Trump amenaza con aplicar la ley de Insurrección en Los Ángeles: cuando el fascismo viste de legalidad 

El presidente deja abierta la aplicación de la ley para militarizar las calles en su totalidad y reprimir las protestas por las redadas migratorias. Un viejo truco: convertir a quienes defienden derechos en enemigos internos.

DE LA LEY DE 1807 A LAS CALLES DE 2025

Donald Trump no gobierna. Donald Trump conquista su propio país. Su última amenaza en Los Ángeles confirma que su proyecto no es de orden sino de sometimiento. Frente a las protestas ciudadanas contra las redadas migratorias, el presidente republicano ha deslizado que podría aplicar la ley de Insurrección, un instrumento de 1807 que permite desplegar al Ejército para reprimir a la población civil. El Ejército contra su propia gente. Otra vez.

No lo ha hecho aún. De momento ha recurrido al Título 10 del Código Federal para enviar ya miles de militares de la Guardia Nacional a las calles de la ciudad californiana, alegando una amenaza a la soberanía nacional. Todo por unas protestas que las propias autoridades locales califican de «mayoritariamente pacíficas». Trump, en cambio, habla de «una invasión extranjera» y de «alborotadores que portan banderas extranjeras». La paranoia supremacista y xenófoba, elevada a doctrina de Estado.

Los manifestantes ya no son ciudadanos. Son enemigos. Y en este marco, Trump deja caer la gran baza de la extrema derecha: aplicar la ley de Insurrección, invocada solo en los episodios más oscuros de la historia de EE.UU., como los disturbios raciales de Los Ángeles en 1992 o la represión del movimiento por los derechos civiles en los 60. Si se cruza ese umbral, el Ejército tendría vía libre para «retener con fuerza» a quienes protesten. Así lo ha advertido Trump ante el desfile militar de este sábado en Washington: «Cualquier manifestante será retenido con fuerza.» El mensaje no es ambiguo. Es una declaración de guerra interna.

GUERRA DE NARRATIVOS, NEGOCIO DE LA REPRESIÓN

La maniobra es doble. De un lado, consolidar un relato. Según Trump, quienes protestan contra las redadas migratorias no son personas que defienden derechos humanos sino «invasores» y «terroristas urbanos». Un chivo expiatorio perfecto para movilizar al electorado más radicalizado, en un contexto de campaña electoral permanente. De otro lado, alimentar el negocio de la represión. Cada despliegue militar tiene un coste multimillonario: los 2.000 efectivos adicionales ordenados por Trump costarán a los contribuyentes 134 millones de dólares, según recoge CNN. Pero aquí no se trata de eficiencia ni de proporcionalidad. Se trata de espectáculo autoritario.

El Estado de California ha presentado ya una demanda contra la Casa Blanca por abuso de poder y violación de la Décima Enmienda. Lo que defiende Trump, sin embargo, es una visión de país donde el federalismo se somete al capricho presidencial y la protesta social se criminaliza como insurrección.

La narrativa es tan vieja como peligrosa: cuando queman banderas estadounidenses —un gesto simbólico de rechazo a la política imperialista— Trump propone prisión. Cuando se defiende a las personas migrantes, Trump responde con tropas. Y cuando las calles se llenan de indignación, él promete blindarlas con tanques. Todo ello en nombre de la libertad.

Ni la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ni el gobernador Gavin Newsom ven justificado el despliegue. Bass ha recalcado que las protestas no son una amenaza violenta generalizada, y que enviar tropas solo sirve para escalar el conflicto. Mientras tanto, Trump habla desde su púlpito en Fort Bragg —la mayor base militar de EE.UU.— como un autócrata en campaña permanente. Y advierte: «No permitiremos que una ciudad estadounidense sea invadida y conquistada por un enemigo extranjero.»

El giro orwelliano es total. Quienes protestan contra la persecución de migrantes son convertidos en invasores. El Ejército es presentado como defensor de la «paz». Y el presidente, como garante de una soberanía que nadie había puesto en cuestión hasta que su propia política la convirtió en excusa para el militarismo.

El fascismo moderno no llega con botas altas. Llega envuelto en códigos legales y discursos patrioteros. La ley de Insurrección no es un fósil legislativo; es la coartada de quienes quieren borrar el derecho a protestar bajo el pretexto del orden. La pregunta ya no es si Trump la aplicará, sino hasta dónde está dispuesto a arrastrar al país para blindar su proyecto autoritario. Hoy es Los Ángeles. Mañana, quién sabe. Porque cuando el enemigo es el pueblo, la represión nunca tiene suficiente.