Llamar violadores a los migrantes acabará con Abascal ante el juez del Tribunal Supremo 

Abascal señaló que tras el caso de La Manada de los sanfermines de 2016 «ha habido más de 100 manadas y el 70% de quienes están imputados son extranjeros»

Vox ha ido esquivando algunas querellas interpuestas en su contra, pero cuando cada frase que pronuncias y cada discurso que das tiene como objetivo llenar un discurso intolerante y populista, alguna bala tiene que acabar impactando. Una de esas denuncias que esquivó fue la que el pasado mes de marzo inadmitió el Tribunal Supremo interpuesta por el PSOE por delito de calumnias contra su presidente, Santiago Abascal, por un tuit sobre la colocación de una granada en un centro menores extranjeros en Madrid.

El auto de archivo recoge que el PSOE interpuso la querella contra el líder de Vox porque el 5 de diciembre de 2019 publicó desde su cuenta personal de la red social Twiter el siguiente mensaje: *Sospechamos que las cloacas del PSOE, salpicadas por el GAL, han colocado la granada en el centro de Menas (menores extranjeros no acompañados), para incitar el odio contra Vox con las declaraciones de sus ministros. Ahora solo falta que Marlaska justifique otra vez la violencia contra la tercera fuerza política».

Según la querella, con ese mensaje se quería dar a entender que el grupo terrorista conocido como Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), seguía en activo, pese a que no lo está desde el año 1987, intentando «de manera torticera» vincular al PSOE con este ataque.

Ahora, el alto tribunal ha abierto la puerta a que el presidente de la formación de extrema derecha se siente próximamente en el banquillo de los acusados, después de que el presidente de la asociación de inmigrantes Watani de Reus denunciase a Santiago Abascal por delito de odio hace un año y medio y el alto tribunal haya devuelto ahora la denuncia a la jueza de Madrid que se la había remitido para que realice las averiguaciones necesarias y, si encuentra indicios de delito de odio, eleve una exposición razonada, tal y como ha adelantado infoLibre.

Abascal en el Supremo

En noviembre de 2019, en pleno debate electoral y tras el caso de «La Manada» de los sanfermines de 2016, Abascal afirmó que «ha habido más de 100 manadas y el 70% de quienes están imputados son extranjeros» y, aunque se demostró que ese argumento era falso, Abascal siguió insistiendo en él meses más tarde, como durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020 cuando habló de una “plaga de violaciones en manada cometidas los primeros días del año fundamentalmente por extranjeros”.

La titular del juzgado de instrucción 44 de Madrid, Rosa María Freire, que saltó a la fama en 2017 tras sentar en el banquillo al PP y tres de sus dirigentes por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas, es quien mantiene abiertas diligencias sobre esta denuncia y ya ha ofrecido a los denunciantes que se personen como acusación particular. Además, les ha requerido la «grabación del programa de TVE1 en el que Santiago Abascal profirió las manifestaciones y expresiones a las que se refiere su denuncia, o bien aporten los datos que permitan solicitar a TVE1 dicha grabación».

La denuncia, presentada el 6 de noviembre de 2019 y dirigida también contra Iván Espinosa de los Monteros por decir que «un extranjero es tres veces más propenso a violar que un español», viajó desde un juzgado de Reus hasta otro de Alcobendas. La jueza de Alcobendas, Rosa María Gascón, se hizo con el caso en febrero de 2020 y nueve meses más tarde y sin contactar con los denunciantes, consideró que debía remitir a los juzgados de la capital la parte que afectaba a Abascal dado que allí se localiza la sede social de TVE y archivó la parte que concernía a Espinosa de los Monteros al considerar que aunque pudiera resultar «odiosa, ser errónea y absolutamente desafortunada», la frase que este había pronunciado en el programa Espejo Público no constituía delito y que, además, se enmarcaba en un «contexto» determinado: campaña electoral.

Rosa María Gascón sostuvo que, aunque busca un «efecto sensacionalista» para captar voto «del electorado más radical», con la frase de Espinosa «no se fomenta, promueve o incita a la discriminación, el odio o la violencia».

Sin embargo, en el primer párrafo del artículo 510 del Código Penal se considera culpables de un delito de odio a quienes «públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo». Y que ese odio se fomente contra un grupo o una persona «por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias».