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Tres nombres, una trama y un sistema judicial que castiga según convenga.
LA DIFERENCIA ENTRE SOSPECHAR Y CASTIGAR
Tres hombres, una misma investigación, tres destinos judiciales distintos. José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García, señalados por la Guardia Civil por haber recibido pagos irregulares a cambio de contratos públicos, están en libertad. Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, lleva más de tres meses en prisión preventiva. El mismo juez, el mismo fiscal, el mismo caso. La diferencia no está en los hechos, sino en las decisiones.
El magistrado Leopoldo Puente justifica que solo Cerdán puede destruir pruebas, porque supuestamente era quien gestionaba los pagos dentro de la trama. Pero el razonamiento roza lo absurdo: si todos participaban, ¿por qué solo uno representa un riesgo? La prisión preventiva, que debería ser una medida excepcional, se usa como castigo anticipado, un instrumento para presionar, no para proteger la investigación.
El juez y el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, descartan peligro de fuga o reincidencia. Solo ven “riesgo cierto” de alteración de pruebas, una expresión tan vaga como funcional. Y así, sin pruebas nuevas ni avances sustanciales, Cerdán sigue en prisión mientras los otros dos duermen en casa, demostrando que en España no basta con ser inocente, hay que caerle bien al juez.
EL PODER JUDICIAL COMO ESCENARIO POLÍTICO
Nada es casual cuando los tiempos judiciales coinciden con los políticos. La defensa de Cerdán denuncia que el juez busca el “shock” para obtener confesiones. Es decir, prisión preventiva como herramienta de desgaste. La UCO, más ágil filtrando que probando, nutre un relato mediático que condena antes de juzgar. El Supremo, mientras tanto, guarda silencio, amparándose en informes orales que nadie puede verificar.
La paradoja es evidente: Ábalos y Koldo, más mediáticos, más conocidos, más quemados políticamente, están libres. Cerdán, el menos visible, permanece encarcelado desde el 30 de junio. El propio juez reconoce que el plazo máximo para mantenerle preso —seis meses— vence el 30 de diciembre. Pero su vida ya está rota. La justicia española, que a menudo actúa con una lentitud desesperante en casos de corrupción de la derecha, aquí se muestra implacable, selectiva y oportuna.
El caso Cerdán evidencia la función política del derecho penal: no siempre se busca verdad, sino control. Cuando el castigo llega antes que la condena, cuando las filtraciones sustituyen a las pruebas, y cuando el criterio del juez parece más moral que jurídico, el Estado de derecho se convierte en un teatro donde la toga es solo el disfraz del poder.
Ábalos y Koldo siguen dando explicaciones en libertad. Cerdán las da desde una celda.
La justicia, en España, no es ciega: mira muy bien a quién encierra.
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
Cuando un Gobierno habla de ocupar Gaza por fases, ya no estamos ante una guerra: estamos ante un plan.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.
El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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Aimar Bretos toma ‘Hoy por hoy’ mientras la SER intenta vender normalidad donde huele a crisis
La SER intenta vender como relevo natural lo que suena demasiado a operación de poder.
Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.
Porque cuando una periodista sale así, cuando compañeras y compañeros lamentan públicamente las formas, cuando la plantilla tiene que defender su profesionalidad, la palabra independencia empieza a sonar menos a principio y más a decorado.
A lo que llaman relevo quizá haya que llamarlo por su nombre: una operación de despacho con música de sintonía.
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Vídeo | Palantir en España: el contrato opaco que mete a Silicon Valley en el corazón de Defensa
Defensa entregó a una empresa nacida en el ecosistema de la CIA una pieza sensible de la inteligencia militar española, sin publicidad, con una sola oferta y bajo una capa de secreto que huele demasiado a negocio blindado.
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Mientras nos hablan de modernización, eficiencia y seguridad, el Estado español abre la puerta de su inteligencia militar a una de las empresas más vinculadas al negocio global de la vigilancia, la guerra y el poder algorítmico. Te lo contamos en #ReportajesSR. Presentado por Patricia Salvador.