La Audiencia Nacional blinda al comisario del montaje contra Urbán pese al esperpento de la “cocaína venezolana” 

La justicia acepta como “obstáculo insalvable” el testimonio delirante de un confidente que situó a Miguel Urbán moviendo 40 kilos de cocaína por Malasaña y celebrándolo a gritos en un bar.

La llamada guerra sucia contra Podemos sigue dejando una imagen devastadora del aparato policial y judicial español. Y no precisamente porque se estén depurando responsabilidades. Más bien al contrario. La Audiencia Nacional acaba de respaldar la negativa del juez Santiago Pedraz a imputar, por ahora, al comisario José Luis Olivera, uno de los nombres más señalados en las operaciones policiales y mediáticas que intentaron destruir a la formación morada desde las cloacas del Estado.

Todo pese a que el relato que dio origen a la operación era sencillamente grotesco. Un confidente aseguró que Miguel Urbán había transportado una bolsa con 40 kilos de cocaína hasta un pub de Malasaña, donde supuestamente se vendió la droga mientras el entonces eurodiputado celebraba la operación “a gritos”, asegurando que la cocaína era venezolana y que serviría para financiar a Podemos. Literalmente eso. Y aun así, la maquinaria policial se puso en marcha.

Porque el problema nunca fue la credibilidad del relato. El problema era Podemos. Había que construir algo. Lo que fuera.

UNA HISTORIA ABSURDA QUE SIRVIÓ PARA ACTIVAR LAS CLOACAS

La resolución de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal asume el argumento de Pedraz: como el confidente ratificó posteriormente su declaración ante la Fiscalía Antidroga, eso basta para considerar legítima la actuación policial. Aunque todo acabara archivado. Aunque no apareciera ni una prueba. Aunque el relato pareciera escrito por un tertuliano desquiciado después de tres horas viendo series policiales malas.

Los magistrados llegan a afirmar que esa ratificación constituye un “obstáculo insalvable” para atribuir “móviles espurios” a los policías implicados. Es decir, el simple hecho de que un testigo mantuviera una mentira delirante ante Fiscalía serviría para blindar a quienes impulsaron la operación.

La cuestión es brutal: si alguien inventa una historia absurda pero la repite dos veces, ¿ya desaparece la posibilidad de investigar una manipulación policial?

Todo esto ocurrió en 2016, en plena ofensiva política, policial y mediática contra Podemos. El partido acababa de lograr 69 escaños en diciembre de 2015 y amenazaba con alterar el tablero político español. La posibilidad de un gobierno de coalición progresista activó todas las alarmas en determinados despachos del Estado profundo. Y empezó la cascada de informes falsos, filtraciones interesadas, cuentas inventadas en paraísos fiscales, supuestas financiaciones iraníes y operaciones policiales cocinadas desde Interior.

El objetivo era evidente. Asociar a Podemos con narcotráfico, Venezuela y blanqueo de capitales para justificar investigaciones prospectivas y abrir la puerta al acceso a sus cuentas. Lo importante no era demostrar delitos. Bastaba con sembrar sospechas. Titulares. Ruido. Portadas. La intoxicación como arma política.

De hecho, una nota anónima enviada a la Fiscalía Antidroga ya vinculaba aquella supuesta operación de droga con el blanqueo de capitales del partido. La estrategia era transparente. Primero se lanza la basura. Después, ya veremos si alguien la limpia.

Y mientras tanto, años después, quienes impulsaron aquellas maniobras siguen moviéndose entre autos judiciales ambiguos y decisiones que eternamente aplazan responsabilidades.

EL CONFIDENTE YA “NO RECUERDA NADA”, PERO EL DAÑO SIGUE HECHO

El esperpento alcanzó otro nivel el pasado viernes. El confidente, Hugo Chiquero, declaró en la Audiencia Nacional y aseguró que no recordaba prácticamente nada de aquella historia. Nada. Ni siquiera si fue condicionado por agentes policiales para realizar la denuncia inicial.

La representación legal de Podemos ha pedido ahora que vuelva a declarar, pero ya en calidad de investigado. Tiene lógica. Porque resulta difícil sostener que alguien puede activar una operación policial y judicial de semejante gravedad y después esconderse detrás de un cómodo “no me acuerdo”.

Según el escrito presentado por Podemos, Chiquero exhibió una “supuesta falta de memoria” sobre hechos que él mismo aseguró haber presenciado. La formación también solicita que Asuntos Internos informe sobre posibles antecedentes policiales y penales del confidente, otras denuncias que hubiera presentado y si recibió pagos con fondos reservados.

Esa es otra de las sombras permanentes de las cloacas: los confidentes remunerados, las denuncias fabricadas, las operaciones cocinadas desde despachos policiales y la utilización del aparato del Estado para intervenir políticamente.

La Audiencia deja abierta una futura imputación de Olivera. Formalmente, sí. Los magistrados reconocen que la investigación podría derivar en nuevas responsabilidades “en función de los resultados”. Pero el mensaje político y judicial que queda hoy es otro: incluso una operación sustentada en un relato disparatado puede sobrevivir durante años sin consecuencias reales para quienes la impulsaron.

Y eso tiene implicaciones profundas. Porque cuando las instituciones aceptan normalizar montajes policiales contra adversarios políticos, lo que se degrada no es solo la justicia. Se degrada la democracia misma. Poco a poco. Auto a auto. Mentira a mentira.

Lo más inquietante no es que alguien inventara la historia de los 40 kilos de cocaína. Lo verdaderamente peligroso es que demasiadas estructuras del Estado decidieran actuar como si pudiera ser verdad.