La Fundación Toro de Lidia se lleva 35.000 € de los presupuestos y 3 millones de Ayuso 

«La tauromaquia está considerada legalmente como patrimonio cultural de todos los españoles» desde que el PP blindó ese concepto.

Pese a la polémica vivida recientemente por dejar fuera a la tauromaquia de los bonos culturales que ha propuesto el Gobierno, los Presupuestos Generales de 2022 mantienen la subvención a la Fundación toro de lidia.

La cuentas del Ministerio de Cultura destinan 35.000 euros a esta organización con el fin de que realice «la compilación del conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas que integran la Tauromaquia como patrimonio cultural y su difusión en el entorno digital», ha adelantado elDiario.es.

A estos fondos se le sumará, si se concede, el Premio nacional de tauromaquia, que está habitualmente dotado de 30.000 euros.

A esto, por supuesto, se suman las ayudas autonómicas, notablemente favorecidas en las comunidades gobernadas por el PP. Tal es así que Díaz Ayuso ha propuesto 3 millones de ayudas repartidos en dos líneas de actuación, una para las ganaderías que no recibieron ayudas en la convocatoria del año pasado y otra abierta de nuevo a todas las explotaciones de reses bravas existentes en la región.

El negocio legal

La tauromaquia está considerada legalmente como «patrimonio cultural de todos los españoles», desde 2013 cuando la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso blindó este concepto y asignó a la Administración General del Estado el deber de garantizar «la conservación y promoción de la Tauromaquia».

El 28 de julio de 2010, el Parlamento de Cataluña aprobó con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones abolir las corridas de toros en Cataluña a partir del 1 de enero de 2012. Posteriormente, el 20 de octubre de 2016, el Tribunal Constitucional español declaraba inconstitucional la prohibición taurina en Cataluña.

En abril de 2016 el Parlamento Balear aprobó una ley para prohibir a partir de junio de dicho año las corridas de toros.​ En noviembre de 2017 el consejo de ministros aprobó recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional,​ que declaró la ley anticonstitucional en diciembre de 2018, anulando la prohibición.