El Consell intenta trocear la huelga educativa mientras el profesorado exige negociar de verdad 

La Conselleria presume de acuerdo histórico, pero mantiene ratios rechazadas por las y los docentes y presiona para firmar por partes lo que debería resolverse de forma global.

UNA NEGOCIACIÓN A GOLPE DE MICROACUERDOS

El Gobierno valenciano ha decidido convertir una huelga educativa indefinida en un ejercicio de desgaste. No negocia: administra la presión. No resuelve: trocea el conflicto. Y mientras el profesorado cumple ya su duodécima jornada de huelga, la Conselleria de Educación intenta vender como avance lo que, en realidad, huele demasiado a maniobra política.

El lunes 25, CSIF y ANPE aceptaron el llamado “microacuerdo” salarial planteado por la Conselleria: 200 euros de subida en tres tramos. Ese movimiento rompió la unidad sindical que hasta entonces sostenía la protesta. Y no es un detalle menor. Porque cuando una administración no consigue convencer al conjunto del profesorado, puede optar por mejorar la propuesta o por dividir a quienes protestan. El Consell parece haber elegido lo segundo.

El martes 26, desde las 16:00 horas, representantes del Gobierno valenciano y de las y los docentes volvieron a sentarse para intentar cerrar un acuerdo global que permitiera desconvocar la huelga. Era el segundo día consecutivo de negociación y la mesa tendrá continuidad este miércoles 27, el tercer encuentro de la semana. Pero el problema sigue intacto: la Conselleria quiere acuerdos por separado, mientras STEPV, CCOO y UGT reclaman un documento completo, sometido a consulta y con respuestas reales sobre ratios, plantillas, infraestructuras y burocracia.

La escena es bastante clara. Daniel McEvoy, secretario autonómico, explicó al inicio de la reunión que el acuerdo cerrado “a puerta cerrada” con CSIF y ANPE vinculaba el IPC a todo el complemento específico, es decir, a los 200 euros, y no solo a los últimos 50 euros correspondientes a 2028, como se había dicho inicialmente. STEPV, CCOO y UGT lo leyeron como un cambio de reglas. La Conselleria lo niega. Qué sorpresa.

El problema no es solo cuánto se paga. El problema es cómo se negocia, con quién se negocia y qué se intenta esconder detrás de la palabra acuerdo. Porque en el sector público basta con que el Gobierno autonómico esté dispuesto a negociar y puede pactar con una minoría sindical. Legal, sí. Democrático en el sentido fuerte de la palabra, bastante menos. La legalidad también sirve, demasiadas veces, para maquillar decisiones tomadas desde arriba.

RATIOS INTACTAS, AULAS SATURADAS Y PROFESORADO SIN CONSULTA

La cuestión central sigue donde estaba. Las ratios. La Conselleria mantiene 22 alumnos por aula en Educación Infantil, con 18 en el tramo de 2 a 3 años; 25 en Primaria; entre 27 y 30 en la ESO, aumentando una persona por curso; 33 en primero de Bachillerato y 34 en segundo. Y luego se extrañan de que el profesorado no firme.

McEvoy emplazó a los sindicatos a presentar este miércoles 27 un nuevo documento calendarizado, pero sin tocar el número de alumnado por aula. Es decir: traigan ustedes calendario, pero no cambien lo importante. Hagan el envoltorio. No cuestionen el producto. Eso no es negociar una bajada de ratios; es pedirle al profesorado que decore una negativa.

La reunión prevista para este miércoles sobre infraestructuras y plantillas arranca a las 9:30 horas. Casi al mismo tiempo, las y los docentes están convocados a manifestarse en València a las 11:00 horas, desde la Plaza de San Agustín hasta la sede de la Conselleria, en la avenida de Campanar. La foto es perfecta, por desgracia: dentro, una administración calculando cómo cerrar el conflicto; fuera, quienes sostienen la escuela pública recordando que no son una molestia presupuestaria, sino la columna vertebral del sistema educativo.

STEPV, CCOO y UGT, que representan al 70% de los docentes, rechazaron firmar acuerdos por separado porque quieren consultar al conjunto del profesorado. Marc Candela, de STEPV, habló de “mala fe negociadora” y calificó de insuficiente la propuesta sobre ratios. También reconoció avances en burocracia, pero fue claro: nada sin consulta. Xelo Valls, de CCOO, defendió que consultar es esencial en una situación así. Maite Tarazona, de UGT, admitió acercamientos en burocracia, pero insistió en llevar cualquier acuerdo a las bases.

Ahí está la línea roja. No se trata de rechazarlo todo. Se trata de no aceptar que la administración fragmente el conflicto para desactivarlo. Porque una subida salarial sin ratios dignas, sin plantillas suficientes y sin infraestructuras adecuadas puede mejorar una nómina, pero no arregla la escuela. Y la educación pública no se sostiene solo con titulares de “mejor acuerdo de España”. Se sostiene con aulas habitables, tiempo para atender a la diversidad, centros en condiciones y profesorado que no tenga que elegir entre resistir o rendirse.

CSIF, por su parte, ya valora bajarse de la huelga. José Seco dijo que, si hay senda de negociación, habrá que ver si es “ético” mantener una situación tan gravosa para las y los docentes. La palabra ética, usada así, tiene filo. Porque también cabría preguntarse si es ético mantener ratios rechazadas por el profesorado. Si es ético negociar a puerta cerrada. Si es ético presentar como tensión de los claustros lo que nace de años de sobrecarga, abandono y recortes disfrazados de gestión.

McEvoy remató con una “valoración agridulce” y defendió un acuerdo “extraordinariamente bueno”, con decreto de simplificación burocrática, auditoría de cargas administrativas y una nueva orden de atención a la diversidad. Luego insistió en que el acuerdo retributivo es “el mejor que se ha firmado nunca en la Comunitat Valenciana y el mejor de España”. Puede repetirlo todas las veces que quiera. Un acuerdo no es histórico porque lo diga la Conselleria. Lo es cuando lo reconoce quien trabaja cada día en las aulas.

Mientras tanto, más de 250 correctores valencianos de la PAU amenazan con retrasar los exámenes ausentándose de los tribunales. Otro síntoma. Otra grieta. Otra señal de que el sistema educativo valenciano no está ante una pataleta sindical, sino ante un choque de fondo entre quienes gestionan desde el despacho y quienes cargan con las consecuencias.

El Consell puede seguir hablando de acuerdos extraordinarios, pero si necesita dividir, presionar y evitar la consulta al profesorado, quizá el acuerdo no era tan extraordinario: quizá era solo otro intento de gobernar la escuela pública como si fuera una partida contable.