Con la salida de Fernando Abril-Martorell de Indra por decisión del Gobierno se vuelve a abrir el debate de las puertas giratorias.
Fernando Abril-Martorell no renovará en Indra, donde el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es el primer accionista de la empresa tecnológica con un 18,71% del capital.
Por ello se ha informado de la relevancia gubernamental en la empresa, hasta el punto que ElEconomista explica que “en los próximos días se desvelará si el Ejecutivo de Pedro Sánchez opta por volver a hacer uso de las denominadas ‘puertas giratorias’ y sitúa a un político al frente de la compañía, integrada en el Ibex 35 y en cuyo consejo de administración ya ha colocado a dos exdirigentes socialistas, el exministro de Industria, Miguel Sebastián, y el exdiputado Antonio Cuevas”.
En relación el medio recuerda que “en la actualidad cerca de una veintena de miembros del PSOE y PP forman parte de los órganos de gobierno de compañías cotizadas como Enagás, Red Eléctrica de España, Indra, Aena o Ebro Foods y de grupos controlados por capital estatal como Hispasat, Renfe, Paradores, Correos, Puertos, Navantia, Enusa, Sepides, Cetarsa o Enresa, SAES o Sainsel. A ellos se suman alrededor de un centenar de actuales altos cargos del Gobierno y varias decenas más de asesores de ministros y secretarios de Estado, jefes de gabinete, directores, subdirectores o interventores”.
Al menos una treintena de exaltos cargos o políticos, incluidos seis exministros del PSOE y el PP, se encuentran actualmente en los consejos de administración de empresas participadas por el Estado y entre todos se embolsaron por ello el año pasado alrededor de 8,5 millones de euros, según la información proporcionada por las compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Consejo de Transparencia y recopilada por Vozpópuli.
La SEPI, que participa directa o indirectamente en más de 100 empresas, ocupa además en los consejos de aquellas que controla a varias decenas de altos cargos del Gobierno, asesores de ministros y secretarios de Estado, jefes de gabinete, directores, subdirectores o interventores.
Considerando todas las empresas públicas, los expolíticos y exaltos cargos con silla en sus consejos superan la veintena, con nombres como los de Maurici Lucena y Josep Antoni Duran i Lleida (Aena), Francisco Toledo (Puertos), Isaías Táboas (Renfe), Óscar López (Paradores), Jesús Huerta (Loterías) o José Vicente Berlanga (Enusa).
Esta situación a puesto en primera línea el alzamiento de distintas voces críticas sobre la situación. El Español resume en dos las dos vías principales de discrepancia: “la primera es la entrada de políticos y expolíticos a la gestión de empresas públicas, algo que nunca ha sido bien visto por los inversores, que consideran que los directivos de las compañías, muchas de ellas cotizadas, deben responder a un perfil técnico”. “La segunda tiene que ver con los procesos de selección de estos ejecutivos. Bancos de inversión, como han indicado en algunos informes que han circulado recientemente por los despachos de analistas e inversores, critican que muchos de estos nombramientos no se hayan hecho acorde con las buenas prácticas de gobierno corporativo”.
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