La obra de arte se vendió en 2012, cuando Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid y esta administración era la competente para proteger el Goya como Bien de Interés Cultural, lo que no hizo, lucrándose en el proceso.
Un cuñado de Aguirre ha denunciado a la expresidenta de Madrid y a su marido por estafa, fraude fiscal, blanqueo y apropiación indebida por quedarse con cinco millones de euros de la venta de un retrato pintado por Goya a un antepasado.
Lo cuenta Ignacio Escolar en una exclusiva del medio que dirige: El Diario. El cuadro (un retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, marqués de Villanueva del Duero, teniente general del Ejército de Carlos IV y grande de España, antepasado de la familia política de Aguirre) llevaba décadas colgado encima de una chimenea en la planta de arriba del palacete donde residen la expresidenta de Madrid y su marido, Fernando Ramírez de Haro.
La pintura, que no está firmada pero que no deja dudas sobre la autoría de un retrato que Ignacio Ramírez de Haro, conde de Bornos y suegro de Esperanza Aguirre, tuvo en su casa toda su vida, fue peritado en marzo de 2012, dos años después de la muerte del suegro de Aguirre. De esta manera se descubrió que se trataba de un nuevo Goya.
Sin embargo, ninguna de las administraciones obligadas por las leyes que regulan el patrimonio histórico español movieran un dedo para proteger este cuadro. Ni la Comunidad de Madrid ni el Gobierno central iniciaron los trámites para incluir esta importante obra en el catálogo de bienes culturales protegidos. Esta obra maestra de Goya sigue sin estar protegida como Bien de Interés Cultural, un registro en el que figuran 168 obras atribuidas al pintor aragonés.
La venta millonaria de un Goya
Tan solo cuatro meses después del hallazgo, el 18 de julio de 2012, Fernando Ramírez de Haro y Esperanza Aguirre (que está casada en régimen de gananciales) vendieron el Goya al empresario Juan Miguel Villar Mir. Una compraventa que hoy está en los tribunales.
La Ley del Patrimonio Histórico Español obliga a las administraciones a proteger como bienes de interés cultural aquellas obras que forman parte del patrimonio histórico, como este cuadro. Las autonomías tienen que realizar esta declaración cuando aparece una obra de estas características.
Si la obra está protegida, como debió haber sucedido con este cuadro, el valor es transparente para el Estado y la ley obliga a los vendedores a comunicar al Ministerio de Cultura cada compraventa al detalle, con el precio pagado, siendo conocido su valor real por tasaciones oficiales. Esto deriva en una mayor carga tributaria difícil de evitar mediante la ocultación de parte de su precio.
En Madrid es el consejo de Gobierno el que tiene la obligación de realizar esta declaración de ‘Bien de Interés Cultural’ para proteger este tipo de obras. Un consejo de Gobierno que, en aquel momento, presidía Esperanza Aguirre.
En febrero de 2019, el cuñado de Aguirre demandó a la pareja al comprobar que no pensaban compartir los cinco millones que pagó Villar Mir con el resto de los herederos.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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