¿Por qué ha tardado tanto la Iglesia en reconocer y abordar un problema tan arraigado y destructivo?
La maldad absoluta tiene múltiples facetas, algunas de las cuales se encuentran en las más intrincadas tramas de la Iglesia católica española. La desviación inmoral que se ha enquistado en sus entresijos se revela con una crudeza desgarradora en el último informe elaborado por la Conferencia Episcopal Española (CEE), un lamento desgarrador de 728 voces que han sido apagadas por el tormento de los abusos sexuales perpetrados desde 1940.
LOS NUMEROS DEL DOLOR
El espectro de las sombras eclesiásticas se materializa en un documento titulado de forma irónicamente poética ‘Para dar luz’. Este primer tratado inédito de la Iglesia católica sobre la pederastia se desgrana en siete volúmenes, retratando una abrumadora constelación de la indecencia humana. Este texto abarca desde protocolos preventivos de abusos hasta la formación impartida, haciendo alarde de una exhaustividad teórica que no logra desmentir la realidad tangible de los testimonios de abusos.
De los 728 casos documentados, se percibe un alarmante desequilibrio en la ubicación de las denuncias, con 283 y 445 casos recogidos en oficinas diocesanas y congregaciones respectivamente. Las víctimas que valientemente han alzado la voz ascienden a 927, un número que resuena con la gravedad de una alarma desgarradora.
LA CRONICA DEL ESCÁNDALO
Si examinamos el horizonte temporal de estos actos nefandos, un patrón perturbador emerge. La mayoría de los abusos, un escalofriante 80%, se perpetraron antes de 1990, revelando la larga sombra de este drama y su persistencia en el tiempo, como un veneno lento pero implacable. Las cifras hablan por sí solas: desde casos aislados anteriores a 1950 hasta un incremento constante, culminando en 34 casos desde 2020 en adelante.
Casi sin excepción, los perpetradores son masculinos (más del 99%). Si abrimos el catalejo hacia la condición de las víctimas, se descubre que son en su mayoría hombres (82,6%). Las filas de los abusadores están mayoritariamente ocupadas por sacerdotes (52% del total), seguidos por religiosos o religiosas, laicos y un número no despreciable en el que el denunciante no pudo identificar la condición eclesial del agresor. Además, destaca el hecho de que más de la mitad de los acusados están fallecidos, cuestionando la capacidad de la justicia para actuar con la debida celeridad.
Si nos adentramos en la orientación de los abusos, encontramos que se inclinan en gran medida hacia el abuso homosexual masculino (81,89% de los casos), dejando una minoría de casos de abuso heterosexual.
LUZ SOBRE OSCURIDAD
No menos relevante es el contexto de estos atroces actos, en su mayoría ocurridos en el ámbito escolar (46,9%), un lugar que debiera ser de protección y aprendizaje, ahora mancillado por las sombras de la perversión. El informe detalla que los abusos se produjeron en parroquias (15,79%), seminarios (14,57%), y en contextos de tiempo libre o de ocio (7,28%), esparciendo así una mancha indeleble en lo que deberían ser refugios de espiritualidad, desarrollo personal y sano esparcimiento.
El trabajo de la CEE también incluye los testimonios proporcionados por El País, aunque admite que no todos los casos aportados por el periódico han sido recogidos en su totalidad, debido a la falta de datos esenciales para su investigación.
EL TINTO DEL INFORME CEE
Con un guiño sutil hacia la objetividad, la CEE enfatiza que el informe se basa en los testimonios recogidos en las oficinas, evitando juzgar a priori la inocencia o culpabilidad de los implicados. Sin embargo, subraya que algunos de los casos presentados han sido archivados judicialmente o han concluido con la absolución, mientras que otros aún están en curso.
A lo largo de 2022, el informe indica que un total de 152.906 personas han recibido formación sobre detección de abusos. Es alentador que el 68% de los capacitados sean niños y adolescentes, acompañados por padres, profesores y sacerdotes. Esta iniciativa tiene como objetivo capacitar a todos los miembros de la comunidad eclesial para detectar abusos sexuales a menores y, en particular, permitir que los niños identifiquen y denuncien abusos.
La Iglesia, como proclama la CEE, es “la principal interesada” en comprender lo que ha ocurrido y en adoptar medidas para prevenir futuros abusos. Subraya la importancia de que cada víctima hable y denuncie su experiencia en las oficinas de la Iglesia, donde se ofrece “acogida, acompañamiento, sanación y reparación”.
UNA LLAMADA A LA ACCIÓN Y CONSECUENCIA
Sin embargo, a pesar de las cifras devastadoras, uno no puede evitar percibir la profunda ironía en estas declaraciones. Si bien es innegable la importancia de encarar este flagelo y ofrecer justicia y curación a las víctimas, uno debe preguntarse si estas medidas, aunque necesarias, son suficientes. ¿Por qué ha tardado tanto la Iglesia en reconocer y abordar un problema tan arraigado y destructivo? ¿Es suficiente con poner en marcha programas de prevención y formación cuando el problema persiste?
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