Aguado, ¿dónde están los 1.500 millones para Sanidad que prometió desglosar “euro a euro”? 

La finalidad de este fondo era que cubriera gasto sanitario. Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, prometió aclarar en que se gastaría este fondo pero las explicaciones siguen sin llegar.

La Comunidad de Madrid no concreta las partidas de gasto a las que ha destinado el primer tramo del Fondo covid-19 del Gobierno central, previsto para inversiones en materia sanitaria para hacer frente a la crisis sanitaria. Entre otros gastos, se incluía la contratación de sanitarios y rastreadores.

El BOE publicó a finales de julio la orden del Ministerio de Hacienda que fijaba el reparto a las comunidades autónomas del primer tramo de ese fondo no reembolsable: 16.000 millones de euros del que Madrid se ha embolsado 1.495.476.470 euros.

Desde Hacienda aseguran no disponer del desglose específico. Fuentes de esta consejería señalaron a Infolibre que del primer tramo que llegó en julio se transfirió a la Consejería Sanidad 700 millones de euros y se le van a transferir otros 300 millones para “la parte de personal”. El resto, precisan, se le transfirió a otras consejerías, fundamentalmente a la de Políticas Sociales, para la parte sociosanitaria.

Una explicación de Aguado que no llegó

El vicepresidente del Ejecutivo regional, Ignacio Aguado, aseguró hace unos días tras la reunión del Consejo de Gobierno madrileño que desglosaría “euro a euro” todos los gastos que la Comunidad de Madrid ha asumido con las ayudas del Fondo covid percibido.

Destacó que se trataba de un fondo “necesario y urgente” y añadió que se iba a utilizar de la manera “más rápida, ágil y diligente posible para ir tapando esas necesidades de capital que hacían falta y que evidentemente estaban tensionando la liquidez de la Comunidad”.

Sin embargo, las explicaciones siguen sin llegar y las cifras de gasto no encajan en lo que informa

Cifras infladas en la Comunidad de Madrid

Desde el Ejecutivo de Ayuso se señala al gasto sanitario, el gasto de medidas de carácter económico y social y la “caída de ingresos” de los últimos seis meses se reflejan en más de 3.000 millones de euros.

Sin embargo, el gasto sanitario hasta junio fue de 712 millones de euros, aunque desde la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid podría llegar a los 1.261 millones de euros para todo el año 2020. Este primer tramo, pues, destinado a sufragar los gastos en materia sanitaria, superaba en 234,7 millones las previsiones del Gobierno regional para todo el año.

El consejero de Hacienda de Isabel Díaz Ayuso, que también fue uno de los hombres fuertes de los gobiernos de Esperanza Aguirre, defendió en sede parlamentaria que el impacto global del covid-19 en las arcas públicas madrileñas ascenderá a 3.400 millones cuando acabe 2020.

Denuncia de CCOO

CCOO denuncia en un comunicado que, a pesar de la complicadísima situación que atraviesa la sanidad pública, y muy especialmente la Atención Primaria, tan solo se hayan destinado a la sanidad 700 millones de euros.

“Tampoco es de recibo”, señalan desde el sindicato, “que a pesar de la crítica situación que atraviesan miles de familias madrileñas, no pudiendo llegar incluso a cubrir sus necesidades más básicas como las alimentarias o la de menores altamente vulnerables que quedan excluidos de las becas de comedor, tan solo se hayan destinado al reforzamiento de las políticas sociales 10 millones de euros, cuando el presupuesto regional en esta materia es de casi 2.000 millones de euros”.

Señalan también que “por otra parte, el Gobierno de Díaz Ayuso vuelve a darle la espalda a la dramática situación que viven las personas mayores y dependientes en las residencias, epicentro de la pandemia. Resulta imposible que con esa raquítica inversión se vaya a poder abordar la urgente mejora de la gestión de estos centros”.

CCOO denuncia de esta forma la opacidad y falta de transparencia del Gobierno regional en la distribución de este fondo y exige una “reorientación del mismo para acometer las necesidades más urgentes de la ciudadanía madrileña”. Para ello, considera imprescindible “la apertura de un proceso de diálogo y negociación con los agentes económicos y sociales en esta materia”.