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En declaraciones a los medios este lunes antes de asistir a la toma de posesión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, Díaz ha asegurado que “la alimentación, la cesta de la compra es problema para el país”.
Algo que la ministra de Trabajo ha anunciado que tiene previsto poner en el foco y para ello prevé reunirse, junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, con las asociaciones de consumidores y con las distribuidoras.
En este acuerdo planteado habría que fijar una cesta de la compra básica, algo que sería “absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia”.
“Si ahora el momento no es excepcional, cuándo lo va a ser”, dijo. Con el pacto que propone, se garantizaría a los ciudadanos el acceso a estos productos a un precio más bajo, no sólo “porque pierden poder adquisitivo, sino porque tienen dificultades para mantener una alimentación sana”.
“La alimentación está siendo un enorme problema para el país, para la ciudadanía y para los pequeños y medianos productores”, sentenciaba.
Por su parte, Garamendi, líder de la CEOE ha rechazado de forma tajante la propuesta de Díaz. El líder de la patronal, Antonio Garamendi, rechaza de plano la propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de topar el precio de una lista de «20 o 30» productos básicos, como la leche el pan o los huevos.
«¿Por qué en vez de 20 o 30 no lo hacemos con 200? Lo digo porque cada día oigo algo nuevo», ironiza el presidente de la CEOE, para quien esta idea «recuerda a programación soviética». A su juicio, «si queremos regular absolutamente todo acabamos teniendo una economía intervenida, un Estado intervenido» y «una falta de libertad».
«Lo que a corto plazo puede parecer una medida buena se convierte al final en un problema para todos porque conseguiríamos que la economía fuera, en vez de para adelante, para atrás», advierte Garamendi.
La propuesta de Díaz también ha recibido ataques desde el PSOE. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha insistido esta misma mañana en que la propuesta de Díaz es de «dudosa legalidad».
La ministra, sin embargo, ha respondido destacando que las medidas son legales, que en Francia se ha llevado a cabo algo similar y que se trata de un acuerdo entre las partes.
Para ello, ha seguido Díaz, se implantarán todas las medidas posibles. «Estamos estudiando medidas que son legales, como en Francia, las estamos valorando. Estamos hablando de un acuerdo, el Gobierno las está estudiando», ha señalado.
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