Dos demandas ya han sido presentadas ante tribunales federales para impedir que el gobierno continúe con esta práctica.
La decisión de Donald Trump de retomar las deportaciones masivas a Guantánamo marca un nuevo capítulo en la política migratoria de Estados Unidos, pero también un preocupante giro hacia prácticas represivas y potencialmente ilegales. El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no es solo un acto de desesperación política, sino una amenaza directa a los derechos humanos y al debido proceso. Este marco legal, que ha sido utilizado en contadas ocasiones —y siempre en tiempos de guerra—, podría servir para justificar la detención indefinida de miles de inmigrantes, muchos de ellos sin antecedentes penales o conexiones con actividades delictivas.
UNA LEY OBSOLETA PARA JUSTIFICAR LA REPRESIÓN
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 fue creada en un contexto histórico muy diferente, cuando Estados Unidos temía una invasión de Francia. Solo se ha invocado tres veces en la historia, incluyendo su infame uso durante la Segunda Guerra Mundial para justificar la detención y el internamiento de ciudadanos estadounidenses de origen japonés. Ahora, Trump pretende utilizarla para deportar masivamente a inmigrantes irregulares, incluidos aquellos que ya se encuentran bajo custodia del ICE en territorio estadounidense.
Trump ha puesto el foco en la pandilla venezolana Tren de Aragua, recientemente declarada por su administración como una organización terrorista extranjera. La intención es clara: presentar la inmigración como una amenaza a la seguridad nacional para justificar medidas excepcionales. Pero las cifras y los hechos no respaldan esta narrativa. De los 290 inmigrantes que fueron enviados a Guantánamo desde enero, solo 23 fueron calificados de “alto riesgo” y, hasta el momento, no hay pruebas concluyentes de que tengan vínculos con el crimen organizado o el terrorismo.
El Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya habían dado marcha atrás parcialmente en este plan. A finales de febrero, Estados Unidos deportó a 177 venezolanos desde Guantánamo a su país de origen, y esta semana los 40 inmigrantes que aún permanecían en la base fueron trasladados a un centro del ICE en Luisiana. Sin embargo, la Administración republicana insiste en que Guantánamo es un lugar “ideal” para retener a inmigrantes considerados peligrosos. Pero hasta ahora, la mayor parte de las personas detenidas no tienen antecedentes delictivos y no hay pruebas de que pertenezcan a ninguna organización terrorista.
El coste de esta operación también es escandaloso. Desde enero, el gobierno de Trump ha gastado 16 millones de dólares para trasladar y mantener a estos inmigrantes en Guantánamo. El despliegue de soldados adicionales —aproximadamente 6.000 efectivos— y la construcción de 195 tiendas de campaña con capacidad para 500 personas han sumado gastos innecesarios para una operación que, en la práctica, ha sido un fracaso. Las condiciones en el campamento son pésimas: calor insoportable, sin aire acondicionado y con infraestructuras improvisadas que difícilmente cumplen los estándares mínimos de habitabilidad.
LA POLÍTICA DEL MIEDO Y EL SIMBOLISMO DE GUANTÁNAMO
Guantánamo no es un centro de detención cualquiera. El nombre de esta base militar en Cuba está asociado con algunos de los peores abusos de derechos humanos cometidos por Estados Unidos en lo que va de siglo. Las imágenes de detenidos en monos naranjas, torturas mediante ahogamientos simulados y detenciones indefinidas sin juicio todavía pesan en la conciencia colectiva. Utilizar este símbolo para detener a inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos y caribeños, es una decisión calculada para crear una narrativa de criminalización y amenaza.
Trump anunció en enero su intención de retener hasta 30.000 inmigrantes en Guantánamo como parte de la que ha denominado “la mayor operación de deportación de la historia”. La congresista demócrata Sara Jacobs fue tajante tras visitar la base el mes pasado: “Está claro que esta idea solo sirve para crear una impresión política, sin ningún valor operativo real”. Jacobs y otros legisladores que han visitado Guantánamo describen el campamento como un espacio precario e inhóspito, diseñado más para enviar un mensaje político que para ofrecer una solución real a la crisis migratoria.
Pero las implicaciones legales también son preocupantes. Dos demandas ya han sido presentadas ante tribunales federales para impedir que el gobierno continúe con esta práctica. Una de ellas, presentada el 12 de febrero, denuncia la falta de acceso a asesoría legal para los inmigrantes detenidos. La otra, presentada el 1 de marzo, busca impedir que 10 inmigrantes en territorio estadounidense sean enviados a Guantánamo. La legislación estadounidense no permite que el gobierno retenga a personas fuera de territorio estadounidense sin el debido proceso, y Guantánamo, aunque es una instalación militar bajo control estadounidense, se encuentra en suelo cubano.
Mientras tanto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sigue defendiendo el plan y asegurando que Guantánamo servirá para retener a “lo peor de lo peor” entre los inmigrantes. Sin embargo, hasta ahora, el gobierno de Trump no ha presentado pruebas concretas de que los inmigrantes detenidos estén involucrados en actividades criminales o terroristas.
La estrategia de Trump sigue la misma lógica que su discurso político: el miedo como herramienta para movilizar a su base y justificar decisiones autoritarias. En plena campaña para las elecciones de 2025, el presidente busca consolidar el apoyo de los sectores más reaccionarios de la sociedad estadounidense presentando la inmigración como una amenaza existencial. Pero enviar inmigrantes a Guantánamo no solo es una medida extrema e inhumana, sino también una violación de los principios fundamentales del derecho internacional y de los derechos humanos.
El gobierno estadounidense ya ha fracasado en Guantánamo una vez. Ahora, Trump está decidido a repetir la historia, pero esta vez con inmigrantes en lugar de sospechosos de terrorismo.
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