Airbus o cómo extorsionar a un Gobierno 

Cuando una multinacional de la guerra dobla el brazo del Estado con la amenaza del empleo y convierte un embargo en papel mojado

Hay decisiones que retratan a un país mejor que cualquier discurso institucional. El 23 de diciembre, en víspera de Nochebuena, el Consejo de Ministros activó una excepción al embargo total de armas con Israel aprobado en septiembre de 2025 mediante el Real Decreto 10/2025. No fue por una urgencia humanitaria ni por un riesgo inminente para la población civil. Fue por una amenaza empresarial. Airbus advirtió de que miles de empleos y programas multimillonarios estaban en juego si el Gobierno no permitía importar material militar israelí. Y el Gobierno cedió.

No hablamos de un matiz técnico ni de una interpretación jurídica compleja. Hablamos de una extorsión. La compañía aeronáutica europea trasladó que, si no se autorizaba la entrada de equipos israelíes, el ensamblaje final de varios programas se iría fuera de España. El mensaje fue nítido: o levantan el veto por la puerta de atrás o se llevan la carga de trabajo. El chantaje funcionó.

LA EXCEPCIÓN QUE VACÍA EL EMBARGO

El Ministerio de Defensa se había opuesto inicialmente a cualquier excepción. La llamada “desconexión tecnológica” con Israel era una respuesta política al genocidio en Gaza perpetrado por el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Pero el expediente acabó en Presidencia, con informe favorable de la Junta Interministerial que controla el comercio de material militar, y terminó aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre. El Parlamento será informado “cuando se reanude la actividad”. El orden importa.

La excepción afecta a cuatro programas: el A400M, el A330 MRTT, el C295 y el SIRTAP. Sevilla (San Pablo) y Getafe concentran buena parte del montaje, pero los aparatos integran sistemas de terceros países a petición del cliente. El núcleo del problema es el mismo en todos los casos: componentes israelíes sin “alternativas inmediatas con garantías”, según la escueta justificación oficial.

El ejemplo más claro es el sistema DIRCM de Elbit Systems, adquirido por 260 millones de dólares para dotar a los A400M encargados por Alemania. El mismo sistema se incorporará a nueve A330 MRTT de Canadá y a otros nueve de la flota multinacional gestionada por la OTAN. No es una excepción marginal. Es una cadena de suministro militar que atraviesa el embargo como si no existiera.

En el C295, el sistema de contramedidas israelí ya ha sido probado y el Ejército del Aire y del Espacio acaba de adquirir 18 aparatos por 1.560 millones de euros, elevando la flota a medio centenar. Además, España eligió en 2023 el radar de Elta Systems (filial de IAI) para 16 nuevos C295 de vigilancia marítima por 1.655 millones. Sustituirlo, dicen fuentes militares, retrasaría capacidades “críticas” tras la baja del P-3 Orion y el final de vida del CN235 Vigma. El argumento vuelve a ser el mismo: o excepción o vacío operativo.

La disposición adicional primera del decreto permite levantar el veto cuando exista “menoscabo de los intereses generales nacionales”. El Gobierno lo tradujo así: impacto industrial, económico, de empleo y tecnológico de “tal calibre” que afectaría a la “autonomía estratégica”. El embargo se subordinó al balance de pérdidas y ganancias.

EMPLEO COMO ARMA, GUERRA COMO NEGOCIO

El relato empresarial es eficaz porque apela a algo legítimo: el empleo. Miles de trabajadoras y trabajadores en Sevilla y Madrid. Cadenas auxiliares. Exportaciones. Tecnología. Pero el uso del empleo como palanca para forzar decisiones políticas es una forma de violencia estructural. Cuando una multinacional amenaza con deslocalizar para torcer un veto ético, no defiende puestos de trabajo, los usa como escudos.

La prueba de que sí hay alternativas cuando hay voluntad política está en lo que Defensa no ha desbloqueado. El SILAM cancelado (697 millones) se está rehaciendo con tecnología alternativa por Escribano y Expal, aunque con retrasos. El Spike LR2 de Rafael (1.680 misiles por 287,5 millones) sigue sin sustituto inmediato. El 8×8 Dragón, plagado de sistemas israelíes en su diseño original, será reemplazado antes de estar plenamente operativo, dicen. Cuando la presión no viene de una multinacional con llave de la cadena productiva, el Estado aguanta.

Aquí está la grieta: el embargo se sostiene mientras no choque con un gran actor industrial. Cuando choca, se pliega. Eso no es autonomía estratégica, es dependencia organizada. No es realismo, es sumisión. Y no es una anomalía: es el funcionamiento normal del complejo militar-industrial en economías que se dicen democráticas.

El Gobierno deberá explicar en el Congreso las razones y el alcance de la decisión y cómo se está aplicando el veto en sus primeros meses. La comparecencia será un trámite si no se nombra lo esencial. Que una empresa privada condicionó una política pública vinculada a derechos humanos. Que el empleo se convirtió en argumento para normalizar la excepción. Que el embargo nació con fecha de caducidad.

Cuando la defensa de la vida depende de una cláusula y la ética de una cuenta de resultados, el problema no es la excepción, es el sistema que la hace inevitable.