Alvise vuelve a llamar a la puerta de la justicia: la Eurocámara activa su tercer suplicatorio 

La nueva petición para levantarle la inmunidad llega por el presunto acoso a dos eurodiputados de su propia lista, mientras el Supremo mantiene abiertas varias causas contra él.

LA INMUNIDAD COMO ÚLTIMO REFUGIO DEL AGITADOR

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, comunicó el 15 de junio, al inicio de la sesión plenaria en Estrasburgo, que la Eurocámara ha recibido una nueva petición para suspender la inmunidad parlamentaria de Luis “Alvise” Pérez. Otra más. La tercera. Esta vez, para que pueda ser investigado en España por el presunto acoso a dos eurodiputados que concurrieron en la lista de Se Acabó La Fiesta.

Conviene detenerse un segundo. Porque aquí no hablamos de una anécdota, ni de un rifirrafe interno, ni de esa épica barata con la que la ultraderecha digital intenta maquillar cada causa judicial como si fuera una medalla de guerra. Hablamos de un eurodiputado que vuelve a estar bajo el foco del Tribunal Supremo. Hablamos de una institución europea obligada, de nuevo, a tramitar un suplicatorio para decidir si retira la protección parlamentaria a quien convirtió el acoso, la sospecha y el linchamiento en método político.

La inmunidad parlamentaria no nació para proteger campañas de hostigamiento. Nació para proteger la representación democrática. Esa diferencia, elemental para cualquiera que se tome en serio las instituciones, se vuelve borrosa cuando ciertos personajes llegan a los escaños no para legislar, sino para utilizar el acta como chaleco antibalas.

Según la petición trasladada por las autoridades españolas, los hechos investigados se centran en unas declaraciones realizadas por Alvise en un pódcast. En ellas, presuntamente habría animado a sus seguidores a acosar a Diego Solier y Nora Junco, dos compañeros de lista, acusándolos de haberse dejado sobornar en una votación sobre el rearme europeo. Solier y Junco figuran ahora como eurodiputados independientes dentro del grupo de ultraderecha Conservadores y Reformistas Europeos, conocido por sus siglas en inglés como ECR.

La escena tiene algo de manual de la nueva política basura. Primero se construye una comunidad basada en la sospecha permanente. Luego se señala a alguien. Después se deja que la jauría haga el trabajo sucio. Y cuando llega la justicia, aparece el victimismo. Siempre el mismo libreto. Siempre la misma coartada. Siempre la misma pose de perseguido por el sistema mientras se usan todos los privilegios del sistema para no responder ante los tribunales.

El procedimiento queda ahora en manos de la comisión de Asuntos Jurídicos, la JURI. Esa comisión podrá solicitar la información o las explicaciones que considere necesarias. Alvise, como eurodiputado afectado por el suplicatorio, tendrá derecho a ser oído y a presentar documentos o pruebas escritas. No hay linchamiento institucional. No hay persecución bolivariana, ni complot global, ni operación secreta de Bruselas. Hay un procedimiento reglado. Aburrido, garantista y democrático. Precisamente eso que tanto incomoda a quienes viven de convertir la democracia en un plató de gritos.

Los procesos de suspensión de inmunidad duran de media unos seis meses, aunque no existe un plazo cerrado. Una vez terminado el análisis, la comisión JURI deberá aprobar a puerta cerrada una recomendación sobre la respuesta al Supremo. Después, esa recomendación se elevará al pleno de la Eurocámara, que tendrá que votar si acepta o rechaza levantarle la inmunidad.

EL TERCER SUPLICATORIO Y LAS CAUSAS ABIERTAS EN EL SUPREMO

Este no es el primer choque de Alvise con el procedimiento parlamentario europeo. Ni el segundo. La Eurocámara ya aprobó en el pasado dos suplicatorios enviados por el Tribunal Supremo. El primero, en abril, para poder procesarlo por el presunto acoso en redes sociales a Susana Gisbert, fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia. El segundo, aprobado en mayo, por la presunta financiación ilegal de su partido.

La fotografía política es bastante clara. Mientras algunos vendían Se Acabó La Fiesta como una supuesta rebelión ciudadana contra la corrupción, el ruido y las élites, el Supremo acumula expedientes sobre su principal figura. Una rebelión muy curiosa. Muy de clase media enfadada en redes, pero con acta europea, aforamiento, inmunidad y un partido bajo sospecha. El antipolítico profesional siempre acaba necesitando más privilegios que la política a la que dice combatir.

El Supremo mantiene abiertas, además de esta nueva investigación, otras cuatro causas sobre el eurodiputado. La primera, por la presunta financiación ilegal de SALF. La segunda, por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal Susana Gisbert. La tercera, por presuntas amenazas al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, senador del Grupo Mixto. La cuarta, por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa.

No hablamos de un malentendido aislado. Hablamos de un patrón. Y los patrones importan. Importan mucho. Porque la ultraderecha digital no se limita a opinar fuerte, como pretende vender. No se limita a incomodar al poder, como repite en sus vídeos de saldo épico. Construye enemigos. Señala personas. Abre la puerta al acoso. Convierte la mentira en combustible político y después exige trato de estadista cuando los tribunales preguntan.

La imagen de Alvise en la manifestación del 23 de mayo en Madrid, exigiendo la dimisión de Pedro Sánchez, resume bien esa contradicción. Se presenta como azote del Gobierno, como tribuno del hartazgo, como fiscal popular de una ciudadanía enfadada. Pero cuando el foco se gira hacia sus propias prácticas, aparece el blindaje institucional. Cuando hay que rendir cuentas, la épica se arruga.

Hay algo profundamente revelador en que esta nueva petición de levantamiento de inmunidad nazca de una denuncia vinculada a personas que estuvieron en su propia lista. La maquinaria de la sospecha acaba devorando incluso a quienes subieron al mismo barco. Así funciona el populismo punitivo de la extrema derecha: necesita traidores, enemigos internos, conspiraciones, vendidos, corruptos imaginarios o reales. Necesita una diana cada mañana. Sin diana, se queda sin negocio.

Y el negocio es importante. Porque no estamos ante un fenómeno espontáneo de indignación popular, sino ante una industria política del barro. Una economía de la atención donde cada acusación genera clics, cada señalamiento produce seguidores y cada escándalo alimenta una marca personal. El capitalismo de la rabia ha encontrado en la extrema derecha digital su franquicia perfecta. Bajo la bandera de la libertad, se vende acoso. Bajo la máscara de la transparencia, se difunden bulos. Bajo la estética de la rebeldía, se reproduce la vieja política del miedo.

La Eurocámara tendrá que decidir ahora si permite que el Supremo investigue este nuevo caso. Lo hará mediante un procedimiento lento, formal, con garantías. Lo contrario del espectáculo permanente que alimenta a estos agitadores. Y quizá por eso resulta tan necesario. Porque frente al griterío de quienes confunden impunidad con libertad, la democracia tiene que recordar algo básico: un escaño no puede ser una trinchera para disparar contra cualquiera.

Cuando la política se convierte en una máquina de acoso, levantar la inmunidad no es una excepción: es higiene democrática.