El lucrativo negocio del miedo: así operan las empresas de desokupación en España 

Privatizar el desahucio, legalizar la intimidación: el modelo ‘Desokupa’ alimenta a la ultraderecha y se enriquece con el sufrimiento ajeno

Mientras miles de familias malviven entre alquileres imposibles y amenazas de desahucio, una industria opaca y brutal se forja en las sombras con total impunidad: la desokupación. Un sector que se vende como “servicio de mediación” pero que, en realidad, privatiza el uso de la fuerza y explota el miedo para hacer caja. En España operan ya más de 50 empresas dedicadas a desalojar viviendas, muchas de ellas sin CIF, sin actividad registrada y, en algunos casos, directamente ligadas a redes de especulación y a la extrema derecha. La investigación de Sistema 161 desmonta el relato heroico con el que estas compañías se presentan.

Daniel Esteve, fundador de Desokupa y exportero de discoteca reconvertido en influencer del odio, es el principal exponente de este modelo que mezcla negocio, propaganda y violencia con total descaro. En 2016 creó Conciencia y Respeto 1970 S.L., germen de un entramado empresarial que incluye inmobiliarias, tiendas de merchandising, plataformas de comunicación y hasta clínicas de tatuajes con anestesia. Su historial incluye cobros de deudas para mafias, vínculos con criminales y un historial judicial nada envidiable. Pese a ello, ha sido elevado por los medios como justiciero de una España insegura que solo existe en los platós.

La fórmula es sencilla: crear un enemigo difuso —la figura del “okupa”—, magnificar los casos extremos y borrar de la conversación a las víctimas reales de un sistema fallido. Las empresas que siguen el modelo de Esteve imitan su discurso, su estética y hasta su nombre. Muchas actúan en la ilegalidad, sin registros, sin licencias, y con prácticas que van desde la coacción hasta la violencia física.

El 40 % de estas empresas ni siquiera tienen un CIF público y muchas funcionan en negro, según ha documentado el estudio de Sistema 161.

El relato es tan simplón como efectivo: ellos se ven como “superhéroes” que imparten justicia donde el Estado no llega. Así justifican desalojar familias vulnerables para favorecer a bancos, fondos buitre o especuladores. La autopercepción de estos desokupas es delirante: creen que ayudan como quien rescata a un gato de un árbol, y que golpear a un inquilino moroso les convierte en defensores del bien.

LA ALIANZA ENTRE ULTRADERECHA, FONDOS BUITRE Y VENTA DE MIEDO

Los vínculos entre las empresas de desokupación y la extrema derecha no son una anécdota, sino una constante. De las 50 empresas analizadas, más del 55 % han trabajado con fascistas o personas de ideología ultra. La estética militarizada, los mensajes punitivistas y la adoración por figuras como Bukele no dejan lugar a dudas. Este aparato ha sido alimentado por medios conservadores, partidos como Vox y por un entramado empresarial que no solo tolera, sino que se beneficia de su existencia.

Detrás de estas empresas hay nombres vinculados a hasta 40 sociedades, muchas de ellas relacionadas con inmobiliarias y fondos de inversión. El caso de Daniel Esteve es paradigmático: creó Desokupa y, apenas tres días antes, fundó también una promotora inmobiliaria. El negocio es redondo: comprar un piso ocupado con descuento, usar su propia empresa para desalojarlo, reformarlo y volverlo a vender.

Este “triángulo de la especulación” implica a los mismos nombres en cada fase: compra, desalojo, reforma y venta. Lo hacen al margen de cualquier control democrático, con técnicas propias del matonismo empresarial. Mientras, las y los jueces miran hacia otro lado y la policía colabora en más ocasiones de las que debería.

La industria del miedo necesita un enemigo para crecer. La alarma social por la okupación se ha construido a golpe de tertulias, pancartas racistas y fake news. En pleno 2023, Desokupa colgó una lona en Atocha con el lema “Tú, a Marruecos. Desokupa La Moncloa”, pagada por un abogado afín a la ultraderecha. Costó 40.000 euros y fue desmontada por activistas. Pero el impacto mediático ya estaba hecho. Como el miedo.

Las empresas de alarmas, cerraduras, puertas blindadas y otros productos de seguridad son cómplices interesados. Alimentan la paranoia para vender sistemas que, en realidad, no protegen de nada. España es el país con más alarmas instaladas de Europa… y uno de los más seguros. Pero da igual: el miedo vende.

El Código Penal no ha cambiado desde 2010 en lo relativo a la usurpación. La ley no protege al okupa, pero tampoco justifica la actuación de estas empresas. Sin embargo, el bulo de que “no puedes echar a un okupa de tu casa” ha calado. Y con él, se ha consolidado un negocio donde la violencia se externaliza, la justicia se privatiza y la ideología fascista encuentra refugio.

Mientras tanto, el Gobierno no actúa, las televisiones se lucran y las empresas siguen creciendo. Lo hacen a costa del sufrimiento de las personas más vulnerables y del deterioro de la democracia.

Porque cuando los desahucios se encargan a mercenarios, lo que se expulsa no es solo a una familia: se expulsa el derecho a vivir con dignidad.