El Estado quiere meter miedo: cárcel para activistas climáticos por pintura lavable y 5.800 euros 

La Fiscalía reconoce que busca un castigo ejemplar para frenar la protesta climática mientras el planeta arde y los grandes contaminadores siguen blindados

La escena tiene algo obsceno. Nueve activistas climáticos sentados en el banquillo por arrojar agua con témpera roja sobre la fachada del Congreso de los Diputados el 30 de marzo de 2023. La Fiscalía pide para ellas y ellos 21 meses de prisión. No por violencia. No por poner en riesgo vidas. No por causar daños irreparables. Por una protesta pacífica cuya limpieza costó 5.800 euros, incluyendo la mano de obra. Una cifra que ya ha sido consignada por las personas acusadas.

Pero esto ya no va de dinero. Va de disciplinar. De dar un escarmiento. De dejar claro que protestar contra el colapso climático empieza a salir caro si incomodas demasiado.

Y lo más grave es que ni siquiera lo esconden.

El propio fiscal admitió durante el juicio que el objetivo de solicitar penas de cárcel era “prevenir que no se repita”. Que no vuelvan a hacerlo. Porque, dijo literalmente, si no “se puede pagar una multa y ya está”. La frase retrata perfectamente el momento político. La justicia ya no aparece solo como mecanismo para juzgar hechos concretos. También como herramienta de intimidación política.

Mientras tanto, las empresas fósiles siguen acumulando beneficios récord. Los fondos de inversión continúan especulando con el desastre climático. Y quienes alertan de ello terminan perseguidas y perseguidos como si fueran una amenaza para el orden público.

CRIMINALIZAR LA PROTESTA PARA PROTEGER EL NEGOCIO

Lo que está ocurriendo con Futuro Vegetal no es un caso aislado. Es una deriva. Una muy peligrosa.

España se ha convertido en uno de los únicos tres países democráticos, junto a Estados Unidos y Alemania, que utilizan leyes pensadas contra el crimen organizado para perseguir a activistas climáticos. Y eso no lo denuncia un panfleto militante. Lo documentó una investigación de la Universidad de Bristol, que alertó sobre el creciente proceso internacional de criminalización de las protestas ambientales.

La lógica es perversa. Si una protesta corta una carretera, es “coacción”. Si alguien tira pintura lavable a una fachada institucional, se habla de “daños”. Si varias personas se coordinan, empiezan a aparecer conceptos como “organización criminal”. El lenguaje penal se expande hasta convertir la disidencia en una amenaza sistémica.

Y claro que buscan generar miedo. Un activista con antecedentes penales, aunque no llegue a entrar en prisión, carga durante años con una mochila que limita trabajo, viajes y futuras acciones de protesta. Lo saben perfectamente.

Por eso este juicio importa tanto.

Porque no están juzgando únicamente a nueve personas. Están enviando un mensaje a toda una generación que ha crecido viendo incendios, sequías, olas de calor y ciudades convertidas en hornos mientras los gobiernos repiten discursos vacíos sobre sostenibilidad.

La Fiscalía llegó a pedir la misma pena para personas que ni siquiera lanzaron pintura. Una desplegó una pancarta. Otra llevaba una bata de protesta. Otra habló con agentes de policía y fue acusada de “distraer”. Da igual el grado de participación real. Lo importante era construir la idea de una acción coordinada y organizada para justificar el castigo ejemplarizante.

Todo muy desproporcionado. Muy calculado.

EL VERDADERO “DAÑO” ES EL QUE EL SISTEMA QUIERE OCULTAR

Hay algo profundamente cínico en todo esto. Se persigue con dureza a quienes lanzan pintura lavable mientras se normaliza la destrucción permanente de ecosistemas enteros.

Una de las acusadas, la ambientóloga Belén Díaz, lo resumió con una claridad incómoda durante el juicio: “Los daños a los ecosistemas de los que vivimos son irreversibles”. Y añadió algo devastador. Que esos daños no se arreglan “con una limpiadora karcher”.

Ahí está el núcleo del conflicto.

Porque el verdadero escándalo no son unos chorros de témpera sobre piedra institucional. El verdadero escándalo es un sistema económico que necesita destruir el planeta para seguir funcionando mientras castiga a quienes intentan llamar la atención sobre ello.

Los propios acusados insistieron en que se trataba de una acción pacífica y sin violencia. Nadie resultó herido. No hubo alteración grave de la seguridad. Uno de los abogados defensores llegó a plantear durante la vista una pregunta muy simple: “¿Se afectó a la seguridad ciudadana? No”.

Pero parece que molestar al poder pesa más que contaminar ríos, especular con recursos básicos o financiar campañas de desinformación climática.

La transformación del activismo climático en enemigo interno también tiene mucho de batalla cultural. Hace unos años la imagen dominante era la de una adolescente como Greta Thunberg manifestándose con una pancarta. Ahora el relato oficial intenta presentar a las y los activistas como fanáticos peligrosos. Como radicales. Como personas que “van demasiado lejos”.

Es una estrategia vieja. Primero ridiculizan. Después criminalizan. Luego castigan.

Y mientras se celebra este juicio, España sigue sufriendo sequías históricas, récords de temperatura y una desertificación cada vez más acelerada. Pero parece que el problema urgente para parte del aparato judicial no es el colapso climático. Es la pintura lavable.

Hay algo enfermizo en una democracia que tolera mejor la destrucción del planeta que la protesta contra esa destrucción.