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Una antigua administradora de Vox en Valencia denunció la existencia de una «caja b» del partido que se iba nutriendo «de las aportaciones que entregan en unos sobres».
La Fiscalía Anticorrupción abrió en julio del año pasado una investigación tras la denuncia de varios militantes sobre las finanzas de Vox en Valencia. Los inscritos acudieron al organismo fiscal acusando al partido de ultraderecha de tener una caja B para financiarse ilegalmente.
Los querellantes apuntan al secretario general, Javier Ortega Smith, de quien decían que estaba al tanto de todo y no hizo nada. Valencia Plaza, que se hizo eco de la noticia, informó de que el pasado enero varios militantes comunicaron a José Hidalgo, director nacional de seguridad, las presuntas irregularidades. Ante la inacción del partido, en junio optaron por denunciar ante el Comité de Derechos y Garantías de Vox.
En los escritos presentados se explica cómo el número uno de Vox en la Comunidad Valenciana, José María Llanos, indicó a los afiliados al corriente de pago que “era necesario entregar unas cantidades que posteriormente ingresaríamos en la cuenta del partido con el concepto de donación», según Valencia Plaza. Los militares denunciantes se percataron de que habían realizado donaciones a razón de 4.000 euros con sus datos personales sin tener conocimiento de ello. La autora de la denuncia de Valencia aseguraba que la supuesta «caja b» se iba nutriendo «de las aportaciones que entregan los responsables de Valencia en unos sobres».
Fiscalía Anticorrupción Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana remitió el caso al Tribunal de Cuentas para que investigase si los hechos podrían haber sido constitutivos de delito.
Casi un año después
Sin embargo y por extraño que resulte, parece que la supuesta financiación irregular de un medio por parte de un partido no despertó el suficiente interés del Tribunal de Cuentas, ya que lo mantiene guardado en un cajón desde hace 11 meses. Apenas 13 días después de recibirlo, la fiscal encargada de las diligencias concluyó que no había indicios de delito.
La fiscal propuso cerrar la investigación y así se hizo. Sin embargo, la Fiscalía valenciana se curó en salud con un decreto donde el jefe del ministerio público impartía la siguiente orden: «De conformidad con la propuesta de archivo remítase copia de la Propuesta de Archivo y del presente decreto así como copia de la denuncia al Tribunal de Cuentas para que analice los hechos descritos en la misma, por si fueran constitutivos de alguna de las infracciones administrativas contempladas en el art. 17 de la L.O. 8/2007».
El máximo organismo fiscalizador del país argumenta, ante una pregunta de Infolibre, que la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas «señala que la iniciativa para pedir el inicio de actuaciones fiscalizadoras» corresponde al propio tribunal y que solo se investiga algo por iniciativa propia o por solicitud de las Cortes o Parlamentos autonómicos.
El tribunal señala al medio que: «Debe tenerse en cuenta que nosotros no podemos actuar si no es en el marco de nuestras competencias, dentro de las que no entra, en ningún caso, resolver sobre responsabilidades penales, que son responsabilidad de los tribunales penales». Sin embargo lo que pedía la Fiscalía era justamente la averiguación de potenciales infracciones de índole administrativa, no penal.
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