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A partir de enero, una ley en Canadá prohíbe a los ciudadanos extranjeros invertir en inmuebles del país con el objetivo de evitar el aumento continuo de los precios del mercado inmobiliario.
Las empresas extranjeras y las personas que no sean residentes permanentes en Canadá están prohibidas de adquirir propiedades residenciales no recreativas en el país desde este pasado 1 de enero. Esto no excluye en ningún caso a los residentes extranjeros del país.
Ahmed Hussen, ministro de Vivienda y Diversidad e Inclusión, afirmó al respecto que «las casas no deben ser mercancías. Las casas son para vivir en ellas, un lugar donde las familias pueden echar raíces, crear recuerdos y construir una vida en común. A través de esta legislación, estamos actuando para garantizar que la vivienda sea propiedad de los canadienses, en beneficio de todos los que viven en este país. Seguiremos haciendo todo lo posible para garantizar que todos los residentes de este país tengan una vivienda asequible y que satisfaga sus necesidades”.
Dicha ley promulgada por el Gobierno canadiense busca prevenir el fenómeno de casas vacías y especialmente la especulación. La ley, llamada «Ley de Prohibición de Compra de Inmuebles Residenciales por Extranjeros», establece sanciones de hasta 10 mil euros para aquellos que «aconsejen, induzcan, ayuden o instiguen a un no canadiense a comprar, directa o indirectamente, cualquier propiedad residencial».
Además en el caso de que se compre, la persona extranjera no autorizada, deberá vender el inmueble según lo establecido por el gobierno.
La ley, ya en vigor, será válida durante dos años y se aplica en municipios con más de 10 mil habitantes y en grandes ciudades, donde la especulación se estaba convirtiendo en un problema acuciante.
La ley que prohíbe a los ciudadanos extranjeros invertir en inmuebles en Canadá ha entrado en vigor el 1 de enero de este año. Esta medida busca evitar que los precios del mercado inmobiliario sigan aumentando y pretende solucionar el fenómeno de las casas vacías, infrautilizadas y la «especulación desenfrenada». La ley, conocida como Ley de Prohibición de Compra de Inmuebles Residenciales por Extranjeros, establece sanciones de hasta 10 mil euros para aquellas personas o entidades que aconsejen, induzcan, ayuden o instiguen a un no canadiense a comprar una propiedad residencial sabiendo que está prohibido hacerlo. En caso de compra, la persona extranjera no autorizada estará obligada a vender el inmueble en las condiciones establecidas por el gobierno.
La ley establece excepciones para personas con permisos de trabajo temporales, solicitantes de asilo y estudiantes internacionales. La prohibición se aplica en municipios a partir de 10 mil habitantes y también a las grandes ciudades del país, donde más se ha notado el aumento de precios.
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Xbox despide a 3.200 personas: el riesgo era de los jefes, la factura es de la plantilla
Xbox acaba de confirmar la mayor reestructuración de su historia. El 6 de julio, Asha Sharma comunicó a la plantilla que la división reducirá aproximadamente 3.200 puestos durante el año fiscal 2027, con 1.600 despidos inmediatos y cuatro estudios saliendo de Xbox hacia nueva gestión. Microsoft, en paralelo, recorta unos 4.800 empleos en total, alrededor del 2% de su plantilla global. No es una anécdota. Es una purga empresarial envuelta en lenguaje de consultora.
La frase oficial es casi una confesión: “nuestro negocio hoy no es saludable”. La dirección reconoce márgenes entre 3 y 10 veces inferiores a los de negocios comparables, una base instalada menor, costes más altos y una apuesta por Game Pass, el modelo multiplataforma y una cartera más amplia de contenidos que “no creció al ritmo esperado”. Dicho sin barniz corporativo: los jefes imaginaron una máquina de crecimiento infinito, compraron estudios, multiplicaron equipos, alargaron inversiones y ahora explican que se equivocaron. Pero quienes salen por la puerta no son quienes vendieron la fantasía. Son trabajadoras y trabajadores que hicieron exactamente lo que les dijeron.
Sony quiere matar el disco: juegos digitales para ricos y propiedad de mentira
Sony ya ha puesto fecha al entierro del formato físico. En su propia web de PlayStation avisa de que, desde enero de 2028, los nuevos juegos lanzados para PlayStation se podrán comprar en PlayStation Store y en tiendas, pero solo en formato digital. Los discos de juegos publicados antes de esa fecha seguirán funcionando, sí. Ese matiz importa. Pero el camino está marcado: el futuro que Sony quiere vender no cabe en una estantería, cabe en una cuenta, en una contraseña, en un servidor y en unas condiciones de uso que casi nadie lee porque están escritas precisamente para que casi nadie las lea.
La compañía lo presenta como adaptación al consumo. Reuters informó el 1 de julio de que Sony dejará de producir discos físicos para los nuevos lanzamientos de PlayStation desde enero de 2028, en un giro que llega después de que cerca del 80% de sus ventas completas de juegos en el año fiscal 2025 fueran digitales. La cifra parece aplastante. Lo digital ya domina. Pero una cosa es que millones de personas compren digital porque es cómodo, porque hay rebajas puntuales o porque las empresas empujan el mercado hacia ahí; otra muy distinta es convertir esa tendencia en una jaula.
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Porque la política no es una camiseta de fútbol. No se vota para quedar bien con el jefe, ni para parecer más “moderado”, ni para repetir lo que dice la tertulia de la mañana. Se vota sabiendo de qué lado cae cada medida cuando llega la factura.
Si trabajas para vivir, no votes a quienes gobiernan para que otros vivan de tu trabajo.