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Vox ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la suspensión del procedimiento de desahucio para personas económicamente vulnerables que no tengan alternativa habitacional.
De nuevo VOX ha vuelto a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, en este caso, contra la suspensión del procedimiento de desahucio para personas económicamente vulnerables que no tengan alternativa habitacional, según ha informado EuropaPress.
Desde el partido se considera que el texto vulnera «pilares fundamentales del Estado de Derecho» como la justicia o la propiedad privada y así lo han hecho contar, pidiendo que se declare inconstitucional el Real Decreto-Ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social.
En concreto, matiza EuropaPress, «se refieren a la redacción que confiere a los apartados 1 y 7 ‘c’ del artículo 1 bis de un decreto anterior, el relativo a las medidas urgentes complementarias que se aprobó el 31 de marzo de 2020 para hacer frente a la pandemia».
Fue el pasado 26 de octubre cuando el Consejo de Ministros aprobó la ampliación hasta el 28 de febrero de 2022 de las medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes sobre contratos de alquiler de vivienda y desahucios, el denominado escudo social.
Vox sostiene que «la entrada y permanencia delictiva en una vivienda no puede configurarse como causa legal que imposibilite el cumplimiento estricto de los mandatos que la sentencia contiene y, menos aún puede permitir dar por satisfecha la tutela judicial efectiva de quien instó el correspondiente proceso penal».
Vox y el uso político de la justicia
El poder judicial, en los países que dicen ser o quieren ser democráticos, se utiliza para asegurar que el incumplimiento de las leyes que emanan del resto de poderes del Estado se cumplan con igualdad y equidad entre toda la ciudadanía, independientemente de la situación personal o particular. Sin embargo, la extrema derecha ha intentado hacer un uso político de la justicia aprovechando las herramientas establecidas en la legislación, las administraciones públicas, los resquicios del sistema e ingentes recursos económicos y mediáticos.
De esta forma, el partido ultraderechista Vox en España, por ejemplo, acostumbra a poner querellas contra todo aquello que no le gusta. Evidentemente, cada querella supone, como mínimo, que parte del sistema jurídico del Estado debe trabajar para estudiarla y, en su caso, tramitarla. Por ello, sería deseable y esperable que ese trabajo no fuera en vano.
Sin embargo, haciendo un breve repaso a todas las actuaciones judiciales en las que la formación ha sido protagonista o parte, resulta fácil deducir que, como ya ocurrió con el sindicato Manos Limpias o con Abogados Cristianos, existe una potente motivación política detrás que, lo que busca, es conseguir rédito político de las causas, independientemente que después acaben en nada, ya sea por no poder aportar pruebas de culpabilidad o por, directamente, el archivo del caso.
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Xbox despide a 3.200 personas: el riesgo era de los jefes, la factura es de la plantilla
Xbox acaba de confirmar la mayor reestructuración de su historia. El 6 de julio, Asha Sharma comunicó a la plantilla que la división reducirá aproximadamente 3.200 puestos durante el año fiscal 2027, con 1.600 despidos inmediatos y cuatro estudios saliendo de Xbox hacia nueva gestión. Microsoft, en paralelo, recorta unos 4.800 empleos en total, alrededor del 2% de su plantilla global. No es una anécdota. Es una purga empresarial envuelta en lenguaje de consultora.
La frase oficial es casi una confesión: “nuestro negocio hoy no es saludable”. La dirección reconoce márgenes entre 3 y 10 veces inferiores a los de negocios comparables, una base instalada menor, costes más altos y una apuesta por Game Pass, el modelo multiplataforma y una cartera más amplia de contenidos que “no creció al ritmo esperado”. Dicho sin barniz corporativo: los jefes imaginaron una máquina de crecimiento infinito, compraron estudios, multiplicaron equipos, alargaron inversiones y ahora explican que se equivocaron. Pero quienes salen por la puerta no son quienes vendieron la fantasía. Son trabajadoras y trabajadores que hicieron exactamente lo que les dijeron.
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Sony ya ha puesto fecha al entierro del formato físico. En su propia web de PlayStation avisa de que, desde enero de 2028, los nuevos juegos lanzados para PlayStation se podrán comprar en PlayStation Store y en tiendas, pero solo en formato digital. Los discos de juegos publicados antes de esa fecha seguirán funcionando, sí. Ese matiz importa. Pero el camino está marcado: el futuro que Sony quiere vender no cabe en una estantería, cabe en una cuenta, en una contraseña, en un servidor y en unas condiciones de uso que casi nadie lee porque están escritas precisamente para que casi nadie las lea.
La compañía lo presenta como adaptación al consumo. Reuters informó el 1 de julio de que Sony dejará de producir discos físicos para los nuevos lanzamientos de PlayStation desde enero de 2028, en un giro que llega después de que cerca del 80% de sus ventas completas de juegos en el año fiscal 2025 fueran digitales. La cifra parece aplastante. Lo digital ya domina. Pero una cosa es que millones de personas compren digital porque es cómodo, porque hay rebajas puntuales o porque las empresas empujan el mercado hacia ahí; otra muy distinta es convertir esa tendencia en una jaula.
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Porque la política no es una camiseta de fútbol. No se vota para quedar bien con el jefe, ni para parecer más “moderado”, ni para repetir lo que dice la tertulia de la mañana. Se vota sabiendo de qué lado cae cada medida cuando llega la factura.
Si trabajas para vivir, no votes a quienes gobiernan para que otros vivan de tu trabajo.