Dos caras: españa regulariza mientras Estados Unidos persigue 

Cuando un Estado convierte el miedo en política y otro responde con derecho

La escena es global y el contraste es obsceno. Mientras la administración de Donald Trump despliega una ofensiva de deportaciones masivas y miedo institucionalizado, el Estado español anuncia una regularización que puede sacar de la invisibilidad administrativa a hasta 500.000 personas. No es un gesto simbólico. Es una decisión política con cifras, plazos y un choque frontal entre dos modelos. Allí se normaliza el terror; aquí se reconoce una realidad social que ya existía.

El acuerdo alcanzado el 27 de enero por el PSOE y Podemos llega tras más de 700.000 firmas recogidas para una iniciativa legislativa popular. El criterio es claro y verificable: haber residido en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025, no contar con antecedentes penales y acceder a residencia permanente con permiso de trabajo. No es un regalo. Es el reconocimiento tardío de quienes ya vivían, trabajaban y sostenían sectores enteros sin derechos.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lo definió como “un día histórico”. La frase importa menos que el contenido: reconocer, dignificar y dar garantías. En un país de 49,4 millones de habitantes, regularizar a medio millón equivale, por proporción, a conceder estatus legal a 3,6 millones de personas en Estados Unidos. A comienzos de 2025 vivían en España 7,1 millones de personas extranjeras; unas 840.000 lo hacían sin autorización. La regularización no crea población. Hace visible lo que el mercado ya explotaba.

DERECHOS FRENTE A LA POLÍTICA DEL MIEDO

El ruido lo pone la ultraderecha. Vox calificó la medida de “locura” y “barbarie”. El guion es conocido: criminalizar, deshumanizar, sembrar pánico moral. La respuesta desde el Gobierno y las fuerzas de izquierdas fue material y directa. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, desmontó el bulo recurrente sobre el colapso de los servicios públicos: “Lo que los desborda son los recortes y las privatizaciones”. Y añadió lo que nunca dicen quienes viven de la precariedad ajena: a algunos les molesta que ya no puedan pagar menos a quien no tiene papeles.

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, fue aún más precisa: “Tenemos la obligación legal de garantizar derechos”. No habló de caridad, ni de excepcionalidad, ni de favores. Habló de ley. Habló de Estado. Racismo se combate con derechos.

Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la Casa Blanca empuja un marco ideológico que legitima la persecución. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada en diciembre de 2025, llama a “cultivar resistencia” a la migración en Europa y recicla la retórica racista del “reemplazo”, advirtiendo de una supuesta “erosión civilizatoria” en menos de 20 años. La política del miedo como doctrina exportable. No es una metáfora: Washington presiona y varios gobiernos europeos endurecen asilo y fronteras. Dinamarca, Alemania, Grecia, Polonia, Suecia y Reino Unido han dado pasos restrictivos recientes. La cadena es conocida. El miedo viaja rápido. Los derechos, no.

REGULARIZAR ES DESMONTAR LA ECONOMÍA DEL ABUSO

España no es un oasis. Más de 10.000 personas migrantes murieron en 2024 intentando llegar por mar, según Caminando Fronteras. La frontera mata y el mercado remata. La irregularidad administrativa es una herramienta de explotación, no una anomalía. Permite salarios por debajo de convenio, jornadas invisibles y miedo permanente. Regularizar rompe ese engranaje.

Desde 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sostenido una política de acogida más abierta que la media europea, incluida la recepción de personas rescatadas en el Mediterráneo cuando otros cerraban puertos. No es altruismo. Es reconocer que la cohesión social se construye con derechos, no con redadas. La regularización ordena el mercado laboral, aumenta cotizaciones y saca a cientos de miles de personas de la economía sumergida. El argumento económico no es ideológico. Es contable.

El contraste con Estados Unidos no podría ser más nítido. La ofensiva de deportaciones de 2026 ha dejado víctimas, ha entrado en domicilios y ha instalado el miedo en barrios enteros. Personas con ciudadanía también han pagado el precio de una política diseñada para exhibir fuerza. Frente a eso, la frase de Montero resume una frontera moral: “Si allí secuestran a niñas y niños y matan, aquí damos papeles.” No es provocación. Es una línea roja.

En un mundo que convierte el miedo en negocio, regularizar es desarmar la violencia cotidiana y decir que nadie sobra cuando la dignidad se convierte en política pública.