“Vamos a acabar con esos hijos de perra” 

Trump juega a los bombardeos mientras el Congreso intenta frenar la deriva bélica

ESCALADA MILITAR EN DIRECTO: UN PRESIDENTE HABLANDO COMO SI EL MUNDO FUERA SU FINCA PRIVADA

Donald Trump ha vuelto a cruzar líneas que deberían escandalizar a cualquier democracia que aspire mínimamente a respetar el derecho internacional. En la reunión de su gabinete el 2 de diciembre de 2025, el presidente estadounidense soltó una frase que resume la arquitectura moral de su política exterior: Vamos a acabar con esos hijos de perra. Lo dijo mientras prometía que la siguiente fase de la ofensiva contra supuestos cárteles venezolanos ya no será solo aérea, sino también terrestre. Sabemos dónde viven, anunció, como quien presume de un mapa de objetivos y no de seres humanos.

Según Trump, los ataques recientes han reducido las muertes por consumo de drogas en Estados Unidos. La lógica es tan vieja como perversa: bombardear fuera para calmar conciencias dentro. Convertir al extranjero en amenaza para ocultar la desigualdad doméstica. El discurso perfecto del imperialismo en hora punta.

La escalada llega además en un momento especialmente turbio. The Washington Post destapó el 2 de septiembre que Pete Hegseth, secretario de Guerra, ordenó no dejar supervivientes en el ataque contra una supuesta narcolancha. El Ejército ejecutó un segundo bombardeo para rematar a dos personas que ya estaban indefensas en el mar. Ese día, la ley internacional dejó de ser principio y volvió a ser papel mojado.

La ley del mar obliga a rescatar supervivientes en un naufragio. Pero la doctrina de Trump los convirtió en objetivos. Y la rueda siguió girando. Desde entonces, la campaña extrajudicial ha dejado 83 muertos en 21 ataques. La Casa Blanca reconoce el segundo bombardeo, pero lo justifica diciendo que los grupos narcoterroristas designados por el propio presidente están sujetos a ataques letales. La lógica circular como método de gobierno.

Rick Bradley, comandante del CENTCOM, queda señalado por la propia portavoz Karoline Leavitt en su intento de salvar a Hegseth. No es un error, es una política. No es la niebla de la guerra, es la transparencia de la impunidad. Mientras tanto, Hegseth insistió ante la prensa en que esto funciona como con Al Qaeda o el ISIS, que a los cárteles no se les arresta, se les elimina. La pregunta es simple: quién decide hoy quién es terrorista y mañana quién merece vivir.

Los datos reales, sin embargo, desmontan el relato heroico. Un informe de la Guardia Costera señala que en 2024 solo el 21 por ciento de las lanchas interceptadas llevaban droga. El otro 79 por ciento no transportaba nada ilegal. Pero la maquinaria bélica ya estaba en marcha, y nada frena una narrativa que convierte a civiles pobres en objetivos militares.

Mientras tanto, Trump insiste en que Colombia produce cocaína, que la vende, que Estados Unidos tiene derecho a atacar donde considere. La voz de un mandatario que lleva meses gobernando como si el planeta fuera una extensión de su frontera.

EL CONGRESO INTENTA PONER FRENO PERO LA DERIVA ES YA ESTRUCTURAL

El Congreso de Estados Unidos ha decidido plantar cara. A finales de noviembre, el Senado estuvo a dos votos de aprobar una resolución bajo la War Powers Resolution para forzar al presidente a buscar autorización antes de atacar Venezuela. La iniciativa cayó por 49 frente a 51, pero la reapertura de la Cámara de Representantes ha vuelto a abrir el pulso institucional.

El representante demócrata James McGovern, junto al republicano Thomas Massie, registró este martes una nueva resolución con un mensaje cristalino: El presidente debe retirar a las Fuerzas Armadas de toda hostilidad dentro o contra Venezuela salvo declaración formal de guerra. Es la frase más clara que ha salido del Congreso en meses. Es también la constatación de que una parte de la política estadounidense sabe que el país está jugando con fuego.

El Congreso exige además que se publique el informe del Departamento de Justicia que supuestamente ofrece amparo legal a los ataques en el Caribe y el Pacífico. Una demanda mínima en una democracia mínimamente funcional. Luego están las personas. Porque la violencia no es un concepto. Son cuerpos. Son vidas. Son decisiones tomadas desde despachos con aire acondicionado y ejecutadas sobre embarcaciones que en la mayoría de los casos no llevaban nada ilegal.

El discurso oficial insiste en hablar de animales, amenazas, enemigos internos y externos. En ese marco, cualquier ataque parece legítimo y cualquier pregunta suena antipatriótica. Mientras tanto, Venezuela se convierte en un laboratorio para ensayar una doctrina peligrosa: la guerra preventiva contra actores difusos, sin declaración formal, sin límites reconocibles. La ley se estira, la moral se quiebra y la población civil queda atrapada en la lógica de un presidente que gobierna a golpe de enemigo.

Trump busca además un enemigo útil para la campaña interna. La guerra siempre fue el atajo del mal gobernante, el recurso para ocultar al país que los problemas son culpa de otros, de otros cuerpos, de otros países, de otras víctimas.

La pregunta ya no es si Estados Unidos atacará Venezuela por tierra. La pregunta es cuántas veces se repetirá la historia hasta que alguien se atreva a frenarla.

Porque cuando un presidente habla como un caudillo, la democracia se convierte en ruido y pólvora.