Suben el IVA a los pisos turísticos… ¿y ya está? 

Sobran pisos turísticos y faltan viviendas, dice el Gobierno. Pero en vez de cortar la hemorragia, le ponen una tirita con impuestos.

La pregunta no es cuánto tributa un Airbnb. La pregunta es: ¿por qué sigue existiendo en barrios donde la gente no puede vivir?

I. El impuesto de la culpa ajena

21%. Ese es el nuevo IVA que el PSOE quiere aplicar a los pisos turísticos. Una medida presentada con bombo, platillo y —como siempre— sin el coraje necesario. Porque el problema no es que los Airbnb paguen poco: es que están expulsando a familias enteras de sus casas. Y si la respuesta es subirles el IVA, entonces hemos decidido gestionar el saqueo en lugar de frenarlo.

Mientras te suben el alquiler en Lavapiés, Gràcia o el Casco Antiguo de Palma, llegan turistas a hacerse selfies en lo que antes era el bar de tu vecina. Y el Gobierno responde como buen socialdemócrata: regulando para no molestar demasiado a los culpables. “Es que es una actividad económica”, dicen. Claro. Y el desahucio también es una operación inmobiliaria, ¿no?

II. Airbnb no es turismo: es desposesión

Pisos turísticos hay en todos lados. Pero en las ciudades que se toman en serio la vida vecinal, se prohíben, se reducen, se eliminan. Lisboa los restringe. Berlín los veta. Barcelona, pese a los tribunales, mantiene el pulso. ¿Qué hace Madrid? Los premia. ¿Y el Gobierno central? Les sube el IVA, como si eso bastara para frenar el modelo extractivista que convierte las ciudades en parques temáticos para extranjeros con billetera.

Porque no hablamos de una señora que alquila su piso en verano para irse al pueblo. Hablamos de fondos buitre, inmobiliarias zombis y plataformas multinacionales que compran edificios enteros y revenden habitaciones a precio de oro. Con porteros automáticos, claves digitales y cero contratos. ¿Y el PSOE? Se conforma con cobrar su parte.

III. ¿Y si en vez de cobrarles, les quitamos el negocio?

Un impuesto no va a devolverle su casa a nadie. No va a frenar la gentrificación. No va a recuperar el mercado del alquiler. Para eso hace falta prohibir los pisos turísticos en zonas tensionadas. De verdad. Con sanciones, decomisos y persecución fiscal. Porque no es solo una cuestión de vivienda: es una lucha por el derecho a la ciudad, por la vida digna, por el barrio que todavía resiste.

¿Suben el IVA? Bien. Pero eso no es política pública: es administración de la impotencia. Porque si el Gobierno reconoce que “sobran Airbnb”, la solución no es hacerlos más caros: es hacerlos desaparecer.