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El Supremo se convierte en escenario de una operación política que huele a ajuste de cuentas.
UN JUICIO CON SELLO POLÍTICO
El mensaje de Antonio Maestre lo resumía en una frase: “Puede darse por jodido”. Y es que lo que está en juego no es solo la carrera del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sino la credibilidad misma de la justicia española. El Tribunal Supremo ha conformado un tribunal de siete jueces para juzgarle por la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La mayoría de ese tribunal tiene una marcada sensibilidad conservadora.
Cinco de esos magistrados ya abrieron la causa hace casi un año, en octubre de 2024: Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela, todos con un historial vinculado al ala conservadora, más Susana Polo, la única de perfil progresista y que fue la ponente del auto inicial. A ellos se suman ahora el veterano Andrés Martínez Arrieta, actual presidente de la Sala de lo Penal, y la magistrada Ana Ferrer, ambos con un sello progresista, aunque no ajenos a los equilibrios que impone el Consejo General del Poder Judicial.
El equilibrio de fuerzas es claro: cuatro conservadores, tres progresistas y la sombra de una operación orquestada desde el entorno de Ayuso.
LA POLÍTICA BAJO TOGA
El fiscal general pide su absolución y no oculta que ve detrás del proceso una maniobra política. Habla de una “operación orquestada”, y no es difícil seguir el rastro: la confesión de la pareja de Ayuso, la difusión interesada de un correo y la maquinaria judicial activada contra quien debía garantizar la imparcialidad del Ministerio Fiscal.
El tribunal no es inocuo. Marchena, conocido por su papel en el juicio del procés, vuelve a situarse en el centro de la escena. Lamela y Del Moral ya demostraron su afinidad con la línea dura de la judicatura española. Y el nuevo presidente Martínez Arrieta, aunque etiquetado como progresista, llegó a ese puesto con los votos conservadores del Consejo.
En este contexto, hablar de un juicio técnico es un espejismo. Lo que se dirime es quién controla la justicia en un país donde la toga se ha convertido en arma política.
La paradoja es que quien debería defender la independencia judicial está sentado en el banquillo. Y quien aparece blindada por la maquinaria de filtraciones, denuncias y presiones es Isabel Díaz Ayuso.
La fotografía es la de un Estado donde el poder político de la derecha y la extrema derecha utiliza la judicatura como ariete. Donde cada filtración se convierte en arma de guerra y cada tribunal en campo de batalla.
Porque aquí no se juzga solo un correo. Aquí se juzga hasta qué punto el poder de Ayuso y su entorno ha conseguido poner al Supremo al servicio de su supervivencia política.
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
Cuando un Gobierno habla de ocupar Gaza por fases, ya no estamos ante una guerra: estamos ante un plan.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.
El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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Aimar Bretos toma ‘Hoy por hoy’ mientras la SER intenta vender normalidad donde huele a crisis
La SER intenta vender como relevo natural lo que suena demasiado a operación de poder.
Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.
Porque cuando una periodista sale así, cuando compañeras y compañeros lamentan públicamente las formas, cuando la plantilla tiene que defender su profesionalidad, la palabra independencia empieza a sonar menos a principio y más a decorado.
A lo que llaman relevo quizá haya que llamarlo por su nombre: una operación de despacho con música de sintonía.
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Vídeo | Palantir en España: el contrato opaco que mete a Silicon Valley en el corazón de Defensa
Defensa entregó a una empresa nacida en el ecosistema de la CIA una pieza sensible de la inteligencia militar española, sin publicidad, con una sola oferta y bajo una capa de secreto que huele demasiado a negocio blindado.
Vídeo | Palantir en España: el contrato opaco que mete el tecnofascismo en Defensa
Mientras nos hablan de modernización, eficiencia y seguridad, el Estado español abre la puerta de su inteligencia militar a una de las empresas más vinculadas al negocio global de la vigilancia, la guerra y el poder algorítmico. Te lo contamos en #ReportajesSR. Presentado por Patricia Salvador.