Peinado aprieta contra Begoña Gómez pese al informe de la UCO 

El juez cita a los investigados el 9 de junio, agita el fantasma de la fuga y mantiene viva una causa que las defensas denuncian como empujada por acusaciones de extrema derecha.

UNA CAUSA QUE AVANZA A GOLPE DE SOSPECHA

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido volver a citar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al empresario Juan Carlos Barrabés y la asistente de Moncloa Cristina Álvarez. La fecha marcada es el 9 de junio. Ese día deberán comparecer personalmente en una audiencia preliminar que funciona como paso previo a la posible apertura de juicio oral ante un tribunal del jurado. Y no de cualquier manera. El magistrado les apercibe de que, si no acuden, podrán ser conducidos por la fuerza pública.

La palabra elegida no es menor. Peinado sostiene que los delitos que se les atribuyen —malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida— y las penas posibles podrían provocar una conducta “tendente a eludir la acción de la Justicia”. Dicho de otra forma: el juez introduce la sombra de la fuga antes incluso de que se haya abierto juicio oral.

Ahí está el problema. No en que un juez investigue. Eso entra dentro de sus funciones. El problema aparece cuando la investigación empieza a parecer una maquinaria de presión política, cuando cada resolución parece escrita no solo para el expediente judicial, sino para el titular, para la tertulia y para esa derecha que lleva años buscando convertir los juzgados en una segunda urna.

La Justicia no puede funcionar como una fábrica de sospechas acumuladas. Menos aún cuando el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se aleja de una de las tesis más graves manejadas durante la instrucción: que Begoña Gómez habría usado su posición para conseguir dinero de empresas y enriquecerse. Tras analizar sus cuentas bancarias, la UCO concluye que la información revisada “concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando”.

Ese dato debería pesar. Mucho. Porque no hablamos de una opinión en una barra de bar ni de una consigna de partido. Hablamos de un informe policial incorporado al sumario. Y, aun así, la causa avanza hacia el escenario del jurado popular, con una intensidad procesal que contrasta bastante con la fragilidad de algunas de las hipótesis que han rodeado el caso.

La defensa de Begoña Gómez, encabezada por Antonio Camacho, ha pedido la libre absolución. Lo hace con una idea clara: los hechos investigados no serían constitutivos de delito y “no procede la imposición de pena ni sanción de ninguna clase”. También solicita que las costas procesales recaigan sobre las acusaciones de extrema derecha que han impulsado la causa, a las que atribuye “temeridad y mala fe”.

Y aquí conviene detenerse. Porque no es una anécdota. Cuando la extrema derecha entra por la puerta de los tribunales, muchas veces no busca justicia: busca desgaste, barro y espectáculo. Busca convertir la imputación en condena mediática, el trámite en sentencia social y la sospecha en munición parlamentaria. Luego ya se verá. Luego ya se archivará. Luego ya dirán que “algo habría”.

EL JURADO, LA MONCLOA Y FERNANDO VII

El 13 de abril trascendió que Peinado daba por cerrada la investigación abierta hace dos años contra Begoña Gómez y proponía llevarla a juicio ante un jurado popular. Lo hacía después de archivar, conforme al mandato de la Audiencia Provincial, la acusación por intrusismo. Pero mantenía el resto del armazón: Gómez, Álvarez y Barrabés como investigados, y una tesis central basada en la supuesta influencia de la esposa del presidente sobre autoridades y funcionarios.

El juez sostiene que desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y después al Gobierno, se habrían adoptado decisiones públicas favorables a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid gracias a su “posición relacional”. Ese concepto —posición relacional— tiene una elasticidad peligrosa. Sirve para insinuar mucho. Sirve para probar menos.

En el delito de tráfico de influencias, Peinado concede especial relevancia a que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa, su domicilio oficial, para mantener reuniones vinculadas a proyectos empresariales y académicos. El juez llegó a comparar esas conductas con prácticas “más propias de regímenes absolutistas” y afirmó que “quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII” para analizarlas.

La frase es llamativa. Demasiado llamativa. Porque introduce una carga política e histórica que parece más pensada para provocar impacto que para explicar jurídicamente los hechos. Cuando una resolución judicial necesita mirar a Fernando VII para describir una reunión en Moncloa, algo se ha desbordado en el lenguaje institucional.

Peinado invoca el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que establece que, una vez presentados los escritos de defensa, el instructor debe señalar la audiencia preliminar y resolver sobre las diligencias solicitadas. Hasta ahí, procedimiento. Pero el auto también rechaza buena parte de las peticiones de las defensas y deja muchas otras en manos de lo que decida más adelante la presidencia del Tribunal del Jurado.

Hay otra tensión evidente. El propio juez recuerda que las defensas pueden renunciar a la audiencia preliminar si aceptan la apertura de juicio oral, aunque esa renuncia debe ser conjunta. Pero, al mismo tiempo, exige la presencia obligatoria de los tres investigados bajo amenaza de intervención policial. La imagen es potente. Y dura. Tres personas obligadas a comparecer mientras se instala la idea de que podrían intentar escapar de la Justicia.

Así se construye el clima. No solo el procedimiento.

Y ese clima tiene consecuencias. Para Begoña Gómez, para Cristina Álvarez, para Juan Carlos Barrabés y también para la salud democrática de un país donde una parte de la derecha política y mediática ha descubierto que la batalla judicial puede ser más rentable que la batalla electoral. No hace falta ganar un caso para hacer daño. Basta con sostenerlo, filtrarlo, deformarlo y repetirlo.

El lawfare no siempre entra dando un golpe en la mesa; a veces entra vestido de trámite, con sello judicial y titulares preparados para hacer el resto.