El caos de Ayuso en la educación pública: cuando la política manda sobre la educación 

Una gestión tardía e ineficaz pone en jaque a 5.000 trabajadores y trabajadoras y desestabiliza proyectos educativos consolidados.

El retraso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en estabilizar al personal interino de la educación pública en la Comunidad de Madrid ha generado un auténtico terremoto. A menos de un mes para finalizar 2024, miles de profesionales —educadores y educadoras, fisioterapeutas, técnicos y técnicas especialistas, enfermeros y enfermeras— se enfrentan a ceses y recolocaciones que desmantelan proyectos educativos ya en marcha.

Un proceso que debía haberse culminado con previsión se ejecuta ahora de forma precipitada, dejando a los centros sin tiempo para adaptarse. Esto implica que el alumnado más vulnerable, como el de centros de educación especial, sufra un cambio brusco de personal en plena mitad del curso académico.

La situación, denunciada por sindicatos y familias, no solo afecta a los trabajadores y trabajadoras, sino que compromete seriamente la estabilidad de los estudiantes, especialmente de aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo. Susana, una integradora social con más de ocho años de experiencia, expresa su frustración: “Estos niños no toleran bien los cambios. El daño que se les hace es irreversible”.

Los plazos han obligado a que las plazas ganadas en los procesos de estabilización sean ocupadas inmediatamente, dejando a cientos de profesionales sin destino fijo y a los centros educativos sin saber con exactitud cuántos trabajadores tendrán en enero. Familias como la de Raúl, padre de un alumno en una escuela infantil de Vallecas, denuncian que el proyecto anual que sus hijos están desarrollando “se va al traste”.

Las cifras hablan por sí solas: mientras CCOO estima en 3.500 los afectados, otros cálculos elevan la cifra hasta 5.000. En la Asamblea de Madrid, ni el director general de Recursos Humanos ni los responsables de Función Pública han podido aclarar el alcance total del problema.

UNA POLÍTICA IDEOLÓGICA CONTRA LA EDUCACIÓN PÚBLICA

El caos generado no puede entenderse solo como un problema administrativo. Detrás de este desastre hay una clara intención política. El Gobierno de Ayuso lleva años mostrando su desprecio hacia la educación pública, mientras favorece activamente a la privada y concertada.

En 2021, cuando la Unión Europea presionó para regularizar la temporalidad del empleo público, la administración madrileña respondió a regañadientes. Desde entonces, el proceso de estabilización se ha arrastrado con desidia, con errores administrativos flagrantes como los denunciados por Alfonso Muñoz, de CCOO: “Un técnico con 17 años de experiencia puede aparecer con cero puntos en el baremo debido a fallos en el software”.

La secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, señala que esta actitud responde a un claro sesgo ideológico. “No creen en la educación pública ni en sus profesionales. Los ven como una amenaza a su modelo privatizador”, asegura.

Ejemplo de ello son las declaraciones del exconsejero Javier Fernández-Lasquetty, quien en 2021 afirmaba que la regularización de interinos supondría “una entrada masiva de personas que no se irán nunca”. Tres años después, el Gobierno regional sigue arrastrando los pies, permitiendo que el caos se convierta en norma y dejando a miles de profesionales y familias desamparadas.

Rocío Albert, actual consejera de Educación, tampoco ha ofrecido soluciones claras. La excusa oficial de que los cambios no repercutirán en los alumnos resulta cínica e insuficiente, dado que los proyectos educativos ya se han visto gravemente afectados.

La realidad es que, en Madrid, la educación pública lleva cinco años soportando una ofensiva sistemática. Desde la asfixia presupuestaria hasta la imposición de medidas ilegales como la incorporación de la ESO a las escuelas de primaria, las decisiones políticas han convertido las aulas en el escenario de un ataque frontal contra un derecho básico.

Este no es solo un fallo técnico o administrativo. Es una decisión consciente que pone los intereses ideológicos por encima del bienestar de miles de estudiantes y trabajadores.