Se vende Aragón: el precio del poder entre PP y Vox 

La derecha más extrema y la extrema derecha se ponen de acuerdo para endurecer la política migratoria, frenar renovables y asumir sin disimulo la agenda ultra

Aragón ha entrado en una nueva fase política. Y no precisamente moderada. El acuerdo firmado el 22 de abril entre el PP de Jorge Azcón y Vox de Alejandro Nolasco deja poco margen a la interpretación: el precio del poder ha sido asumir buena parte del ideario de la extrema derecha. No es un matiz, ni un ajuste. Es un giro hacia la extrema derecha. Uno que, además, endurece lo firmado en 2023 y replica, con variaciones locales, el modelo ya ensayado en Extremadura.

La imagen de ambos dirigentes estrechándose la mano resume bien el momento. Pero lo relevante está en el documento. Un texto que, más allá de la retórica institucional, introduce cambios profundos en inmigración, vivienda, medio ambiente y políticas públicas. Y que vuelve a situar a Aragón en el mapa de los pactos donde la derecha tradicional deja de marcar límites.

Inmigración: de la gestión a la persecución

El eje central del acuerdo es claro. La inmigración deja de tratarse como una cuestión social o administrativa para convertirse en un problema político a combatir. Se habla de “prioridad nacional”, de reforzar el arraigo, de limitar el acceso a ayudas. Se insiste. Mucho.

Uno de los puntos más controvertidos es el rechazo explícito a la llegada de menores migrantes. El documento lo formula sin rodeos: “No más ‘menas’”. Una posición que se acompaña de propuestas como el endurecimiento del régimen interno de los centros, la realización de pruebas de edad con una partida de 100.000 euros o la búsqueda de acuerdos de repatriación.

También aparece la reforma del padrón municipal. La idea es crear un sistema de verificación para evitar lo que consideran “uso fraudulento”. Esto afecta directamente al acceso a vivienda protegida, ayudas públicas y prestaciones sociales. Todo ello bajo un mismo marco: restringir. Filtrar. Priorizar según nacionalidad.

El lenguaje no es neutro. Tampoco las medidas. Se plantea excluir de ayudas a personas en situación irregular salvo “urgencia vital”, sin detallar qué significa exactamente. Y se propone eliminar programas educativos como el de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en centros escolares. Una decisión que no es solo educativa. Es simbólica.

En paralelo, el acuerdo incluye auditorías anuales del gasto en inmigración y recortes a ONG que trabajen en este ámbito. La cooperación internacional, por su parte, se reducirá al “mínimo legal”. Una reconfiguración completa del papel institucional frente a la diversidad social.

Vivienda, fiscalidad y territorio: el otro frente del pacto

En vivienda, el concepto de “prioridad nacional” vuelve a aparecer. El acceso a pisos protegidos exigirá un arraigo mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler. Se introducen además criterios adicionales y exclusiones para personas con antecedentes relacionados con ocupación en los últimos cinco años.

El giro también es económico. PP y Vox plantean una bajada generalizada de impuestos, con cambios en los tramos del IRPF y deducciones por natalidad que pueden alcanzar los 2.500 euros para familias con tres hijos. Una medida que, en términos prácticos, beneficia más a quienes ya tienen capacidad económica.

En el plano territorial, el acuerdo incorpora elementos específicos de Aragón. Uno de los más destacados es el plan plurianual para la limpieza del Ebro y la defensa frente a inundaciones. Sin embargo, llama la atención la ausencia de referencias a la Confederación Hidrográfica, organismo clave en la gestión del río.

Las energías renovables también entran en el foco. El pacto establece un compromiso para frenar la instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos. Una decisión que se presenta como defensa del territorio, aunque introduce incertidumbre sobre el desarrollo energético y la transición ecológica.

El sector primario aparece como otro de los pilares. Se plantea un fondo de compensación para agricultores y ganaderos frente a las normativas europeas, con un discurso claro contra lo que denominan “imposiciones de Bruselas”. El mensaje conecta. Pero simplifica.

En medio ambiente, el documento recoge medidas como el control de plantas de biogás, la protección frente a grandes depredadores o la declaración de infraestructuras hidráulicas como de interés público. Todo ello sin mencionar debates clave como el trasvase del Ebro.

También hay espacio para la estructura institucional. Vox ha logrado introducir la reducción a la mitad de las partidas destinadas a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública acreditada. Un ajuste que redefine el papel de los intermediarios sociales.

Y luego está la cuestión ideológica. El acuerdo incluye la intención de eliminar el Instituto Aragonés del Catalán y “librar Aragón de la imposición del catalán”. Un planteamiento que recupera viejos debates identitarios, aunque con menor protagonismo que en la legislatura anterior.

En conjunto, el texto no deja dudas. El PP ha asumido un programa más duro que el de 2023. Mucho más. Y lo ha hecho en un contexto donde las alianzas internacionales de la extrema derecha ya no se esconden, como refleja el acercamiento ideológico y estratégico que se analiza en la relación entre Vox y Viktor Orbán y su red de influencias.

Aragón no es una excepción. Es un síntoma. Un territorio donde el poder se negocia, se reparte y, a veces, se vende.

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