Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
La salida de la magistrada Inmaculada Iglesias deja al descubierto un proceso que huele más a blindaje político que a imparcialidad judicial.
UN CAMBIO DE JUEZ EN MEDIO DEL TERREMOTO
El 18 de agosto, la jueza que llevaba 16 meses investigando a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se jubila anticipadamente a los 65 años. Deja dos procedimientos abiertos: un fraude fiscal de 350.910 euros y un posible soborno empresarial de 500.000 euros. Los hechos son de sobra conocidos: facturas falsas, pelotazos con mascarillas y operaciones que parecen comisiones camufladas.
La investigación, que empezó en marzo de 2024 tras un informe de Hacienda, parecía encaminarse hacia el juicio oral. Pero la salida de Iglesias lo deja todo en un limbo judicial hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre al sustituto definitivo. La plaza apunta a Antonio Viejo, un veterano juez con pasado en el Ministerio de Justicia bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. La defensa de Amador ya desliza que podría recusarle para alargar el proceso. Dilatar, embarrar y jugar al desgaste: la estrategia habitual cuando el poder se sienta en el banquillo.
Mientras tanto, un juez suplente cubrirá el hueco de forma temporal. Un relevo de magistrados en plena fase crítica de la instrucción de un caso tan mediático no es casualidad. El reloj de la justicia corre más lento cuando el acusado duerme en la cama de una presidenta autonómica.
DOS DELITOS FISCALES Y UN SOBORNO EN LA MIRA
Los números del caso son claros: 15 facturas falsas por valor de 1,7 millones de euros para defraudar 350.910 euros al fisco en 2020 y 2021, además de un pago de 500.000 euros por una empresa sin actividad, presuntamente para “compensar favores” a un directivo del grupo sanitario Quirón. La Fiscalía pide 3 años, 9 meses y un día de prisión y multas de más de 600.000 euros. PSOE y Más Madrid elevan la petición a cinco años.
En un primer momento, Amador quiso pactar. Un correo enviado al fiscal el 2 de febrero de 2024 lo dejó por escrito: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. Pero la jueza Iglesias frenó el acuerdo, apreciando otros delitos aún más graves. Desde entonces, la estrategia de la defensa es negar los hechos, recurrir cada decisión y señalar una “cacería política” contra la pareja de Ayuso.
El soborno aún se investiga. La Guardia Civil analiza la compra inflada de Círculo de Belleza SL, una sociedad sin empleados ni proyectos reales. Coincidió con los casi 2 millones de euros que Amador ganó intermediando en un contrato de mascarillas durante la pandemia, vinculado al mismo directivo de Quirón. Los indicios apuntan a una devolución de favores disfrazada de compraventa.
En paralelo, Ayuso sigue defendiendo que todo es un ataque político, mientras el PP denuncia lawfare cuando los tribunales se acercan a sus círculos más íntimos. La misma justicia que nunca llega para las y los desahuciados, para las víctimas de residencias o para la corrupción sanitaria, se detiene cuando amenaza la moqueta de la Puerta del Sol.
El relevo de jueces no borra los delitos ni las cifras. 350.910 euros defraudados y un soborno de 500.000 siguen esperando sentencia. Lo que se juega aquí no es solo el futuro judicial de un empresario: es la credibilidad de una justicia que parece temblar cuando se enfrenta al poder político.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
El veto sindical a la Policía Nacional empieza a resquebrajarse
La anomalía democrática ya no cabe debajo de la alfombra. Dos tribunales superiores de justicia, el del País Valencià y el de Madrid, han admitido a trámite sendas demandas de agentes de la Policía Nacional contra una prohibición que huele a otro tiempo: la que les impide afiliarse a sindicatos de clase, interprofesionales, como CNT, CGT, UGT o CCOO. La pelea apunta directamente al artículo 28 de la Constitución, que reconoce la libertad sindical, y al artículo 14, que garantiza la igualdad y la no discriminación. Fechas y cifras importan: la norma que ahora se discute fue aprobada en 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, y afecta a un cuerpo donde la escala básica suma más de 70.000 agentes.
Esta es la democracia estadounidense: 88 corporaciones no pagaron impuestos federales y regaron la política con 852 millones
La democracia estadounidense tiene una liturgia muy solemne. Banderas, discursos sobre la libertad, himnos, padres fundadores, ceremonias patrióticas y presentadores de televisión hablando de “oportunidad”. Luego llega la letra pequeña. Y la letra pequeña dice esto: 88 grandes corporaciones que no pagaron ni un dólar de impuesto federal sobre la renta empresarial en el año fiscal 2025 gastaron unos 852 millones de dólares en lobby y contribuciones electorales durante los últimos ciclos políticos.
No es una anomalía. Es el sistema funcionando.
Trump aprieta el cerco petrolero a Cuba y llama “libertad” al castigo colectivo
El 11 de junio, Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra Unión Cuba-Petróleo, CUPET, la empresa estatal cubana de petróleo y gas. No fue un gesto administrativo. No fue una nota técnica del Departamento de Estado. Fue otro giro de tuerca contra una población que ya vive entre apagones, falta de combustible, problemas de transporte, hospitales tensionados y una economía castigada por 65 años de embargo estadounidense. Lo llaman presión. Lo llaman democracia. Lo llaman “apoyo al pueblo cubano”. Pero cuando una sanción corta energía, encarece comida, complica medicinas y deja a la gente sin movilidad, el nombre honesto es otro: castigo colectivo.
Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y viejo militante del cambio de régimen, defendió la medida acusando al Gobierno cubano de usar la energía como herramienta de represión, enriquecimiento y control social. El guion es conocido. Primero se asfixia un país. Luego se acusa al país asfixiado de no respirar bien. Después se presentan las consecuencias del bloqueo como prueba de que hacía falta más bloqueo. La maquinaria imperial funciona así: provoca la herida, señala la sangre y vende la amputación como tratamiento.
Vídeo | Más de 30.000 personas ya han visto el #ReportajeSR sobre cómo Israel está cambiando las reglas del mundo
El nuevo trabajo de Reportajes SR, con Olga Rodríguez, analiza por qué lo que ocurre en Gaza no es solo una tragedia palestina, sino una advertencia global sobre la impunidad, el derecho internacional y la ley del más fuerte. Más de 30.000 personas han visto…
Vídeo | La batalla cultural ultra no empezó ayer: nuevo #ReportajeSR este domingo 14
El domingo 14, a las 15:00, estrenamos en nuestro canal de YouTube un nuevo #reportajesr: “Cómo la extrema derecha está ganando la batalla cultural”. La primera parte lleva un título que debería funcionar como advertencia: “Esto no empezó ayer”.
El reportaje, presentado por Patricia Salvador y dirigido por Lea Gugelmann, periodistas de Spanish Revolution, ya está disponible de forma anticipada para suscriptoras y suscriptores del canal.
Porque sí, la extrema derecha no empieza siempre gritando censura, deportaciones, recortes o mano dura. A veces empieza antes. Mucho antes. Empieza alterando el lenguaje. Empieza llamando “libertad” al privilegio de quienes más tienen. Empieza llamando “familia” a un modelo único y obediente. Empieza llamando “patria” a una frontera moral. Empieza llamando “sentido común” a una agenda profundamente reaccionaria.