, ¿quién es ese familiar del alcalde de Madrid?”, ha lanzado el periodista, quien ha señalado que invitaron al alcalde Martínez-Almeida a que de sus explicaciones en los micrófonos de la SER, pero que ha declinado la invitación».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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