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Son necesarias medidas para prevenir y combatir la trata de seres humanos y la explotación laboral en todas sus formas, así como para proteger y garantizar los derechos de las personas extranjeras en España
En los últimos días se ha hecho pública la detención de dos mujeres en Salamanca acusadas de trata y explotación laboral de personas extranjeras, específicamente en una residencia de ancianos donde las acusadas eran responsables.
Según informaciones de la Comisaría Provincial de Salamanca, las mujeres detenidas se comunicaban con una residente en Lima (Perú) que aprovechaba la llegada de mujeres a congregaciones religiosas pidiendo ayuda. La red les pagaba el billete de avión y los gastos de los viajes con destino a España, donde se les ofrecía un trabajo legal y remunerado en limpieza.
Sin embargo, una vez en la residencia, las mujeres eran explotadas laboralmente y obligadas a vivir en la propia residencia, «ejerciendo un control de su libertad de movimiento». Además, se les generaba una deuda que se iba incrementando fruto de los gastos generados por su alojamiento y manutención en la propia residencia. Como resultado, eran obligadas a trabajar en condiciones de semiesclavitud, sin remuneración o con una remuneración insignificante para pagar la deuda contraída.
Es importante destacar que este tipo de situaciones de explotación laboral no son aisladas en España, y de manera específica, en relación a las personas extranjeras. Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, durante el año 2020, se registraron un total de 6.206 infracciones en materia de relaciones laborales, de las cuales, 1.272 estuvieron relacionadas con la contratación irregular de personas extranjeras.
De igual forma, el Informe anual sobre Trata de Seres Humanos en España del año 2020, señala que un 85% de las víctimas identificadas en este delito son mujeres, y un 46% de las mismas son de origen extranjero. Asimismo, el informe señala que la explotación laboral es el segundo fin principal de la trata de seres humanos, por detrás de la explotación sexual.
En este sentido, es necesario tomar medidas para prevenir y combatir la trata de seres humanos y la explotación laboral en todas sus formas, así como para proteger y garantizar los derechos de las personas extranjeras en España. Esto implica la necesidad de reforzar la protección y asistencia a las víctimas, aumentar la cooperación y coordinación entre los distintos agentes implicados, así como mejorar la sensibilización y concienciación social sobre este delito.
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