Carlos Herrera o los “patriotas” que se cuelan en la fila del fisco 

Herrera usó un entramado de sociedades pantalla para eludir 2,1 millones en impuestos, según la Audiencia Nacional

Defienden la bandera mientras vacían el cajón de Hacienda. Carlos Herrera, voz icónica del conservadurismo mediático español, se sirvió de al menos cuatro sociedades para esquivar los tipos más altos del IRPF entre 2006 y 2007. Así lo confirma una sentencia firme de la Audiencia Nacional.

UNA RED DE SOCIEDADES PARA BAJAR EL IMPUESTO A GOLPE DE MICRO

La sentencia conocida el 23 de abril de 2025 desmonta la arquitectura fiscal con la que Herrera sorteó la tributación real de sus ingresos mientras presentaba el matinal de Onda Cero. Entre 2006 y 2007, la Agencia Tributaria calculó que el periodista ingresó más de 3,7 millones de euros, pero solo declaró una fracción de esa cifra como renta personal. El resto, convenientemente canalizado a través de sociedades, tributó con los tipos más bajos del Impuesto de Sociedades.

La Audiencia Nacional respalda lo ya señalado por el Tribunal Supremo en 2023: que se trataba de una actividad “personalísima”, es decir, no delegable ni transferible a ninguna sociedad mercantil. El único activo real era él mismo. El resto, un decorado fiscal que maquillaba la verdadera naturaleza de su actividad. El Supremo ya lo había definido sin ambages: una “sociedad pantalla”.

Durante esos dos años, las empresas de Herrera le transfirieron poco más de 796.000 euros en total. Sin embargo, Hacienda estimó que el valor real de su trabajo superaba los 3,7 millones, lo que le habría obligado a tributar mucho más por el IRPF. La operación, según los tribunales, le permitió ahorrarse 2,1 millones que debían haber sido aportados al erario público como cualquier otra persona trabajadora por cuenta ajena o profesional autónomo.

Lo que a las enfermeras y enfermeros se les exige sin pestañear, a las celebridades se les concede como ingeniería contable.

LO QUE SE EXIGE A QUIENES COBRAN MIL EUROS NO SE CUESTIONA EN LOS MILLONARIOS

La sentencia detalla cómo las sociedades de Herrera no aportaban valor añadido alguno, salvo el disfraz fiscal. Ninguna de ellas podía asumir el trabajo radiofónico que él realizaba. Su defensa intentó argumentar que esas entidades tenían autonomía operativa, pero el tribunal lo consideró irrelevante frente a la evidencia de que actuaban como meras cobradoras por servicios que solo el locutor podía prestar.

Mientras tanto, la maquinaria mediática que Herrera representa no duda en disparar contra las y los pensionistas, los parados, las personas migrantes o las clases trabajadoras cuando reclaman mejoras salariales o derechos laborales. Se les acusa de vivir del Estado. Lo que no se dice es que el verdadero saqueo institucional se cuece entre micrófonos de oro, tribunas blindadas y auditorías creativas.

La paradoja de un patriota mediático que no paga a su patria. Desde los micrófonos de la COPE, emisora financiada en parte por la Conferencia Episcopal con dinero también procedente de subvenciones públicas, Herrera arremete contra lo público, la redistribución y los impuestos progresivos. Mientras tanto, se beneficiaba de una estructura fiscal diseñada para quienes pueden pagar asesorías y despachos de abogados tributarios, no para quienes malviven con sueldos congelados y contratos precarios.

El fallo puede ser recurrido aún ante el Tribunal Supremo, pero la doctrina sobre estas prácticas ya ha sido fijada con contundencia por los más altos tribunales. Se trata de un tipo de fraude especialmente corrosivo porque se disfraza de legalidad, se arropa en la complejidad técnica, pero acaba erosionando la justicia fiscal que sustenta el Estado social.

No es nuevo. No es raro. Y no es casual. De hecho, organizaciones como Oxfam Intermón llevan años denunciando cómo las élites utilizan estructuras empresariales para evadir o eludir impuestos, aprovechando una arquitectura legal diseñada a su medida. Mientras tanto, los servicios públicos se deterioran y se señala a quienes menos tienen como culpables del déficit.

Este caso no es un simple “error” contable. Es la confirmación judicial de un sistema fiscal que permite a los poderosos no cumplir con lo que a cualquier otra persona se le exige sin excusas ni aplazamientos. Cuando se habla de fraude fiscal, muchas veces se mira a lo pequeño. Pero los grandes agujeros no están en las ferreterías ni en las peluquerías. Están en los despachos de las celebridades, en los nombres de los columnistas influyentes, en las puertas giratorias de las consultoras.

A quienes insultan a quienes exigen justicia fiscal como “enemigos del sistema”, quizá convenga recordarles que el verdadero enemigo es quien predica el patriotismo mientras esconde millones en un juego de sociedades.