El Gobierno ha diseñado una estructura tarifaria que traslada al consumidor la responsabilidad de cambiar sus hábitos
Hoy entra en vigor la tarifa que extiende los tramos horarios a todos los consumidores. Las estimaciones de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) apuntan a la posibilidad de alcanzar ahorros superiores a los 110 euros anuales en algunos casos, aunque en otros se producirán encarecimientos.
Poner la lavadora, planchar o usar la vitrocerámica puede resultar más caro para los once millones de consumidores (hogares y pequeños negocios) que se mantienen en el mercado regulado se estrena con un alza de precios de hasta más del 50 % en las horas puntas (las que van entre las 10.00 y las 14.00 y entre las 18.00 y las 22.00).
En concreto, entre las nueve y las diez de la noche será cuando salga más caro darle al interruptor, con un coste de 0,2481 euros por cada kilovatio hora consumido, lo que para un cliente que hasta ahora estuviese acogido a la tarifa por defecto (2.0A) supondrá un sobrecoste del 52 % respecto a lo abonado a la misma hora de ayer (0,1628). En el caso de aquellos que tuviesen contratada discriminación horaria de dos períodos (2.0 DHA), el encarecimiento de la luz en la hora punta será del 36 % (0,1819).
El Gobierno ha diseñado de esta forma una estructura tarifaria que traslada al consumidor no sólo la responsabilidad de cambiar sus hábitos, sino la de tener instalaciones y electrodomésticos eficientes, cuando no todas las familias se lo pueden permitir.
“Es denigrante”
Desde organizaciones como Facua consideran que “pedir a los usuarios que desplacen el consumo eléctrico a la madrugada es denigrante”. Su secretario general, Rubén Sánchez, ha publicado un duro Tuit en el que señala que “se están riendo de nosotros en nuestra cara”.
FACUA critica que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) esté promoviendo fórmulas de supuesto ahorro como planchar la mitad de las veces en el horario menos caro. Señala la asociación “que no se puede hacer responsable al consumidor de que su factura de la luz es cara porque no ha planchado o puesto las lavadoras, lavajillas y secadoras en los horarios más económicos, que precisamente coinciden con los momentos que deberían dedicarse al descanso”.
El Gobierno ha incluido en los horarios más caros periodos del día en que la gran mayoría de las familias están en casa y tienen que hacer uso de la climatización, critica Facua. Además, la media penaliza especialmente a los ciudadanos que teletrabajan, al incluirse en el periodo punta (el más caro) el tramo de 10.00 a 14.00 horas de los días laborables.
Promocionar el teletrabajo y hacerlo más caro
Una de las críticas más destacadas en su difusión a la nueva tarifa del Gobierno ha sido la del economista Yago Álvarez Barba, quien ha señalado que “el gobierno va a promocionar el teletrabajo haciendo que las horas de teletrabajo en casa te salgan más caras…”.
El Consejo de Ministros aprobaba el septiembre pasado el Real Decreto-ley que regulará el trabajo a distancia, que queda definido como aquel que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, durante un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.
Yolanda Díaz ha afirmado que esta normativa supondrá un cambio de paradigma en las relaciones laborales en nuestro país y en la metodología productiva: “Es un auténtico proceso de modernización y nos coloca en la vanguardia de las legislaciones europeas”.
La ministra ha afirmado que los derechos laborales serán los mismos en las modalidades presencial y a distancia -formación, promoción, prevención de riesgos laborales y del acoso laboral o sexual, entre otros- y que el mecanismo de representación colectiva se adaptará a la nueva realidad digital. Sin embargo, la ministra no tuvo en cuenta las subidas de la luz que su Gobierno podría regular.
Una empresa energética pública
Varios han sido los que han dado una alternativa a estos abusos al Gobierno: una empresa energética pública. La brutal subida ha devuelto al primer plano de la actualidad el debate sobre si la electricidad debe o no ser considerada un bien básico de primera necesidad cuyo acceso debe ser garantizado como servicio público (y por tanto de alguna manera protegido de los especuladores).
Sin embargo, un gobierno del PSOE no nos trae buenas esperanzas para este cambio. Los primeros pasos en la privatización de las eléctricas los dieron los socialistas de la mano de Felipe González hace ya un cuarto de siglo al abrir la privatización de Endesa, que era una empresa completamente pública hasta que el PSOE comenzó a privatizarla.
Creada en 1944 por el Instituto Nacional de Industria (INI), Endesa (Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima) fueuna empresa pública española durante varias décadas. En 1994, cincuenta años después de su fundación, ya no era exclusivamente pública, pero el Estado español controlaba el 66,89% del capital. Eso sí, en octubre del 97, el Estado ya solo controla el 41%, y en junio del 98 ya solo el 2,95%.
En medio de esa privatización-relámpago, la victoria en las urnas (1996) de Aznar, Rato y compañía, y la mano de Rodolfo Martín Villa, que llegaría a principios de 1997 a la entonces mayoritariamente pública Endesa para abandonarla ya privatizada en 2002.
“La factura de la luz no se rebaja condenando a los ciudadanos a planchar a las 4 de la mañana; se rebaja creando una empresa pública de energía que no tenga ánimo de lucro y reduciendo su abusivo IVA (21%). La electricidad es un servicio básico que debe ser accesible para todos”, pidió el tuitero Jules.
La nueva moda
Es llamativo que esto de subir los precios se de también en otro sector en el que se pide regulación y gestión pública. Casi todas las entidades financieras españolas cobrarán el próximo mes comisiones por el mantenimiento de las cuentas corrientes a los clientes menos vinculados.
Los bancos suelen aplicar la subida de comisiones en los meses de junio y diciembre, ya que se juntan los que cobran sus comisiones mensual, trimestral y semestralmente. Y eso que durante el primer trimestre del año, los cinco principales bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) ingresaron 2.134 millones de euros en comisiones netas, un 1,1% menos que en marzo de 2020, según datos recopilados por la consultora Neovantas.
Un ejemplo es el Banco Santander, que aplica una comisión de 20 euros al mes desde principios de este año a los clientes que no cumplen ningún requisito del nuevo programa Santander One. En total, estos clientes pagan hasta 240 euros al año, el banco más caro junto con CaixaBank, cuyo precio de su comisión semestral es de 60 euros.
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