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Cuando la extrema derecha fantasea con agentes armados en los colegios electorales, la democracia deja de ser un procedimiento y pasa a ser un campo de intimidación.
El proyecto autoritario estadounidense ya no se disfraza de retórica ambigua. Se enuncia sin rodeos, con micrófono abierto y tono de amenaza. Steve Bannon, ex estratega jefe de Donald Trump, lo dijo con claridad esta semana en su pódcast War Room: agentes federales armados rodeando los colegios electorales en las elecciones legislativas de 2026. No como una hipótesis. Como un plan. “We’re gonna have ICE surround the polls come November”, afirmó, invocando de nuevo el bulo del “robo electoral” de 2020, desmontado hasta la saciedad por tribunales, auditorías y organismos independientes.
No es una bravuconada aislada. Es una pieza más de una ofensiva coordinada para deslegitimar el derecho al voto, criminalizar a sectores enteros de la población y normalizar la intimidación política como herramienta electoral. La idea de situar a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en los centros de votación no busca garantizar nada. Busca disuadir. Busca sembrar miedo. Busca enviar un mensaje claro a comunidades racializadas, personas migrantes y votantes pobres: este proceso no es para vosotras y vosotros.
LA INTIMIDACIÓN COMO ESTRATEGIA ELECTORAL
Bannon no habla solo. A su lado, en el mismo espacio propagandístico, la recaudadora republicana Caroline Wren reforzó el marco conspirativo: según ella, las críticas a ICE y a su financiación existirían porque hay quien “no quiere a ICE en los colegios electorales para impedir que personas ilegales voten”. Una afirmación falsa, reiterada hasta el cansancio por la extrema derecha y desmentida por la ley y por los datos. Las personas no ciudadanas no pueden votar en elecciones federales en Estados Unidos. Nunca han podido.
La función de este relato no es describir la realidad, sino fabricar una amenaza que justifique medidas excepcionales. El resultado es una deriva donde el Estado se convierte en actor partidista y el aparato represivo se despliega contra el propio electorado. No es seguridad electoral. Es coerción política.
El contexto importa. Desde la derrota de Trump en 2020, el Partido Republicano ha convertido el fraude electoral en una obsesión sin base empírica. A pesar de perder más de 60 demandas judiciales relacionadas con aquel proceso, la narrativa no solo se mantuvo, sino que escaló. En 2024, una auditoría estatal en Georgia (uno de los estados clave del relato trumpista) reveló que solo 20 personas no ciudadanas figuraban en el censo entre 8,2 millones de residentes. Eso equivale al 0,00024 % del electorado. De esas 20, únicamente 9 habían votado, y lo hicieron años atrás, antes de que se exigiera identificación. Las otras 11 estaban registradas pero no votaron. Los datos fueron confirmados por el propio secretario de Estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger.
El fraude masivo no existe. Lo que existe es una maquinaria política empeñada en convertir la mentira en doctrina.
LEYES RESTRICTIVAS Y AUTORITARISMO NORMALIZADO
La amenaza de ICE en las urnas se suma a un entramado legal diseñado para restringir el acceso al voto. En 2025, legisladores conservadores impulsaron la SAVE Act, una ley que exige pruebas documentales de ciudadanía para registrarse como votante. Expertas y expertos en derecho electoral advirtieron de inmediato que la norma podría excluir de facto a millones de personas, especialmente a mujeres casadas cuyos apellidos no coinciden con los documentos originales. Un obstáculo burocrático convertido en arma política.
La radicalización no se limita al Congreso. Un día antes de las declaraciones de Bannon, Donald Trump fue aún más lejos en una entrevista con el exsubdirector del FBI Dan Bongino. Propuso que los republicanos “tomen el control” y “nacionalicen” los procesos electorales en al menos 15 estados. La frase no es inocente. Supone una ruptura abierta con el federalismo electoral estadounidense y una apropiación partidista de la administración del voto.
Cuando un partido plantea controlar quién vota, cómo vota y bajo qué vigilancia armada, ya no estamos ante una disputa política, sino ante un proyecto de dominación.
La historia ofrece advertencias suficientes. La presencia de fuerzas armadas o policiales en procesos electorales ha sido, en numerosos países, la antesala del autoritarismo. No garantiza transparencia. Garantiza silencio. La democracia no se defiende con agentes federales en la puerta de las urnas, sino con derechos efectivos, información veraz y participación libre.
En 2026, la extrema derecha estadounidense no se limita a competir en las urnas. Quiere redefinirlas como un espacio de miedo, donde votar sea un acto vigilado, sospechoso y potencialmente castigado. Cuando el poder necesita armas para custodiar el voto, lo que está protegiendo no es la democracia, sino su propio miedo a perderla.
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.
El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.
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