Ayuso y los 71 millones perdonados a la sanidad privada: la Fiscalía propone archivar la denuncia, 

La denuncia socialista señalaba una deuda generada entre hospitales públicos y grupos privados. La Fiscalía no ve indicios suficientes. La pregunta política sigue intacta: quién paga cuando la sanidad pública trabaja y la privada cobra.

LA DEUDA QUE NADIE QUIERE MIRAR DE FRENTE

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha propuesto archivar la denuncia presentada en febrero por el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por haber perdonado una deuda de 71 millones de euros a Quirón y Ribera Salud. No es una cifra menor. No es un descuadre administrativo perdido en una carpeta. Son 71 millones en una comunidad donde las listas de espera, la saturación de la Atención Primaria y el deterioro de los servicios públicos no son una metáfora, sino la vida cotidiana de millones de madrileñas y madrileños.

La denuncia sostenía que esa deuda se habría generado porque la sanidad pública asumió y trató a pacientes procedentes de grupos privados y concertados. Es decir, pacientes vinculados a operadores privados que terminaron siendo atendidos por hospitales públicos. Según el planteamiento socialista, el problema estaba en el deficiente seguimiento y control de la facturación entre hospitales de gestión directa y centros bajo régimen de concesión privada. Dicho de forma menos técnica: la pública habría puesto recursos, personal, camas, pruebas y tratamientos, mientras la privada se libraba de pagar lo que debía.

El caso venía de atrás. Entre 2017 y 2023, según las informaciones publicadas sobre el expediente, el sistema público madrileño no habría cobrado tratamientos realizados a pacientes que llegaban desde la concertada. El Tribunal de Cuentas dio pasos para analizar el sistema de facturación tras la denuncia socialista y después de que el asunto saltara a la prensa. Cinco de esos siete años corresponden a gobiernos de Ayuso. Conviene decirlo así, sin adornos. No estamos hablando de un accidente de una mañana, sino de un modelo sostenido durante años.

La Fiscalía, sin embargo, considera que la denuncia “no proporciona indicios de un perjuicio real para los fondos públicos” y entiende que lo planteado sería más bien una fiscalización, algo ajeno a la jurisdicción contable. La diferencia es jurídica, sí. Pero políticamente deja un agujero enorme. Porque una cosa es que el Tribunal de Cuentas no pueda juzgar unos hechos por falta de concreción técnica y otra muy distinta es que el Gobierno de Madrid quede absuelto moralmente de explicar por qué existen 71 millones en tratamientos no cobrados a dos gigantes de la sanidad privada.

La Fiscalía también reprocha que la denuncia señale como responsables al Sermas, la Consejería de Sanidad y la Comunidad de Madrid, pero sitúe parte del foco en la cumplimentación de historias clínicas, una tarea que corresponde a las trabajadoras y trabajadores sanitarios. Y aquí aparece una trampa muy conocida. Las enfermeras y enfermeros, las médicas y médicos, las administrativas y administrativos no diseñan el negocio sanitario madrileño. No deciden qué se factura, qué se perdona o qué se deja morir en un cajón. La responsabilidad política no puede esconderse detrás de quienes sostienen el sistema con jornadas imposibles.

CUANDO LA PRIVADA GANA, LA PÚBLICA PAGA

El argumento de la Fiscalía puede cerrar una puerta contable, pero no cierra la pregunta democrática. ¿Cómo se controla la relación entre hospitales públicos y concesiones privadas en Madrid? ¿Quién revisa los cobros? ¿Quién exige el pago? ¿Quién firma, quién mira hacia otro lado, quién decide que determinadas empresas vivan siempre en el lado amable de la administración? Porque aquí no hablamos de una pequeña clínica de barrio, sino de Quirón y Ribera Salud, nombres centrales en el negocio sanitario que ha crecido al calor de la privatización, las derivaciones y los conciertos.

La Comunidad de Madrid ha convertido la sanidad en un laboratorio ideológico. Primero se deteriora lo público. Luego se presenta la privada como solución. Después se alimenta a la privada con dinero público. Y cuando aparecen zonas oscuras en la facturación, la respuesta acaba siendo un jeroglífico administrativo en el que nadie parece responsable de nada. Ese es el capitalismo madrileño aplicado a la salud: socializar costes, privatizar beneficios y llamar eficiencia al saqueo silencioso.

El Ministerio Público sostiene que la denuncia no identifica actos concretos de gestión que puedan dar lugar a responsabilidad contable, que se apoya en obligaciones genéricas de supervisión, seguimiento o control, y que tampoco concreta normas vulneradas. Vale. Ese es el terreno jurídico. Pero el terreno político es otro. Si durante años se acumulan importes millonarios no cobrados a concesionarias privadas, el problema no desaparece porque una denuncia no esté perfectamente construida. Lo que desaparece, si se permite, es la exigencia de rendición de cuentas.

La decisión definitiva no corresponde a la Fiscalía, sino al órgano competente del Tribunal de Cuentas. La propuesta de archivo no es todavía una sentencia política ni una goma de borrar institucional. Pero el Gobierno de Ayuso ya conoce el terreno. Cuando una causa avanza, denuncia persecución. Cuando una causa se archiva o se enfría, vende inocencia. Siempre gana el relato. Siempre pierde la ciudadanía.

Lo grave es la normalidad. La normalidad con la que 71 millones de euros pueden quedar reducidos a un problema de encaje jurídico. La normalidad con la que las grandes empresas sanitarias aparecen una y otra vez en el centro del tablero madrileño. La normalidad con la que se pide paciencia a las y los pacientes mientras se protege el mecanismo que convierte la enfermedad en negocio. Madrid no tiene un problema aislado de facturación. Tiene un sistema político entregado a quienes entienden la salud como una cuenta de resultados.

Y por eso este archivo propuesto, si finalmente se confirma, no debería servir para cerrar el asunto. Debería abrirlo más. Más preguntas. Más documentos. Más auditoría pública. Más control. Más explicación ante las madrileñas y madrileños que pagan impuestos para sostener hospitales, no para engordar balances privados. Porque cuando la sanidad pública cura y la privada no paga, alguien está robando futuro aunque el expediente no encuentre el cajón exacto donde poner el delito.