Loiu no se tapa con ETA: el Gobierno vasco intenta convertir los porrazos a la Flotilla en un problema de orden público 

La Ertzaintza cargó contra quienes recibían a activistas de la Global Sumud Flotilla y el PNV respondió sacando del cajón la “extrema izquierda”, ETA y el viejo manual de criminalizar la solidaridad.

CUANDO LA SOLIDARIDAD MOLESTA AL PODER

Bingen Zupiria empezó pidiendo perdón en inglés. “We are sorry for what happened”, dijo el consejero de Seguridad del Gobierno vasco el 26 de mayo, en el Parlamento Vasco, después de que las imágenes de las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu diesen la vuelta al mundo. También condenó el genocidio cometido por el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Hasta ahí, el guion parecía mínimamente decente.

Duró poco.

Porque inmediatamente después el Gobierno vasco hizo lo de siempre que hace el poder cuando las imágenes son demasiado claras: sacar el foco de los porrazos y llevarlo a otra parte. Ya no se hablaba de activistas de la Global Sumud Flotilla recibidos a golpes. Ya no se hablaba de una actuación policial que el propio Ejecutivo admitía que “no debía haberse producido”. Se hablaba de “orden público”. De una supuesta “agresión” a un agente. De “desobediencia”. De redes sociales. De Fiscalía. De la “extrema izquierda”. Y, cómo no, de ETA.

Hay una maquinaria política muy vieja que consiste en convertir a quien protesta en sospechoso antes de responder por la violencia institucional. En Loiu, esa maquinaria volvió a encenderse. Zupiria sostuvo que “la Ertzaintza no golpeó a nadie por su ideología o su activismo”. Puede ser. Pero las imágenes existen. Y cuando una policía carga contra quienes reciben a activistas que vienen de denunciar el genocidio en Gaza, la explicación no puede limitarse a decir que todo fue un asunto técnico de acceso a una puerta de llegadas.

Según el relato oficial, Aena pidió auxilio a la Ertzaintza porque se obstaculizaba la salida de viajeros. A las 12.05 horas, casi dos horas antes de la llegada de las y los miembros de la Flotilla, ya hubo dos personas identificadas. Después llegaron refuerzos desde Bilbao: tres furgonetas de la Brigada Móvil, aprovechando que ese día había un dispositivo especial por las finales europeas de rugby. También estaban agentes de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Erandio. En total, según se desprende del operativo, había alrededor de 25 agentes.

El Gobierno vasco afirma que se pactó con un “responsable” de la concentración una zona para la bienvenida y hasta para un aurresku de honor. También dice que se acordó no rebasar una barrera metálica. Y que, cuando la gente la superó, la fuerza desplegada “transigió” al principio. Todo muy administrativo. Muy limpio sobre el papel. Muy distinto a lo que se vio después.

Porque lo que se vio fueron cargas. Porrazos. Personas reducidas. Activistas golpeados. Un recibimiento solidario convertido en escena policial. La burocracia del orden público siempre suena más civilizada que el ruido real de una defensa extensible contra un cuerpo.

EL VIEJO TRUCO DE CRIMINALIZAR A QUIEN PROTESTA

Zupiria aseguró que hubo cuatro detenidos, trasladados después a centros médicos para revisión. También afirmó que Asuntos Internos ha abierto un atestado por un posible delito de lesiones. Uno de los detenidos presentaba “un rasponazo en la frente”. Otra persona, “sangre en la ceja derecha” y una rojez en la parte superior derecha de la espalda. Del lado policial, el consejero sostuvo que siete ertzainas resultaron lesionados y causaron baja laboral.

Esos datos importan. Todos. También importa cómo se usan.

Porque una cosa es investigar lo ocurrido y otra muy distinta es fabricar un marco político para justificar lo injustificable. Y ahí Zupiria cruzó una línea muy reconocible. Recordó que entre las personas presentes había dos exmiembros de ETA, uno condenado a seis años de prisión y otra a doce años. ¿Qué aportaba ese dato a la explicación de las cargas contra la Flotilla? Nada inocente. Servía para contaminar el relato. Para sugerir que aquello no era una protesta solidaria, sino una escena con sombras. Para activar reflejos. Para decir sin decir.

Cuando un gobierno necesita mencionar ETA para explicar una carga policial contra activistas propalestinas y propalestinos en 2026, el problema no es solo policial. Es político.

El consejero dijo también que hay quienes no quieren que haya Policía, “ni siquiera si esa Policía es vasca”. Habló de “cenizas” de otra época, de “sentimiento venenoso”, de la “extrema izquierda” y de una supuesta pugna interna que tendría a la Ertzaintza como bandera política. Ahí está el núcleo. No se trata solo de Loiu. Se trata del modelo policial, de la impunidad corporativa y de la alergia institucional a cualquier protesta que no entre por ventanilla, con permiso, hora asignada y docilidad suficiente.

EH Bildu y Sumar habían pedido la comparecencia. Zupiria acudió en 72 horas, un tiempo casi récord para la Cámara vasca. Gorka Ortiz de Guinea, portavoz abertzale, lamentó que no fuera posible “este nivel de justificación” y afirmó que “los únicos que aplauden” a la Policía autonómica son “los que aplauden el genocidio”. Jon Hernández, de Sumar, habló de “brutalidad” y se mostró “decepcionado” por unas explicaciones atravesadas por referencias a ETA y sin una asunción real de responsabilidades por los porrazos.

El PP, por su parte, hizo lo previsible. Condenó el “linchamiento” de las y los agentes y agitó el espantajo de la “izquierda radical” y los “euskofascistas”. El PSE-EE, socio del PNV, se refugió en una fórmula tibia: lo ocurrido “no debía haber ocurrido” y hay que “revisar” la actuación policial. Revisar. Otra palabra cómoda cuando nadie quiere decir depurar responsabilidades.

La cuestión de fondo es brutalmente sencilla. Una infraestructura puede tener normas. Una protesta puede estar comunicada o no. Una puerta de llegadas puede necesitar orden. Pero nada de eso convierte una bienvenida a activistas de la Flotilla en una amenaza que deba resolverse a golpes. El orden público no puede ser la coartada democrática para domesticar la solidaridad internacionalista.

Y mientras Gaza sigue bajo asedio, mientras Israel mantiene su maquinaria de muerte y castigo colectivo, aquí algunos gobiernos europeos siguen midiendo cada gesto de apoyo al pueblo palestino con lupa policial. No vaya a ser que la solidaridad moleste más que el genocidio. No vaya a ser que una pancarta incomode más que un Estado arrasando vidas.

Loiu deja una imagen demasiado clara: cuando la dignidad entra por la terminal, el poder corre a levantar un cordón.