Vivir dos veces para tener una casa 

Cuando el trabajo no basta ni para un techo, el sistema ya ha dejado de funcionar

EL TRABAJO YA NO SIRVE PARA VIVIR

Hay cifras que no se pueden maquillar con optimismo ni con PIB: en el Estado español, una persona necesita 38,6 años de trabajo para comprar una vivienda media sin sobrepasar el esfuerzo financiero del 30% del salario. En seis comunidades autónomas, ni una vida laboral completa bastaría. En Baleares harían falta 57,6 años, en Madrid 55,3, en Catalunya 41,8, en Euskadi 41,7, en Canarias 40,4 y en Andalucía 38,8.
Es decir, ni trabajando desde la adolescencia hasta después de la jubilación se podría pagar una casa sin endeudarse.

Durante décadas nos repitieron que con esfuerzo todo era posible. Que estudiar, trabajar y ahorrar bastaban para vivir con dignidad. Pero el mercado inmobiliario, ese tótem del capitalismo español, ha convertido el techo en un lujo. El empleo ya no garantiza nada, salvo la ansiedad de mirar alquileres imposibles y sueldos congelados. El salario real apenas ha crecido un 2% en diez años, mientras la vivienda subió un 35%.

A lo que llaman “libre mercado” es en realidad una máquina de exclusión. Una trampa en la que el derecho se convierte en negocio, y el negocio en chantaje. Las y los jóvenes no “no quieren esforzarse”: no hay forma humana de entrar en el sistema sin hipotecarse la existencia. En el segundo trimestre de 2025, el precio medio del metro cuadrado alcanzó los 2.093 euros, la cifra más alta desde 2007. Quien defiende que la propiedad privada es sagrada olvida que la mayoría solo puede aspirar a ser propiedad del banco.

La vivienda ha dejado de ser un bien común. Es el nuevo oro del siglo XXI. Se compra para especular, no para habitar. Los fondos de inversión acumulan barrios enteros mientras miles de personas viven en habitaciones compartidas o vuelven a casa de sus madres y padres. Las y los trabajadores dedican la mitad de su sueldo a sobrevivir, no a vivir.

La precariedad ya no es una fase, sino un sistema. Un modo de vida estructurado en torno al miedo. El miedo a no poder pagar el alquiler, a que te suban la hipoteca, a no poder ofrecer estabilidad a tus hijas e hijos. El capitalismo se ha convertido en un casero invisible que te cobra por respirar.

EL MERCADO INMOBILIARIO COMO NUEVO FEUDALISMO

La desigualdad territorial es brutal. En Extremadura o Castilla-La Mancha, donde el metro cuadrado no llega a los 1.000 euros, una vivienda media podría pagarse en 22 años. En cambio, en Baleares o Madrid se necesitan casi 60. Lo que en unos lugares da para una casa, en otros apenas da para una habitación. No es una cuestión de mérito, sino de código postal.

La economista Nuria Badenes Plá, del Instituto de Estudios Fiscales, lo resume con claridad: “Las medidas fiscales no pueden hacer nada si no se intervienen los precios”. No se trata de deducciones o ayudas simbólicas, sino de decidir si queremos que el derecho a la vivienda siga subordinado a la lógica del mercado. Cuando el Estado no interviene, legitima el abuso.

Mientras tanto, se construyen urbanizaciones vacías, se venden pisos a fondos buitre y se criminaliza a quienes ocupan una vivienda vacía para no dormir en la calle. Se llama violencia inmobiliaria y se ejerce cada día con la complicidad de gobiernos que se dicen progresistas.

La ley de vivienda fija que nadie debería destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler o la hipoteca. Hoy, en España, una de cada tres familias supera ese límite. Y el porcentaje se dispara entre jóvenes, migrantes y mujeres solas. No se trata de un fallo técnico: es el modelo funcionando perfectamente. Un modelo que concentra la riqueza en el ladrillo y la deuda en las espaldas de la clase trabajadora.

El sueño de tener casa propia se ha convertido en una condena. La hipoteca ya no es una aspiración, sino una cadena. Lo que antes era símbolo de estabilidad hoy es sinónimo de esclavitud moderna. Y aun así, la cultura del “comprar es mejor que alquilar” sigue dominando el imaginario colectivo, como si la servidumbre financiera fuera una virtud patriótica.

El problema no es que falten viviendas, sino que sobran rentistas. La solución no pasa por construir más, sino por cambiar el sentido de la propiedad. Expropiar, limitar, regular, gravar el vacío. Si una vivienda no cumple su función social, debería perder su estatus de propiedad privada. El derecho al techo no se garantiza con mercado, sino con justicia.

Porque un país donde necesitas dos vidas para tener una casa ya no es un país libre. Es un territorio hipotecado, gobernado por bancos, fondos y constructoras. Y cuando los derechos básicos se miden en metros cuadrados, lo que está en venta no es solo el suelo: es el futuro.