El “paisano” de Ayuso y la fábrica madrileña de quitar hierro a cinco delitos 

La derecha regional lleva más de dos años intentando vender como persecución política lo que empezó como una investigación por fraude fiscal y ya alcanza cinco delitos.

EL “CIUDADANO PARTICULAR” QUE VIVE EN EL CENTRO DEL PODER

Alberto González Amador no es un personaje secundario arrastrado por una tormenta mediática. No es un vecino cualquiera sorprendido por una inspección rutinaria. No es un paisano perseguido por el capricho de un Estado maligno. Es la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y está acusado de cinco delitos. Conviene repetirlo, porque en la Puerta del Sol llevan más de dos años haciendo exactamente lo contrario: disolver los hechos en victimismo, envolver el expediente judicial en propaganda y presentar una investigación penal como si fuera una gamberrada del sanchismo.

La noticia estalló en marzo de 2024. González Amador estaba señalado por dos delitos fiscales superiores a 350.000 euros, correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021, mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla. La cifra no es un matiz. La cifra es el corazón del asunto. Cada fraude superaba los 120.000 euros, el umbral que separa una infracción administrativa de un delito penal. O sea, no era una multa incómoda. No era un despiste contable. No era un “asuntillo”. Era Hacienda, la Fiscalía y un juzgado entrando donde entran cuando los números dejan de ser excusas.

Después llegaron más capas. A los dos delitos fiscales se sumaron falsedad en documento mercantil, corrupción en los negocios y administración desleal. Estos dos últimos aparecieron en marzo de 2025, dentro de una pieza separada abierta para investigar el uso de la empresa del novio de Ayuso para ocultar ingresos procedentes de negocios en el ámbito sanitario. Y aquí el asunto deja de ser solo tributario. Empieza a oler a esa mezcla madrileña tan conocida: dinero privado, poder público, empresas sanitarias y una red de protección política que nunca descansa.

Porque el detalle incómodo es este: la investigación afecta a negocios con Quirón Prevención, la empresa sanitaria que acumula la mayoría de contratos públicos de la Comunidad de Madrid. El juez ha autorizado este jueves a la UCO a acceder a las cuentas bancarias de González Amador para analizar si existe una evolución patrimonial que no pueda justificarse con normalidad. Dicho sin incienso judicial: quieren saber de dónde salió el dinero, cómo creció, por dónde circuló y si guarda relación con los hechos investigados. Eso no es una cacería. Eso se llama seguir el rastro del dinero.

Ayuso lo entendió desde el primer minuto. Por eso no esperó a que hablara la Justicia. El 13 de marzo de 2024, al día siguiente de conocerse el escándalo, utilizó la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, para defender a su pareja. “Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja”, dijo. Comparecencia institucional. Sin preguntas. Con el aparato público al servicio de una defensa privada. Qué casualidad tan madrileña.

Y mintió. Dijo que “es Hacienda quien le debe” dinero a González Amador, no al revés. Ahí empezó la operación. No una explicación. Una operación. Después vino la tergiversación de los correos entre Fiscalía y el empresario. Después vino el bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, según el cual habría sido el Ministerio Público quien ofreció un pacto de conformidad. No era así. Se terminó demostrando que fue al revés. Pero la mentira ya había hecho su trabajo: embarrar, distraer, convertir un caso de fraude en un relato de persecución.

EL “PAISANO” Y LA CORTE MEDIÁTICA DEL BLANQUEO

La palabra “paisano” no apareció por accidente. La usó Antonio Naranjo este jueves, poco más de una hora después de conocerse que el juez daba luz verde a la UCO para acceder a las cuentas del novio de Ayuso. Naranjo, presentador estrella de la Telemadrid convertida en altavoz permanente del Partido Popular regional, escribió en X que “a un paisano” le perseguían el Gobierno, la Fiscalía General, TVE y la Agencia Tributaria por ser pareja de Ayuso. La frase era burda. También era útil. La propaganda no necesita ser inteligente. Le basta con repetirse.

Primero fue “ciudadano particular”. Luego “vecino”. Ahora “paisano”. El objetivo siempre es el mismo: despolitizar lo que es profundamente político. Porque aquí no hablamos solo de un empresario investigado. Hablamos de la pareja de una presidenta autonómica. Hablamos de una vivienda compartida que, presuntamente, se pagó con dinero procedente de esos beneficios investigados. Hablamos de una jefa de Gobierno usando una sede pública para defender a su pareja. Hablamos de un jefe de gabinete moviendo bulos y datos personales de periodistas. Hablamos de una televisión autonómica convertida en lavadero reputacional. Lo demás es decorado.

Miguel Ángel Rodríguez, el eterno fontanero de la agresividad institucional, también tuvo su papel. En marzo de 2024, difundió información personal de dos periodistas de El País que trabajaban cerca de la casa que comparten Ayuso y González Amador. Compartió una imagen de ambos en un grupo de WhatsApp con medios afines, junto a sus nombres y apellidos. Por eso está siendo investigado por revelación de secretos. La escena es obscena, aunque en Madrid ya casi nada parezca escandalizar: periodistas haciendo su trabajo, poder político señalándolos, medios amigos amplificando el mensaje y luego todos hablando de libertad.

Cuando MAR acudió a los juzgados el 6 de mayo, explicó que la fotografía se la había enviado “un vecino enfadado”. Horas después, rectificó. El supuesto vecino anónimo era, en realidad, Alberto González Amador. O casi. Según su nueva versión, “un vecino” mandó la foto a González Amador y este se la reenvió a él. La precisión suena a mal guion. Pero sirve para ver el patrón. Siempre hay un vecino, un paisano, un ciudadano particular. Siempre hay alguien sin poder aparente. Y siempre, curiosamente, acaba apareciendo al lado de la presidenta, de su jefe de gabinete o de un plató complaciente.

Mientras tanto, Ayuso ha ido cambiando de foco. Cada vez habla menos de los delitos atribuidos a su pareja y más de la filtración de datos que llevó al Tribunal Supremo a condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Es una jugada clásica: mover la cámara. Que no se vea el fraude. Que no se vea Quirón. Que no se vean las facturas falsas. Que no se vean las empresas pantalla. Que no se vea la casa. Que no se vea el dinero. Que se vea únicamente una supuesta conspiración contra ella, porque el ayusismo no gobierna: se interpreta a sí mismo como víctima permanente mientras reparte poder real.

La pregunta no es si González Amador es novio, vecino o paisano. La pregunta es por qué la presidenta de una comunidad autónoma, su jefe de gabinete, su ecosistema mediático y su televisión pública han dedicado tantos esfuerzos a quitar hierro a cinco delitos. La pregunta es por qué una investigación sobre fraude fiscal, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal se intenta presentar como una persecución sentimental. La pregunta es quién protege a quién cuando el dinero privado se cruza con contratos sanitarios públicos.

Al final, lo que llaman cacería huele demasiado a blindaje de clase. Lo que llaman asedio parece más bien una Justicia intentando mirar donde el poder exige que nadie mire.