“Puede darse por jodido”. Un tribunal conservador juzgará al fiscal general por el caso Ayuso 

El Supremo se convierte en escenario de una operación política que huele a ajuste de cuentas.

UN JUICIO CON SELLO POLÍTICO

El mensaje de Antonio Maestre lo resumía en una frase: “Puede darse por jodido”. Y es que lo que está en juego no es solo la carrera del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sino la credibilidad misma de la justicia española. El Tribunal Supremo ha conformado un tribunal de siete jueces para juzgarle por la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La mayoría de ese tribunal tiene una marcada sensibilidad conservadora.

Cinco de esos magistrados ya abrieron la causa hace casi un año, en octubre de 2024: Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela, todos con un historial vinculado al ala conservadora, más Susana Polo, la única de perfil progresista y que fue la ponente del auto inicial. A ellos se suman ahora el veterano Andrés Martínez Arrieta, actual presidente de la Sala de lo Penal, y la magistrada Ana Ferrer, ambos con un sello progresista, aunque no ajenos a los equilibrios que impone el Consejo General del Poder Judicial.

El equilibrio de fuerzas es claro: cuatro conservadores, tres progresistas y la sombra de una operación orquestada desde el entorno de Ayuso.

LA POLÍTICA BAJO TOGA

El fiscal general pide su absolución y no oculta que ve detrás del proceso una maniobra política. Habla de una “operación orquestada”, y no es difícil seguir el rastro: la confesión de la pareja de Ayuso, la difusión interesada de un correo y la maquinaria judicial activada contra quien debía garantizar la imparcialidad del Ministerio Fiscal.

El tribunal no es inocuo. Marchena, conocido por su papel en el juicio del procés, vuelve a situarse en el centro de la escena. Lamela y Del Moral ya demostraron su afinidad con la línea dura de la judicatura española. Y el nuevo presidente Martínez Arrieta, aunque etiquetado como progresista, llegó a ese puesto con los votos conservadores del Consejo.

En este contexto, hablar de un juicio técnico es un espejismo. Lo que se dirime es quién controla la justicia en un país donde la toga se ha convertido en arma política.

La paradoja es que quien debería defender la independencia judicial está sentado en el banquillo. Y quien aparece blindada por la maquinaria de filtraciones, denuncias y presiones es Isabel Díaz Ayuso.

La fotografía es la de un Estado donde el poder político de la derecha y la extrema derecha utiliza la judicatura como ariete. Donde cada filtración se convierte en arma de guerra y cada tribunal en campo de batalla.

Porque aquí no se juzga solo un correo. Aquí se juzga hasta qué punto el poder de Ayuso y su entorno ha conseguido poner al Supremo al servicio de su supervivencia política.