El apoyo explícito a un grupo de activistas injustamente proscrito bajo la Ley de Terrorismo 2000 del Reino Unido lo coloca en serio riesgo penal.
UNA LEY PARA CALLAR LA DISIDENCIA
El 5 de julio de 2025, el gobierno británico incluyó a Palestine Action en su lista de organizaciones terroristas tras un acto de protesta contra la industria armamentística. Un grupo de activistas entró en una base aérea militar y pintó de rojo dos aviones de la RAF, denunciando la venta de armamento utilizado en el asedio a Gaza. Esa acción, sin víctimas, bastó para que el Parlamento y la Cámara de los Lores aprobasen una prohibición que criminaliza cualquier muestra de apoyo hacia el colectivo.
Bajo la Ley de Terrorismo 2000, expresar respaldo a un grupo proscrito puede castigarse con hasta 14 años de cárcel. Desde entonces, decenas de personas han sido detenidas en Londres, Manchester, Cardiff y otras ciudades simplemente por sostener carteles, portar banderas palestinas o pronunciar frases de apoyo. Entre ellas, ancianas y ancianos que han pasado horas en dependencias policiales por ejercer su derecho a protestar.
Roger Waters, bajista y cantante histórico de Pink Floyd, se ha colocado en el centro de esta tormenta política. Publicó un vídeo en sus redes sociales defendiendo a Palestine Action y acusando al Parlamento británico de ser “corrupto por agentes de una potencia extranjera genocida”. Con un cartel en la mano declaró: “Yo, Roger Waters, apoyo a Palestine Action. Levántate, es ahora”. Por estas palabras, las autoridades estudian si procesarlo por incitación al apoyo a una organización prohibida.
CUANDO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES UN DELITO
La decisión de Londres de tratar la protesta política como terrorismo ha encendido todas las alarmas. Organizaciones de derechos humanos, juristas y activistas advierten que se está usando la legislación antiterrorista como herramienta para aplastar la disidencia. Lo que hasta ayer era una forma legítima de expresar rechazo al genocidio en Palestina, hoy puede costar años de cárcel.
El caso Waters no es aislado. Más de 200 personas han sido arrestadas desde que la prohibición entró en vigor. Hay casos de acoso policial a manifestantes veteranos, arrestos por camisetas, pancartas o simples palabras. La represión ha generado un efecto de miedo colectivo, donde apoyar la causa palestina se convierte en una actividad de riesgo penal.
La justicia británica ha aceptado a trámite un recurso para revisar la decisión gubernamental, alegando que mezclar protesta no violenta con terrorismo es una amenaza para la democracia misma. Mientras tanto, colectivos planean saturar el sistema judicial con actos masivos de desobediencia civil, proclamando en público su apoyo a Palestine Action pese a las detenciones.
Roger Waters, una de las voces más críticas contra la ocupación israelí, se enfrenta así a la posibilidad de ser encarcelado por sus palabras. Si el Estado británico decide llevarlo a juicio, podría convertirse en un símbolo de hasta dónde están dispuestos a llegar los gobiernos para blindar sus alianzas militares y silenciar la solidaridad con Palestina.
En este Reino Unido, un músico puede terminar tras las rejas por decir que apoya a quienes protestan contra el genocidio.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…