La UE vuelve a proteger a Ben Gvir mientras Israel convierte la impunidad en política de Estado 

El bloqueo a las sanciones contra el ministro ultra israelí retrata a una Europa que habla de derechos humanos, pero se arrodilla cuando el criminal es aliado.

EUROPA DISCUTE, ISRAEL AVANZA

La Unión Europea ha vuelto a hacer lo que mejor se le da cuando el Estado de Israel cruza otra línea: hablar mucho, reunirse mucho, indignarse un poco y no hacer lo suficiente. El 15 de junio, los 27 ministros y ministras de Exteriores se reunieron en Luxemburgo y fueron incapaces de alcanzar un acuerdo unánime para sancionar a Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel y figura central de la extrema derecha israelí.

No hablamos de un actor secundario. Ben Gvir no es un exceso verbal aislado ni un personaje incómodo que se le haya colado al Gobierno israelí por accidente. Es parte del núcleo ideológico que sostiene la violencia colonial, la ocupación y el desprecio abierto hacia el pueblo palestino. Un ministro ultra. Un agitador institucional. Un representante de esa política que convierte la brutalidad en programa y luego se escuda en la palabra seguridad.

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, lo confirmó tras la reunión. “Muchos Estados miembros también han propuesto sancionar al ministro Ben Gvir, pero hoy no se ha alcanzado ningún consenso”, dijo. La frase parece administrativa. Casi neutra. Pero lo que encierra es bastante más grave: la Unión Europea no puede sancionar a un ministro ultra israelí porque un núcleo de aliados firmes de Israel dentro del bloque bloquea cualquier paso real.

Así funciona la maquinaria. Para imponer sanciones, la UE necesita unanimidad. Y la unanimidad, cuando se trata de Israel, se convierte demasiadas veces en el refugio perfecto de la cobardía política. Basta con que unos pocos Estados decidan proteger al aliado para que todo el bloque quede paralizado. Luego vendrán los comunicados. Vendrán las palabras graves. Vendrá la solemnidad europea de siempre. Pero los hechos son tercos: Ben Gvir sigue sin estar en la lista negra europea.

Las presiones para sancionarlo aumentaron el mes pasado, después de que publicara un vídeo en el que parecía burlarse de activistas propalestinos detenidos por fuerzas israelíes a bordo de una flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza. No era una torpeza. No era un gesto desafortunado. Era la escenificación obscena del poder. Un ministro riéndose de quienes intentan llevar ayuda a una población asediada. Un representante del Estado celebrando la humillación de quienes tratan de romper el cerco humanitario.

Francia reaccionó prohibiendo la entrada de Ben Gvir en territorio francés y pidió a sus socios europeos que avanzaran hacia medidas comunes en todo el bloque. Pero la UE, una vez más, se quedó atrapada entre la retórica de los valores y la disciplina geopolítica del privilegio occidental. Cuando el sancionado posible es un enemigo oficial de Washington, Bruselas corre. Cuando el señalado es un ministro israelí, Bruselas mide cada sílaba.

LA UNANIMIDAD COMO COARTADA

La reunión de Luxemburgo también dejó otra cuestión abierta: las conversaciones para restringir el comercio con los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania continuarán antes del encuentro ministerial de julio. La palabra clave es “continuarán”. Continuarán las discusiones. Continuarán los aplazamientos. Continuará esa liturgia burocrática que convierte una violación del derecho internacional en un expediente pendiente.

Los asentamientos en Cisjordania no son una abstracción jurídica. Son tierra arrebatada, casas demolidas, familias expulsadas, carreteras segregadas, puestos militares, colonos armados y una economía construida sobre el despojo. Cada producto que entra en el mercado europeo desde esos asentamientos ilegales lleva detrás una cadena política de ocupación y beneficio. No es solo comercio. Es complicidad con etiqueta.

Europa sabe esto. Lo sabe desde hace años. Las y los diplomáticos lo saben. Las y los ministros lo saben. Las y los técnicos que redactan documentos lo saben. Y, aun así, el bloque sigue estirando los tiempos mientras sobre el terreno la ocupación se consolida. Es la vieja técnica del liberalismo europeo: convertir una emergencia moral en una carpeta de trabajo. Ponerle calendario al horror. Mandar el asunto a la próxima reunión.

El problema no es solo Ben Gvir. Ben Gvir es el síntoma más brutal, más descarado, más grosero. Pero detrás hay una estructura. Hay gobiernos europeos que siguen tratando a Israel como una democracia aliada mientras sus responsables políticos normalizan el castigo colectivo, el apartheid cotidiano y la deshumanización del pueblo palestino. Hay empresas que hacen negocio. Hay armas. Hay contratos. Hay acuerdos comerciales. Hay una arquitectura completa de intereses.

Y ahí aparece el capitalismo con su cara de siempre. Muy preocupado por la paz cuando la guerra amenaza sus rutas comerciales, pero muy cómodo con la violencia cuando esa violencia protege mercados, fronteras y alianzas militares. La UE no fracasa por falta de información. Fracasa porque sus prioridades reales no coinciden con sus discursos.

No se puede presumir de derechos humanos mientras se bloquean sanciones contra un ministro que representa la deriva ultra de un Gobierno implicado en el asedio a Gaza y en la expansión colonial en Cisjordania. No se puede hablar de derecho internacional y mirar hacia otro lado cuando los asentamientos ilegales siguen produciendo beneficios. No se puede invocar la paz y, al mismo tiempo, permitir que quienes alimentan la violencia sigan viajando, comerciando y operando con normalidad.

La extrema derecha israelí ha entendido perfectamente la debilidad europea. Sabe que la indignación occidental tiene límites. Sabe que hay víctimas que activan sanciones en tiempo récord y víctimas que solo merecen declaraciones. Sabe que Palestina ocupa siempre el último lugar en la jerarquía moral de quienes se proclaman civilizados desde despachos alfombrados.

El 15 de junio, la UE no solo evitó sancionar a Ben Gvir. Hizo algo peor. Volvió a demostrar que su defensa de los derechos humanos depende demasiado del pasaporte de quien los viola y del valor estratégico de quien dispara.

Europa no está paralizada: está eligiendo a quién proteger.