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Varios colectivos madrileños han levantado la voz y organizado una concentración para hoy, 8 de septiembre, a las19h, frente a Delegación de Gobierno (c/Miguel Ángel, 25).
Cada vez que se encienden las luces y se destapa una nueva infiltración policial en los colectivos sociales madrileños, se siente el escalofrío de un espionaje digno de una novela de intriga. Pero esta no es ficción. Es real, recurrente y parece no tener fin. Y, lo que es más inquietante, se trata de un reflejo claro de la relación que tienen las fuerzas de seguridad del estado con el activismo y la libertad de expresión.
La noticia más reciente nos habla de Sergio, un «fantasma» que ha vagado por distintas organizaciones durante siete años, haciendo presencia en lugares tan diversos como el Banco de Alimentos de Moratalaz o el Movimiento Antirrepresivo de Madrid. Pero no está solo. Al mencionar a Mavi, se abre una puerta a una larga lista de espías que han marcado su huella en los rincones más inesperados de la sociedad civil.
«Hoy ha sido Sergio. Ayer fueron Mavi, Marta y tantos más. Las infiltraciones policiales son una herramienta de guerra psicológica contra nuestro derecho de organización.» Estas palabras, sacadas de la denuncia pública realizada por el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, dejan en claro que el problema es mucho más profundo que una simple cuestión de seguridad.
LOS GASTOS DEL ESPIONAJE
No es un secreto que las infiltraciones policiales llevan años, trascendiendo diferentes administraciones. Sergio comenzó su trabajo encubierto en 2014, durante el primer gobierno de Rajoy, y continuó con sus actividades hasta el 2021, ya bajo el mandato conjunto de PSOE y Podemos. Así, nos damos cuenta de una cruda verdad: Los gobiernos pasan pero los infiltrados y la represión permanecen.
A menudo se presentan estos actos de espionaje como medidas necesarias para la seguridad del estado, pero, ¿a qué costo? Las y los activistas que han sufrido estas infiltraciones hablan de traiciones, de relaciones afectivas que resultaron ser falsas y de una constante sensación de estar vigilados.
La pérdida de confianza no se puede cuantificar. Pero sí podemos medir las respuestas. Varios colectivos madrileños han levantado la voz y organizado una concentración para el 8 de septiembre. En palabras claras y directas, su mensaje es: «¡No más infiltraciones! ¡Nos seguimos organizando!«
Lo que queda en el aire, mientras las y los ciudadanos se preguntan quién será el próximo espía en sus filas, es una duda aún más grande: ¿Hasta cuándo las autoridades seguirán viendo a la sociedad civil como una amenaza y no como un aliado en la construcción de un país más justo y equitativo?
Porque al final del día, el verdadero costo de estas infiltraciones no es solo la ruptura de la confianza, sino también el daño a la democracia y la libertad de organización. Y es un precio demasiado alto para pagar.
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